Guerra territorial en Rosario: 148 homicidios en 2018

Por Miguel Ángel Barrios y Norberto Emmerich

Desde los megaoperativos de Sergio Berni en 2014 hasta las disputas territoriales de la actualidad, poco ha cambiado en Rosario, donde se han cometido 148 homicidios en lo que va del año 2018. En medio de esta escalada "la Iglesia sale a disputarle territorio a la violencia", dice el título del diario La Capital del 2 de octubre de 2018, una afirmación que sólo obedece a la creatividad entusiasta del periodista. La parroquia Reina María del barrio Larrea, donde funcionaba un Centro de Vida, fue atacada a balazos el 23 de septiembre. El amenazado cura Juan Pablo Núñez recibió el apoyo del barrio en una misa oficiada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, mientras dos patrulleros de Gendarmería custodiaban la entrada junto con un móvil de la policía provincial.

Si bien ese centro de vida no se reabrió y no está por hacerlo, la Iglesia abrirá otros cuatro a los siete que la Comunidad Padre Misericordioso tiene en la ciudad.

Fabián Belay, referente de la Pastoral de Drogadependencia de la arquidiócesis de Rosario, sostuvo que la Iglesia trabaja en conjunto con distintas agrupaciones buscando que los niños y niñas no caigan en adicciones. Lógicamente la Iglesia entiende que institucionalmente no tiene capacidad ni incumbencia en disputas territoriales con las bandas narcos y su énfasis está puesto en alejar a los jóvenes del consumo de drogas, no en "disputar territorio". Entre esas agrupaciones están el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Dignidad, agrupaciones políticas con intencionalidad social en una doble aproximación apreciable pero débil. Uno de estos espacios funcionaba en la órbita de la parroquia María Reina y cerró por la presión de las bandas narco del barrio.

Por el lado del gobierno se instaló en el barrio Municipal un Centro Territorial de Denuncias. En su inauguración estuvieron presentes la intendenta Mónica Fein y el ministro provincial de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Ocupamos un territorio donde la violencia impedía que el Estado estuviera presente. Es una manifestación de las bandas que no quieren que el Estado esté ahí", dijo la intendenta Mónica Fein. A los dos días el Centro fue baleado, explicando en palabras de plomo que el Estado ya se retiró hace tres décadas sin que nadie lo expulsara.

Sobre la muy compleja situación que vive la ciudad de Rosario el ministro Pullaro manifestó que "lo que está sucediendo en Rosario no es una pelea narco... Lo que sucede en esta ciudad dista de ser una pelea entre bandas de narcotraficantes. Acá hay dos grupos no muy numerosos que arrastran problemas interpersonales de vieja data y que los dirimen con una violencia letal". El gobierno y los funcionarios no quieren hacerse cargo de la cuestión territorial, ni siquiera la asumen.

Las bandas en disputa están integradas por miembros de dos familias, Funes y Caminos, que arrastran viejas rencillas. "Estamos hablando de dos grupos criminales que se financian, entre otras actividades, con lo que recaudan por el narcomenudeo. Pero se trata de grupos de marginales con escasa organización y cuyos líderes se legitiman con violencia, que sin dudas es muy letal", comparándolos con la banda de Los Monos "que sí tenía una organización". Ni territorio, ni narcos, ni bandas organizadas; para el gobierno el problema literalmente no existe.

El problema del narcotráfico en Rosario no es de carteles sino de grupos familiares de narcomenudeo, muy violentos pero poco organizados, lo cual vuelve aún más preocupante la desidia oficial prolongada cuando se piensa en el mediano plazo. Además la institucionalización judicial coloca al narcomenudeo en el ámbito de la justicia local, desfederalizando el mercado de consumo, como si fueran pequeños actos individuales de escasa organicidad. Es llamativo que un problema considerado tan "simple" no encuentre solución año tras año.

Al igual que muchos de los funcionarios con cargos en el área de seguridad, el ministro Pullaro subrayó que "siempre es bienvenida la llegada de más gendarmes" y destacó que una mayor presencia de fuerzas federales "permite trabajar sobre más puntos conflictivos y con mayor efectividad". Sin precisar las características, desmereciendo las dimensiones y desfederalizando el narcomenudeo, la solución siempre es la misma: mayor presencia armada aunque se ignore para qué.

"Más mujeres presas, una robustecida facultad policial para detener a pibes pobres y estadísticas montadas sobre el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico" son los efectos de la desfederalización del narcomenudeo según el especialista Mariano Fusero.

Algunos actores (la Iglesia y los grupos militantes) hacen lo que pueden; otros actores (gobierno municipal, gobierno provincial) no hacen lo que deben. En ningún caso se aborda la problemática territorial del narcotráfico.

Sin organizaciones de la sociedad civil que hagan de contrapeso, el narcotráfico puede pactar acuerdos de reparto territorial (y de ganancias) con los detentores legitimados del control territorial (la policía); por eso persigue en primer lugar a las organizaciones de la sociedad civil que pueden dificultar ese control y el poder simbólico que éste otorga. Las amenazas o persecución de militantes sociales o políticos no es un error en términos de la geopolítica del narcotráfico, sino una tarea de amesetamiento social.

El tráfico de drogas por la Hidrovía, los puertos privados, la exportación de soja por las terminales rosarinas, el capital líquido derivado, el apoyo en las barras bravas, la cooptación de sicarios, la desfederalización del narcomenudeo y finalmente el gerenciamiento de la seguridad son elementos que construyen una territorialidad criminal por más que la “realidad” apenas muestre un enfrentamiento no organizado entre familias. En los barrios pobres donde el Estado ha desaparecido hace mucho, las escasas y débiles organizaciones de la sociedad civil se enfrentan solitariamente a un conflicto al que van con razón pero sin armas. El narcotráfico advierte esa soledad y festeja la transformación de una sociedad cuyas políticas públicas obligan a luchar por recursos y no por derechos.

Cuando las policías entran en la dinámica de control local de los grupos delincuenciales, lo que habitualmente se llama “gerenciamiento de la seguridad”, la impunidad y la corrupción se vuelven el principal insumo de supervivencia de las organizaciones del crimen organizado. La generación de economías de escala crea cadenas productivas que le dan valor agregado a las drogas y la ilegalidad se vuelve el velo perfecto para la constante producción y reproducción de la corrupción y la negligencia de las autoridades encargadas de hacer valer el Estado de Derecho.

¿Cuál es la conexión real entre la corrupción y la política en un contexto de expansión del narcotráfico? En aquellas geografías donde el narcotráfico se asienta con fuerza, trabaja como si fuera una institución y la sociedad, para poder subsistir, se adapta a las condiciones impuestas por él.

El origen del narcotráfico se encuentra en la debilidad del Estado de Derecho, no al revés como afirma Mónica Fein. A partir de allí las características perniciosas del tráfico de drogas echan raíces y comienzan a transformar las instituciones en favor de sus objetivos organizacionales. Estos “vacíos” de estatalidad o de territorialidad estatal son ocupados por el crimen organizado.

Siempre la reacción de los gobiernos es ignorar al narcotráfico para que no se evidencie la relación siamesa de corrupción entre las grandes esferas de la política y las sucias esferas del crimen organizado.