Se extienden las denuncias de fraude en el financiamiento electoral de Cambiemos
Por Diego Kenis
La denuncia por casos de integrantes de cooperativas y beneficiarios de planes sociales que, sin serlo, figuraban como aportantes a la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en 2017 sigue generando repercusiones y nuevos datos.
Aquellas denuncias, surgidas a la luz pública por una investigación periodística de Juan Amorín en El Destape, originaron una revisión de la financiación no sólo de esa ronda electoral sino del turno previo, en 2015, cuando Mauricio Macri resultó presidente de la Nación y María Eugenia Vidal gobernadora provincial.
Así, se reflotó el caso denunciado por el radical Jorge Más, excandidato a intendente de Pehuajó, que figuraba en los registros electorales nacionales como contribuyente de 50 mil pesos que en verdad nunca aportó. Más realizó por entonces una denuncia judicial que hasta el momento no prosperó y por la que nunca fue llamado a declarar.
El repaso por el registro completo indica un patrón común a todos los distritos bonaerenses detectados, con montos iguales consignados como aportes de postulantes a la jefatura de comunas, escaños en sus Concejos Deliberantes o cargos en los Consejos Escolares: 50 mil en el primer caso, 38 mil en el segundo y 13 mil en el tercero. Una regla con pocas excepciones, que constató el diario digital platense Diagonales.
La información impactó en el corazón de cada Municipio, donde la elemental confianza interna quedó lesionada a medida que los antiguos candidatos comenzaron a buscar sus nombres en los listados. El resultado se repetía, invariable: aparecían.
Fue lo que ocurrió con el concejal Juan Pablo Lozano, de Carmen de Patagones, en el extremo sur de la provincia. Lozano, joven abogado radical electo como edil en 2015, radicó esta semana una denuncia penal (foto) tras descubrir que figuraba con un aporte de 38 mil pesos, que jamás efectuó. Lo hizo en su condición de funcionario público, obligado por la legislación que regula el ejercicio de esa representación.
Resta saber cuál será la actitud de los concejales con que comparte el recinto legislativo maragato. Dos de ellos, Mario Guanca y Gerardo Bari, ya reconocieron que tampoco contribuyeron con la suma que el registro electoral les asigna. Los tres fueron electos por la alianza Cambiemos pero integran espacios distintos: el de Lozano es un bloque unipersonal bajo el nombre de la UCR, mientras que Guanca continúa en Cambiemos por el radicalismo. Bari, de origen peronista, dejó esa bancada para conformar la vecinalista “Unión por Patagones”.
Un cuadro similar se repite en el resto de los municipios bonaerenses. En Monte Hermoso, distrito balneario vecino a Bahía a Blanca, el concejal oficialista Julio Coñoen también negó haber aportado la misma suma. Lo propio hizo en Avellaneda el edil local Daniel García. “También aparece como aportante una prima mía, María Marta Alba, que tampoco puso plata. Conozco muchas personas que me dicen que aparecen en los listados y nunca aportaron”, dijo García a AGENCIA PACO URONDO.
En Saavedra, en el corazón serrano del sudoeste bonaerense, se da la misma situación. El martes 10, la radio FM Master 97.3 informó que los candidatos locales de 2015 figuraban en los registros y en privado reconocían no haber aportado a la campaña, pero que no harían denuncias ni emitirían comunicados ni declaraciones públicas.
Ciento treinta kilómetros al sur, en Bahía Blanca, el juego de buscarse en los listados de 2015 y 2017 arroja muchos resultados positivos. Los hallazgos van desde profesionales que nunca podrían haber financiado la campaña de un espacio del que son opositores hasta empresarios como Fabián Balut, dueño de una importante concesionaria de automóviles, cuyo nombre figura entre los aportantes de la ronda electoral de 2017. “Nunca aporté diez mil pesos”, dijo Balut en la emisión radial Frente a Cano, donde aseguró que votó a Cambiemos en 2015 pero “en 2017 no repetí el voto, y menos aporté para una campaña electoral”.
El oficialismo mantiene un silencio blindado sobre el tema. De momento, sólo se conocen las declaraciones que el exintendente de Laprida Alfredo Irigoin formuló al programa radial Té para Tres de esa localidad bonaerense, hace una semana.
Hombre de larga trayectoria política, Irigoin fue el responsable económico de la campaña electoral de 2017 de Cambiemos por la UCR, junto a Carla Chabán, del PRO.
“Creo que hay una intencionalidad política y creo que hay pescado podrido”, lanzó Irigoin, aunque números y listados son oficiales y obran en poder de la Cámara Nacional Electoral. Para explicarlo, aventuró una disparatada hipótesis: “se le puede pagar a esa gente para que vaya y aporte y después haga la denuncia, acá puede haber cualquier cosa rara”.
No parece ser lo que ha ocurrido, en 2015 y 2017, con cooperativistas, personas beneficiarias de planes sociales, empresarios, profesionales, agroganaderos y hasta funcionarios y excandidatos de la propia alianza de gobierno.