Prórroga de la ley 26.160: "Están en juego 8 millones de hectáreas en manos legítimas de las comunidades"

Por Enrique de la Calle

APU: Se está discutiendo la extensión de la ley 26.160: ¿Cuál es la importancia de esa ley?

Diego Montón: Es una ley muy importante, estratégica, sancionada en 2006, dando cumplimiento al articulo 75 de la Constitución nacional y al convenio 169 de la OIT. Mediante esta ley, el Congreso reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y se establece garantizar respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que ocasionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Para esto establece un revelamiento territorial de todas las comunidades originarias y de los territorios que ocupan y poseen y suspende los desalojos contra las comunidades hasta terminar dicho revelamiento.

APU: El Gobierno además hizo cambios en la ley de Tierras, no?

DM: Por eso decía que la ley adquiere además otro carácter estratégico en el marco de la ofensiva neoliberal y la subordinación del gobierno nacional a los intereses del capital financiero. Ya modificaron la ley de tierras rurales que era uno de los obstáculos a la concentración de la tierra en manos extranjeras, también congelaron la reglamentación de la Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar que suspende los desalojos a comunidades campesinas. Esta Ley 26160 es una de las últimas herramientas estatales en cuanto a regular y controlar el territorio en función de intereses soberanos.

Es además esta ley un gran avance en términos de reparación histórica y reconocimiento de derechos para sentar las bases de la construcción de una sociedad inclusiva y en la que puedan convivir todas las culturas y etnias en paz y armonia. En un país donde las bases anteriores del código civil se escribieron sobre el despojo y el genocidio de los pueblos originarios.

Cuando hablamos de los territorios comunitarios no solo hablamos del lugar donde viven, donde trabajan, sino también de donde esta la historia de la comunidad, sus cementerios, sus lugares sagrados y tradicionales.

Desde la perspectiva del capital financiero internacional y de quienes miran la tierra como una mercancía para la especulación inmobiliaria y rentista , esta ley es un obstáculo.

APU: ¿Cuál es son los reclamos específicos del MNCI y de otras organizaciones?

DM: El proceso de relevamiento se ha hecho más lento del previsto por la ley, sobre todo debido a la resistencia de algunos gobernadores. Es por esto que ya en dos oportunidades (en el 2009 y luego en el 2013) se debió prorrogar la ley para que no caiga la suspensión de los desalojos. De las cerca de 1500 comunidades originarias inscriptas en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se han relevado poco mas de 700, falta relevar más de la mitad. Ahora en noviembre vuelve a vencer el plazo de la última prórroga y de no renovarse entonces caería la ley, el relevamiento y la suspensión de desalojos.

Nosotros plantemos la necesidad de avanzar en la función social de la tierra y la propiedad, así como en el reconocimiento de la propiedad comunitaria. En el caso del revelamiento lo que exigimos es que se termine el revelamiento de todas las comunidades y además que se permita la inscripción de las comunidades que todavía no han sido reconocidas.

Demandamos además avanzar hacia un estado pluricultural, no todo es negocio y rentabilidad y un estado democrático debería garantizar que existan y convivan diferentes modos de vivir y pensar

Sin embargo en el marco de este gobierno que cada vez muestra mas rasgos autoritarios y represivos estamos tratando de no retroceder en los derechos conquistados, por eso, respecto a la ley 26160 la demanda es que se apruebe la prorroga por cuatro años más, de manera que quede firme la suspensión de desalojos y se proceda a terminar el revelamiento y el reconocimiento de la tierra de las comunidades.

APU: Habló de cuestiones de fondo en torno a la ley. ¿Qué impactos concretos tendría una posible caída de la ley? 

DM: Hasta ahora hay cerca de 8 millones de hectáreas que reclaman las 1500 comunidades. La ley ha impedido que se avancen con desalojos en distintos puntos del país, desalojos que en la mayoría de los casos involucra a especuladores y agro - empresarios que intentan apropiarse de tierras en las que desde hace generaciones viven y trabajan comunidades originarias. Cuando esos desalojos son ejecutados, de la mano del despojo vienen los desmontes, los monocultivos y el uso intensivo de agrotoxicos. Es decir están en juego al menos 8 millones de hectáreas en manos legítimas de unas 1500 comunidades del pueblos originarios que viven y producen en armonía con la naturaleza y que perderían la protección y reconocimiento del estado.

Eso va a generar muchas tensiones, porque con justa razón los pueblos originarios van a defender sus territorios ancestrales, como lo han hecho históricamente. Dejar caer la Ley y sacar al estado de su rol solo va a traer violencia en el campo. Y pareciera que el gobierno actual esta preparando ese terreno, poniendo a la gendarmería en los territorios, reprimiendo y allanando de forma ilegal las comunidades mapuches, armando una campaña de estigmatización y criminalización contra los pueblos originarios, utilizando argumentos de hace 150 años, de la campaña del desierto.

Entonces esta en juego el derecho de los pueblos originarios, pero también esta en juego la concentración y la extrangerizacion de la tierra, por ende la soberania alimentaria

APU: ¿Cuál es la actitud de los diferentes espacios políticos, más allá de Cambiemos?

DM: El oficialismo esta claramente en contra de la ley y operando para dejarla caer. Incluso han expresado que quieren una ley nueva, más moderada… Hay distintos proyectos de ley presentados, el más concreto es el de la senadora Anabel Fernández Sagasti que plantea en un sólo artículo la prórroga de la Ley. Ese proyecto ya cuenta con aval de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Senado presidida por la senadora Magdalena Odarda quien también defiende la prorroga; en general podemos decir que es apoyada por una parte del peronismo (sobre todo, el kirchnerismo), el Frente de Izquierda, Proyecto Sur, frente a Cambiemos que presiona para que la ley caiga. De todas maneras en la última sesión del Senado Pino Solanas pidió que se trate sobre tablas el proyecto de prórroga: Pichetto junto a otros peronistas y junto a Cambiemos votaron en contra y sorprendió la abstención de Juan Manuel Abal Medina.

En diputados se intentó tratar sobre tablas y obtuvo 114 votos a favor, 79 en contra y tres abstenciones. No se logró el tratamiento sobre tablas, pero queda claro que si pasa en el Senado, los diputados lo aprobarían. Pichetto se ha comprometido a que se trata formalmente en el Senado el próximo 27 de setiembre. Hay algunos gobernadores peronistas como Urtubey y Manzur que operan contra la ley. También hay un fuerte lobby de la Sociedad Rural Argentina para que la ley no sea prorrogada.

Por otro lado un gran arco de organizaciones campesinas indígenas y de la agricultura familiar, con la solidaridad de movimientos sociales y de organismos como el CELS y Amnistía están acompañando el reclamo para que lograr la Prorroga y avanzar en el revelamiento.