Cotillón electoral, por Esteban Rodríguez Alzueta

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Del dicho al hecho hay muy poco trecho, al menos en Argentina y sobre todo cuando se trata de la seguridad. Quiero decir, entre las bravatas de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y el destrato policial no hay mucha distancia. Las prácticas de hostigamiento policial encuentran en las declaraciones de la ministra un punto de apoyo para desplegarlas despreocupadamente. La ministra sabe que se pueden hacer cosas con palabras, que las declaraciones tienen un carácter performático. Y los policías sienten que no van ser llamados a rendir cuentas por sus acciones y si lo hicieran creen que la ministra saldría en su auxilio. Pruebas no le faltan a estos policías, basta recordar el caso Chocobar. 

La semana pasada el Ministerio de Seguridad lanzó un programa que habilita a las fuerzas de seguridad a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes o circule por las estaciones de tren. La medida se justifica en la prevención del delito. Se sabe, la prevención sigue siendo el mejor caballo de Troya del gobierno, los funcionarios saben que con la prevención llegan un montón de cosas. La prevención es una palabra mágica puesto que tiende a invisibilizar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La prevención habilita a las policías demorar a aquella persona que si bien no cometió ningún delito o contravención, se sospecha, por las características que tiene, pueden ser una fuente de riesgo para el resto de la comunidad.  

La resolución le agrega más facultades discrecionales a las policías. La Resolución cita al Decreto del año 58 pero se saltea a la Ley Lázara (Ley 23.950) sancionado en mayo de 1991 después del caso Bulacio que, dicho sea de paso rige todavía. Con la Ley Lázara se reformó aquel decreto del año 58 que regulaba las detenciones por averiguación de identidad, exigiendo que la policía tuviera sospecha objetiva (“circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer algún hecho delictivo o contravencional”) y que la persona en cuestión no se identificara (no acreditase fehacientemente su identidad”). Solo en esos casos, podía ser llevado a una comisaría por unas horas. Todas cuestiones, por cierto sumamente discutidas. En efecto, la resolución de Bullrich habilita a los policías a detener a personas que cometan alguna “ofensa”. La pregunta es la siguiente: ¿Qué es una ofensa? ¿Quién determina los umbrales de ofensa? ¿Cuáles son los criterios para determinar las ofensas y sus grados? No hay respuestas a estas preguntas. O mejor dicho, se trata de cuestiones que se cargan a la cuenta del mapa subjetivo con el que viene trabajando la policía desde hace décadas. 

No se trata de una medida aislada, la misma hay que leerla al lado de otras medidas que el gobierno ensaya más o menos al boleo, sin un diagnóstico que lo respalde. Por ejemplo nos preguntamos: ¿Cuántos delitos se comenten en el tren? ¿De qué delitos estamos hablando? ¿En qué estaciones, qué días, en qué franja horaria? Desde hace tiempo la gestión de Bulrrich se dedica a tapar agujeros, a hacer bacheo policial. Todas estas medidas son coyunturales, y forman parte del cotillón electoral del gobierno nacional. El gobierno sabe que en estas elecciones tiene muy pocos espacios para presentarse como merecedor de votos. Uno de los pocos lugares que les queda es la inseguridad. Por eso prometen más policías a cambio de votos. El gobierno sabe que la seguridad no vota en estas elecciones, pero conviene precisar la puntería para retener al núcleo duro de votantes que supo reclutar en elecciones anteriores para que no se vayan corriendo al capito de Lavagna, Espert, Centurión o Biondini.  

No se trata de una medida inédita. En primer lugar la resolución formaliza lo que muchas policías vienen haciendo desde hace tiempo. Porque las detenciones por averiguación de identidad en los trenes y estaciones de trenes llegaron con las bajadas de bondi. Más aún, desde la época de Sergio Berni se ve a los gendarmes subirse en los micros de larga o mediana distancia para certificar la documentación de los usuarios. Desde entonces nunca más se bajaron. Y más: los jóvenes que viajan en el Roca saben que la estación de Lanús es un punto fijo para ser objeto de detenciones, cacheos y requisas. 

Y si de antecedentes se trata, las detenciones policiales en las estaciones llegaron con las “estadísticas policiales”, cuando los policías tenían que “hacer estadísticas” para levantar el puntaje de eficacia. Los policías salían a trabajar con planillas que tenían que llenar antes de que terminase su turno. Una manera rápida de completarlas era llegarse hasta la próxima estación de tren, un punto importante de flujo poblacional. Allí los policías se dedicaban a detener a las personas para llenarlas de manera rápida y después dedicarse a mandar mensajitos por los celulares o conversar con sus pares. 
Aquellas y estas detenciones no son al boleo. Sabemos que la policía nunca se equivoca: siempre detiene a las mismas personas. Los jóvenes morochos que viven en barrios pobres y visten ropa deportiva saben que tienen todos los números puestos para ganarse la atención policial. 

La prevención policial no viene con buenos modales sino con mucho destrato y maltrato policial. Por eso los jóvenes las llamaron “verdugueo”. Porque las detenciones vienen con risas y burlas; con insultos, provocaciones e imputaciones falsas; con amenazas y el uso de toques o correctivos que si bien no suelen dejar marcas en el cuerpo agreden la dignidad de la persona, impactando en su subjetividad. Vienen con requisas a los efectos personales y cacheos intimidantes. Todo eso se hace a la vista de todo el mundo que pasa por ahí y mira con una sonrisa torcida en la boca. 

Pero la Resolución se propone crear un registro de ofensores. Tampoco se trata de un tema nuevo. Su antecedente más inmediato son los registros que se han confeccionado en las canchas de fútbol para restringir el acceso a aquellas personas identificadas como integrantes de “barras bravas”. Pero si de antecedentes se trata, habría que nombrar al libro de malvivientes o las carpetas modus operandi de las policías. En efecto, una vez que una persona sea subida a ese registro por “resistencia a la autoridad” será culpable para siempre, es decir, su foto podrá ser exhibida a las eventuales víctimas de futuros delitos para que reconozcan a las personas que los cometieron. Se entiende enseguida el doble filo de estos registros, el arma que le dan a un policía para “armar causas” o “extorsionar” al piberío. Porque en esos registros van a ir a parar los “negros” de siempre y como se trata de jóvenes que pilchan más o menos la misma ropa, todos los pibes se parecerán entre sí. Cualquiera puede confundirlos, apuntarlos con el dedo e involucrarlos en un delito que no cometieron. Llegado a este punto, será problema del fiscal y los jueces.  

En definitiva, estas y otras medicadas (las bajadas de bondi, los allanamientos masivos en villas y asentamientos, la multiplicación de retenes en las arterias principales que conectan la periferias con los centros; los operativos saturación en las periferias) son medidas que tienden a criminalizan las pobreza, a reproducir las desigualdades sociales, compartimentando a los jóvenes de los pobres en sus respectivos barrios. Se sabe, si hay pobreza que no se note, y si se nota y resiste será electrocutada.  

*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Director del LESyC (Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias urbanas). Director de la revista Cuestiones Criminales. Autor de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Hacer bardo y Vecinocracia: olfato social y linchamientos.