¿Qué hay detrás del proyecto de ley sobre Libertad Religiosa que envió Macri al Congreso?

Por María Julia Otero

A principios del mes de junio, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley sobre Libertad Religiosa que ya está siendo sometido a tratamiento parlamentario. El planteo recibió el rechazo de Amnistía Internacional que a través de una carta a Mauricio Macri manifestó su preocupación. Según la organización con competencia en materia de derechos humanos, “lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, el texto busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos delas personas y lo público”.

La propuesta resulta llamativa teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución Nacional ya contempla la libre profesión de culto. Sin embargo, el proyecto también apunta a regular la objeción de conciencia. En este sentido, un médico podría negarse a prestar un determinado tratamiento médico amparándose en sus creencias, un paciente negarse a recibirlo, o un docente estar en condiciones de rechazar la enseñanza de educación sexual a sus alumnos por el sólo hecho de estar avalado por su credo. Para la ONG “esta norma, lejos de obtener el resultado que comunica –el de dar libertad para los religiosos– es una ley para permitir a quienes profesan una religión, imponerla por sobre el resto.” Por otro lado, el escrito sugiere que quien se oponga a alguna práctica amparándose en estos principios quede libre de recibir cualquier tipo de sanción.

En base a la opinión de expertos, la sanción del proyecto de Cambiemos implicaría una grave regresión en materia de derecho. En el país es materia pendiente el debate de cuestiones vinculadas al aborto, que constituye la principal causa de muerte materna. Con la iniciativa del Gobierno, profesionales de la salud estarían respaldados para impedir una intervención de este tipo, aunque se encontrara en peligro la vida o la integridad física de una mujer, en contra de lo que prevé el artículo 86 del Código Penal.

Mientras tanto, en Diputados fue creada una subcomisión integrada por representantes de los bloques parlamentarios para el análisis del proyecto. Además de Amnistía Internacional, distintas organizaciones ya se pronunciaron en contra y solicitaron abrir una discusión más amplia, que involucre a todos los sectores que se manifiestan en contra.