Santa Fe: allanan la municipalidad, en manos de un hombre de Cambiemos

Por Daniel Dussex

Algunos medios locales, por temor a perder el beneficio de las pautas publicitarias, fueron muy cuidadosos y mencionaron las palabras “requerimiento” o “diligencia investigativa”. Sin embargo, la noticia es que la Municipalidad de Santa Fe fue allanada por la Policía de Investigaciones en el marco de la causa abierta a partir de la denuncia que hizo el concejal Juan Carlos Cesoni, por el desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, en beneficio de la campaña electoral de Cambiemos que compromete al Intendente de Santa Fe, José Manuel Corral, quien además es Presidente de la UCR a nivel nacional y uno de los principales aliados de Mauricio Macri.

La conferencia de prensa rápidamente armada por la Secretaria de Comunicación de la Municipalidad, mientras se realizaba el procedimiento de la PDI, trató de minimizar el grave hecho señalando que “no es ninguna sorpresa para el municipio. Nosotros estamos a disposición de la Justicia y a disposición de las investigaciones que se realicen, no tenemos ningún inconveniente”. También que se trataba de la denuncia de un “concejal kirchnerista”, como si esto fuera una calificación peyorativa, y dejando traslucir un fin político en esta denuncia. Un argumento en línea con lo que ya había dicho José Corral, cuando mencionó que estas denuncias son “circo de campaña”.

La realidad es muy distinta: el procedimiento se dio por orden del fiscal Roberto Apullán del Ministerio Público de la Acusación, a raíz de irregularidades que se venían dando en relación al Programa Iniciativas Comunitarias y que se puso al descubierto periodísticamente a través de los informes “Las cajas negras de Corral” que hizo el periodista Maximiliano Ahumada, y  luego a través de la reveladora investigación de documentos en el sitio “#CorralPapers” realizada por el Consorcio de Periodistas santafesinos, de las más diversas líneas de pensamiento. El programa ADN que se emite por C5N le dedicó parte de sus informes especiales.

El procedimiento se llevó a cabo para que la Justicia corrobore el financiamiento de punteros y estructuras políticas territoriales, mediante cooperativas de trabajo armadas ad hoc, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Santa Fe que compromete no sólo al Intendente, también a sus secretarios de Desarrollo Social, Carlos Medrano y de Gobierno, María Martín, quienes habrían incumplido con sus deberes de funcionarios.

No se trata de un hecho aislado ya que desde la semana pasada el fiscal de Estado adjunto de la provincia Gustavo Luzzini investiga a una treintena de asociaciones civiles que serían beneficiadas por este desvío de fondos, solicitándose incluso informes a la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia (IGPJ), María Silvia Gómez Bausela, por el origen de estas cuestionadas cooperativas.

Con el patrocinio del abogado Alejandro Otte, el Concejal Cesoni pidió que se investigue si se produjo un incumplimiento por parte del municipio al no brindar información periódica al Concejo Municipal sobre el manejo del programa y si existieron incompatibilidades por parte de los responsables de las ONG que recibieron fondos durante los últimos tiempos. Es por tal motivo que en el allanamiento al Palacio Municipal de Santa Fe se secuestró documentación impresa y también digital.

Lo que la investigación “Corral Papers” dejó al descubierto sobre las maniobras ejecutadas por el municipio, con fondos públicos, para financiar una red de militantes no son unas pocas monedas. El informe señala que en los primeros ocho meses de 2017, el programa Iniciativas Comunitarias ejecutó más de 72 millones de pesos y desde su creación, se repartieron más de 260 millones. 

Algo más que “un chori y una coca”, como muchas veces le gusta decir a estos implicados cuando hablan de la militancia nacional y popular.