¿En qué consiste el proyecto de Ley de Envases que se debate en el Congreso?

Por Elizabeth Pontoriero

A pesar de que estaba previsto, el Gobierno no logró el quórum necesario en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Envases que apunta a impulsar la gestión ambiental de manera sostenible de los envases, desde su producción hasta su disposición final con una mayor participación de los productores, quienes deberán financiar el sistema de gestión de los envases que pongan en el mercado y pagar una tasa del 3% sobre cada uno que no se recicle. La propuesta ya tiene un fuerte rechazo por parte del sector empresarial.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el propósito de este proyecto de ley es minimizar el impacto ambiental que generan los envases y, al mismo tiempo, proteger la salud de las personas que se dedican a recolectar y reciclar residuos, que actualmente, trabajan en condiciones insalubres.

Para eso, se propone introducir el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor, por el cual se promueve que los productores de envases se ocupen del proceso de reciclaje y recolección y del diseño de los productos y envases con mayor grado de reciclabilidad con el fin de respetar el ambiente e integrando a los recicladores en el proceso.

En esta línea, para desincentivar conductas que dañen el medioambiente, se establece la aplicación de la tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP), que indica que cada productor deberá pagar un 3% por cada envase que ponga en el mercado y no se recicle. Esto determina que los productores serán los responsables de aportar económicamente al proceso de gestión de envases, lo que incluye la recuperación y reciclado. Actualmente, los municipios gastan entre el 10 y el 40 por ciento para gestionarlos.

Asimismo, el proyecto de ley tiene previsto que esta tasa no podrá superar el 3% del precio mayorista de venta del producto envasado y que, con lo que se recaude se creará un fideicomiso financiero que será operado por la Banca Pública para el fortalecimiento de los sistemas de reciclado con inclusión social, lo que ayudará a mejorar las condiciones laborales de los recicladores.

Aunque se estipula que no todos los productores deberán pagar la tasa impositiva, pues quedarán exentos del pago aquellos que implementen un sistema de gestión que garantice el recupero y la reutilización de los envases que pongan en el mercado, el sector empresarial se muestra con desconfianza.

De este modo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó su preocupación en un comunicado al tildar de “anacrónica” la propuesta, y expresar que “no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo”. Por otro lado, señaló que estas políticas “propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”.

Por su parte, Bodegas de Argentina, la Cámara empresaria que nuclea a la mayoría de las bodegas de todo el país, señaló que apoyan cualquier iniciativa para cuidar el medioambiente “pero no compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos".

Frente a este panorama, varias organizaciones sociales se dirigieron al Congreso para reclamar su tratamiento de manera urgente.

¿Por qué una Ley de envases?

Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en la Argentina se generan 1,15 kilogramos de basura por persona y el 20 por ciento de los residuos sólidos urbanos son envases de post consumo, responsables de generar gran impacto ambiental durante todo su ciclo de vida (producción, transporte, consumo y recolección) si no hay un plan de gestión ambiental que lo regule.

Se calcula que el 10 por ciento de los envases plásticos termina en los océanos, provocando importantes daños a la fauna marina.

A su vez, el 65 por ciento de los residuos se dispone en basurales a cielo abierto que, de acuerdo con el Ministerio, son la fuente de trabajo de muchos recuperadores que realizan sus tareas de reciclado en pésimas condiciones y expuestos a la contaminación. Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, actualmente, existen 150 mil recuperadores que colaboran en este proceso.

Además de proteger y generar conciencia sobre el medioambiente, con esta Ley se busca crear nuevos puestos de trabajo para la gestión integral de los envases que le permita a los recuperadores desempeñarse de manera más segura y digna.

La idea no es original de nuestro país, ya que existen antecedentes de distintas iniciativas que fueron aplicadas en países de América Latina y de Europa con resultados exitosos.