Defender las libertades democráticas o un manto de impunidad, por Myriam Bregman

La Semana Santa de 1987 y su legendario cierre del "Felices Pascuas, la casa está en orden", es quizá uno de los puntos clave de una política orquestada por los entonces partidos mayoritarios (UCR y PJ) para imponer un manto de impunidad y salvar al conjunto de las Fuerzas Armadas genocidas.

Esta política comenzó con el apoyo explícito del PJ a la "auto-amnistía" firmada por el presidente de facto Reinaldo Bignone en 1983 y, más a su izquierda, por los "tres niveles de responsabilidad" de los militares que Raúl Alfonsín planteó en la campaña electoral. Estos "niveles de responsabilidad" fueron la matriz de lo que unos años después fue la llamada Ley de Obediencia Debida, ya que partían de que los mandos medios e inferiores quedaban absueltos de toda responsabilidad, aún de crímenes aberrantes, por haber recibido órdenes de sus superiores.

Una de los primeros proyectos de ley que manda Alfonsín al Congreso fue la reforma del Código Penal Militar, intentando que sean los militares los que a través de su propio fuero se juzguen a sí mismos. Pero esto fracasa y debe intervenir la Cámara Federal en instancia de apelación.  

En 1986 Alfonsín ordena las "instrucciones a los fiscales" y luego se aprueba la Ley del Punto Final, como un manotazo de ahogado, que planteaba la extinción de la acción penal en los crímenes de lesa humanidad después de un breve plazo de promulgada la misma. El tiro salió por la culata. Un incansable trabajo de los organismos de derechos humanos llevó a los tribunales a cientos de nuevos casos, o sea que se aceleró todo y cerca de dos mil efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad quedaron imputados en pocas semanas.

En las vísperas de la Semana Santa de 1987 se da la negativa del mayor de inteligencia Ernesto Barreiro a declarar por varios casos de torturas y asesinatos, su amotinamiento y el levantamiento de los llamados Carapintadas en varias dotaciones del país, con epicentro en Campo de Mayo, comandados por el teniente Aldo Rico.

Muchos justifican el accionar de Alfonsín y de los dirigentes del PJ, basándose en que "la democracia corría peligro". Había que ceder "para que no haya un golpe" o "un baño de sangre". La inmensa movilización popular los desmiente. No había posibilidad alguna de que se pudiera imponer y asentar un nuevo gobierno militar con Fuerzas Armadas repudiadas por el genocidio y su inutilidad cobarde en la guerra de Malvinas. Todos conocemos lo que fue la Plaza de Mayo, pero no hay que olvidar que en forma espontánea cientos de miles de personas rodearon el cuartel de Campo de Mayo, donde se encontraban Rico y sus secuaces. La relación de fuerzas era ampliamente favorable para una derrota de esta asonada y el avance irreductible en el juicio y castigo a todos los culpables de crímenes de lesa humanidad.

Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada estuvo siempre flanqueado por quien en pocos meses se iba a hacer de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la "renovación peronista", Antonio Cafiero. Junto con él, luego de que volvió de Campo de Mayo, Alfonsín hizo firmar el acta de rendición que tenía el rimbombante nombre de "Acta de Compromiso Histórico en defensa de la democracia". Legisladores, la mayoría de los partidos políticos, la CGT, Unión Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción y otras entidades intermedias suscriben el documento. Ese era la expresión del acuerdo con Rico, y la base para la ley de Obediencia Debida.

Solo los partidos trotskistas como el viejo MAS –a un año de que se produjera la ruptura de mi partido, el PTS- y el Partido Obrero se negaron a firmar aquella acta, denunciándola como lo que finalmente fue. Este rechazo se expresó también en la Plaza de Mayo: cuando Alfonsín volvió de Campo de Mayo y anuncia que "la casa está en orden", una enorme columna del MAS se retiró de la Plaza.

La ley de Obediencia Debida finalmente se sanciona. El PJ habilitó el quórum para que se votara, para luego votar en contra. Esta norma impedía taxativamente a los jueces a juzgar a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que no fueran comandantes. Tal es así, que permitió que asesinos y torturadores emblemáticos como Alfredo Astiz o Miguel Etchecolatz pudieran estar libres de todo cargo. El 99% de los genocidas quedó libre de cargo y culpa.

Catorce años después, la rebelión popular de diciembre del 2001 con su enorme cuestionamiento al régimen político dio un tremendo empujón a una incansable lucha por la anulación de las leyes impunidad que llevamos adelante los organismos de derechos humanos. En noviembre de 2003 el Congreso votó el proyecto de anulación de esas leyes de autoría de la entonces diputada Patricia Walsh, habilitando nuevamente a juzgar los delitos de lesa humanidad.

La Semana Santa de 1987 mostró un régimen político que salió a salvar del último sostén del sistema capitalista argentino, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero también a un pueblo que no iba a dejar pasar una nueva arremetida contra sus libertades democráticas. Los que decían defender a "la democracia", defendieron un manto de impunidad para los que perpetraron un genocidio al servicio de la misma clase social que aún hoy nos sigue dominando.

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).