40 años de Papel Prensa: ¿por qué Ercolini no avanza con la causa que involucra a Clarín y La Nación?

Por Juan Cruz Guido

Luego de que la semana pasada se cumplieran 40 años de la supuesta venta de las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, Agencia Paco Urondo repasa una de las causas más resonantes de la operatoria conjunta entre civiles y militares durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En tiempos en los cuales el juez federal de La Plata Carlos Rozanzki denunció presiones políticas para evitar ir a fondo con las complicidades empresarias durante la dictadura militar, la investigación por la apropiación de la única fábrica de papel de diario del país toma una relevancia ineludible.

Eduardo Barcesat, representante de Rafael Ianover uno de los querellantes en la causa, presentó un escrito el 15 de octubre del corriente año ante el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la investigación, cuestionando la evidente “dilatación de los procedimientos” por parte de la defensa de las dos empresas de medios (cabe recordar que La Razón luego quebró y fue absorbida por Clarín). En él se reclama también por el inmediato llamado a indagatoria de los imputados luego de que varios acusados fallecieran en los últimos años extinguiendo la acción penal.

Pero para entender el estado de la causa y las claras maniobras para retrasar el avance de la misma es necesario remontarse al 2010. Ese año los fiscales de La Plata Hernán Schapiro y Marcelo Molina comenzaron la recolección de pruebas e información a partir de una denuncia que la Secretaría de Derechos Humanos había presentado. Una vez que tuvieron, a su criterio, probada la apropiación de manera ilegal de la empresa por medio de presiones y amenazas enviaron el expediente al fuero federal porteño ya que entendían que los ilícitos se habían cometido en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de una discusión sobre la competencia, la Sala N°1 de la Cámara Federal porteña a cargo de los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero resolvió en línea con lo expuesto por los fiscales de La Plata y la querella iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos: la causa debía tramitar en la Justicia Federal de la Ciudad. En ese fallo se señala uno de los puntos más contundentes en torno a la causa y es la definición de que lo acontecido debía enmarcarse dentro de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto de la Junta Militar. La letra del mismo es muy clara en ese sentido cuando afirma que el desapoderamiento de la empresa se materializó “por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”.

Fue esta declaración la que encendió las alarmas en las oficinas de los dos multimedios. Tanto Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, como Bartolomé Mitre, serían investigados por crímenes de lesa humanidad. Evidentemente esto destruiría todo tipo de argumentación referida a ellos y a sus medios como “los paladines de la libertad de expresión”. Magnetto, Noble y Mitre serían investigados por haber negociado utilizando la peor de las violencias posible, la estatal, para lograr la firma de una venta que encima no se correspondía con los valores de mercado.

La venta fraudulenta de Papel Prensa, según han declarado Lidia Papaleo (viuda de David Gravier, dueño de la firma) y Rafael Ianover (vicepresidente la sociedad en ese momento), se concretó el 2 de Noviembre de 1976 luego de que, en palabra de Papaleo, Héctor Magnetto le ordenara “que firmara (la cesión) para conservar su vida y la de su hija”. La transacción se “acordó” en la suma de 946.600 doláres estadounidenses. De todas maneras, a los dos meses, en Enero de 1977, un grupo de tareas secuestraría a Ianover de su hogar inaugurando una serie de secuestros seguidos de tortura a varios miembros de la familia Gravier. La persecución incluiría también la decomisión de los bienes de la familia, con lo cual la supuesta cifra acordada ni siquiera fue abonada. Justamente son estas maniobras las que revelan la clara sincronización entre los empresarios de medios y el régimen dictatorial. Luego de haberse asegurado el traspaso “legal” de las acciones de la empresa comenzaron los tormentos para los ex propietarios con el fin de garantizarse la impunidad. Los tres medios beneficiados con la enajenación guardaron un silencio, como mínimo, cómplice.

Mitre y Magnetto, a salvo

Finalmente, el expediente se volvió a sortear y recayó en el juzgado del juez federal Julian Ercolini que dio curso a la investigación con una sospechosa cautela. El hecho coincidió con la renuncia de su mentor en la justicia Esteban Righi. El histórico dirigente peronista se alejaba de la Procuración General envuelto en una interna con el gobierno nacional. Su asunción como “jefe de los fiscales” ¿coincidió? con el nombramiento de Ercolini al frente del juzgado federal N°10, ubicado en la Avenida Comodoro Py. El ahora juez federal había sido docente durante más de dos décadas en la Cátedra de Derecho Penal de Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El cambio en la relación de Righi con el gobierno nacional claramente afectó la relación del juez con el Ejecutivo. Es en ese contexto que se inicia la investigación en la justicia federal porteña.

