Se presentó en la Cámara de Diputados la “Ley contra la Reincidencia”

Con una movilización y feria de emprendimientos de organizaciones fuera del Congreso, la diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Zaracho, acompañada por el diputado Eduardo Toniolli, presentaron un proyecto de ley que apunta a disminuir la reincidencia carcelaria de quienes salen en libertad a partir de su inclusión en polos productivos de la economía popular.

Con el lema “más trabajo es más seguridad”, la ley propone la creación de un Programa Nacional de reducción de la reincidencia mediante la inclusión socio laboral, cuyo objetivo es “garantizar los derechos al trabajo, la educación y la salud de las personas que hayan estado privadas de la libertad en lugares de detención” y “contribuir a la prevención de la reincidencia”. 

“¿Por qué venimos a plantear una discusión que nadie quiere hablar? Que nadie se anima, que tiene un costo político”, dijo Natalia Zaracho. “Tenemos que empezar a pensar que la mano dura, replicar las cárceles, ya está demostrado que no funciona. Nosotros tenemos una propuesta que ya viene funcionando y tenemos que fortalecer esas experiencias que ya existen”.

El programa propone, por un lado, el acceso al trabajo de los liberados mediante la creación de “Polos Productivos de Inclusión”: espacios de trabajo para personas con antecedentes penales organizados en función de una actividad productiva de la economía popular. Por otro lado, educación técnica y profesional dentro de las cárceles, para promover el acompañamiento en el último período antes de recuperar la libertad.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto de organizaciones de liberados, liberadas, familiares y detenidos, entre las cuales se encuentran las Ramas de Liberados y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Evita, La Dignidad, FUNCAT y la Mutual de Liberados, Liberadas y Familiares “Mario Cafiero”. El proyecto también cuenta con el apoyo de universidades, académicos, jueces, instituciones y organizaciones que trabajan en las temáticas carcelarias y poscarcelarias. 

“Cuando recibí la libertad tenía miedo, no sabía qué hacer. Y el estigma me seguía por donde andaba. Es muy difícil recuperar la libertad después de haber pasado muchos años en detención, y la casa ya no es la misma, los hijos no son los mismos, la familia no es la misma. Todo ese proceso se hace en la sociedad porque no hay una política pública específica para acompañar la situación. La libertad sin herramientas es peligrosa”, dice Nora Calandra, referenta de la Rama de Liberados/as y Familiares del MTE. “Un proyecto colectivo me cambió la vida, no solamente a mí sino a mi familia”, dice.

“Queremos que sea una ley propositiva. Que sea un programa de acompañamiento y fortalecimiento de lo que ya hacemos todos los días en nuestras vidas, que es trabajar y abrazar compañeros como podemos”, dice Matías Dimicroff, coordinador de la cooperativa de liberados Reconstruyendo Vidas. “Con esta ley, los polos que ya existen se van a fortalecer y donde no existen se van a crear”. 

“Pasé diez años de mi vida preso. He sido reincidente, salí y no encontré oportunidades. Las busqué, llevé currículum por muchos lados. Hace ocho años que estoy en libertad y lo que realmente salvó mi vida fue la economía popular, porque me sacó de la violencia, del delito, me dio alegría y un proyecto de vida”, dice dice José Ruiz Díaz, referente de la Rama de Liberados/as y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “La única solución a la reincidencia es la economía popular”, agrega.

Algunos datos sobre la reincidencia en Argentina

Según el informe "Reincidencia en Argentina" elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero, en Argentina aproximadamente 20.000 personas recuperan la libertad por año. Se estima que el 41% de las personas privadas de libertad estuvieron en la cárcel previamente, y la mitad de los reincidentes estuvieron menos de un año en el medio libre antes de ser detenidos nuevamente.

Según el CELIV, las condiciones de encierro en las cárceles no promueven un horizonte positivo para el momento de salir en libertad. Según los resultados de la encuesta de 2019 en cárceles bonaerenses y federales, sólo el 60% de los detenidos tenía una cama donde dormir, uno de cada dos declaraba no recibir atención médica al enfermarse y sólo el 30% manifestaron tener acceso dentro del penal a servicios que lo preparan para la reinserción.

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso indicó que el proyecto “nos dice que hagamos algo para darle institucionalidad a una experiencia que viene funcionando, porque está comprobado que cuando los liberados y liberadas son parte de una cooperativa trabajan, tienen una red, no hay reincidencia. Y esa es la mejor política de seguridad que puede tener un gobierno: confiar en su pueblo y en la organización popular”.