El proceso se vio demorado constantemente por la defensa con acciones que aparente contaban con el visto bueno del juez. Uno de los reclamos fundamentales de las querellas y el fiscal interviniente son las indagatorias. Ambos coinciden en que ya se ha recolectado información suficiente como para que el juzgado llame a declarar a los imputados. No quedan dudas de que ese acto procesal agilizaría y haría avanzar la investigación. Aunque también sería un duro golpe para la directora y el CEO del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre. A pesar de que la indagatoria es una garantía tendiente a asegurar la defensa justa en juicio, es cierto que implica un suposición de que hay prueba suficiente para avanzar en la investigación (no hay dudas de que ambos medios lo saben ya que son especialistas en condenar mediáticamente a partir de los llamados a indagatoria).

El 12 de Marzo de 2015 el juez federal respondió a la presentación del fiscal Leonel Gomez Barbella, a cargo de la Fiscalía Federal N°5, en la cual se requería la indagatoria de todos los imputados vivos (ya que para la fecha Jorge Videla, Emilio Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Bernardo Sofovich, quien fuera abogado representante de Agea S.A., y Patricio Peralta Ramos, ex presidente de La Razón, habían fallecido extinguiendo la acción penal). En el fallo, Ercolini no hace lugar al pedido del fiscal y las querellas argumentando que todavía quedaba pendiente la pericia contable que tenía como fin determinar si la empresa había sido adquirida a un precio inferior al de mercado. Ese argumento fue duramente cuestionado en la apelación ante la Cámara, donde la representación de las victimas y el Estado pusieron el foco en el hecho concreto de la apropiación ilegal y violenta más allá del precio que se había acordado. Para ellos, los indicios de la apropiación son claros y permiten llamar a indagatoria a los acusados.

Es justamente en la apelación a la Cámara Federal donde se ve el claro procedimiento que utilizaron los empresarios de medios para lograr una resolución favorable. La encargada de entender en el caso era, como mencionamos previamente, la Sala I compuesta por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. El fiscal que debía entender era Germán Moldes, uno de los organizadores de la marcha de fiscales en Febrero de ese mismo año. Moldes se negó a apelar la decisión del juez lo que produjó que la apelación la tuviera que definir el tribunal compuesto por la terna antes referida. La Sala I terminó confirmando el fallo de Ercolini aunque en disidencia. El camarista Eduardo Freiler consideró que había prueba suficiente como para llamar a declarar a los acusados.

A pesar de haber conseguido una resolución favorable en cuanto a las indagatorias, la defensa de Clarín y La Nación encararon el proceso para remover al camarista que había dictaminado en contra de sus intereses. Se inició una serie de denuncias en ambos medios en torno a la riqueza de Freiler que derivaron en una causa por enriquecimiento ilícito contra el magistrado. La representación letrada de las empresas, por otro lado, comenzó el proceso de recusación esgrimiendo una "enemistad manifiesta". La tribunal se reconfiguró con la incorporación de Martin Irurzun (Sala II) para tratar el incidente. Luego de un proceso de “prueba” abreviado, Farah e Irurzun, con la disidencia de Ballestero, decidieron separar al camarista. Se dio un verdadero caso de “fórum shopping”, nombre con el que se conoce al desplazamiento de jueces a través de la utilización de garantías procesales, como la recusación, para conseguir magistrados “más convenientes”.

Una pericia clave (¿y Ercolini?)

Con las indagatorias denegadas y el cambio de gobierno, 2016 aparecía como un horizonte oscuro para la causa por la apropiación de Papel Prensa. El juez interviniente parecería más interesado en investigar y llamar a indagatoria a funcionarios del gobierno anterior que a representantes del presidente Mauricio Macri le marcaron a la justicia.

De todas maneras, la finalización de la pericia contable podría abrir una nueva puerta que están explorando las querellas de Ianover y Papaleo. El trabajo realizado por los peritos de parte y del Ministerio Público revela que el valor osciló entre un 30 y 80 % menor al real. Según se tome la cotización de Septiembre de 1976 o la de Diciembre del mismo año, la diferencia en el valor es de 3,4 millones de dólares y 7,6 millones respectivamente.

El hecho de que Ercolini haya sido tan claro en su intención de supeditar las indagatorias a la pericia contable vuelve a abrir una posibilidad de que se llame a los imputados a declarar. Claramente la viabilidad de esta nueva oportunidad dependerá de cuan real sea la independencia de la justicia federal del poder real, en este caso el Ejecutivo, y de los poderos fácticos que, como esta causa ilustra a la perfección, operan con total impunidad desde las sombras del control popular.