Radiografía de la población migrante en Argentina: pandemia y desigualdad

Por Verónica Hendel* y Gabriela Costanzo**

* Por decisión de los/as autores/as el texto incluye lenguaje inclusivo

Entre octubre y noviembre del 2020 se llevó a cabo la primera Encuesta Nacional Migrante de la Argentina (ENMA). Su aplicación exigió una robusta campaña de difusión y comunicación para llegar a todas las regiones del país, colectivos nacionales y perfiles sociodemográficos diversos. Los resultados de la encuesta son contundentes y permiten construir un panorama de la situación actual de la población migrante en nuestro país. Nos ocuparemos aquí del acceso a algunos derechos básicos como la salud, el trabajo, la vivienda y la educación.  

Algo más que datos estadísticos

La ENMA fue impulsada por un equipo de investigadoras e investigadores nucleado en el Eje Migración y Asilo de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos (RIOSP-DDHH) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina. Pero su realización hubiera sido imposible si no se hubiera trabajado, desde un inicio, en articulación con un amplio conjunto de organizaciones y referentes de la sociedad civil comprometidos en la defensa y la promoción de derechos de la población migrante a lo largo y ancho del país. Ante la falta de información estadística actualizada y sistematizada de los colectivos migrantes fue urgente la realización de un instrumento, como la encuesta, para recolectar información que permita visibilizar las condiciones de vida de dicha población. A continuación, presentamos algunos datos surgidos de la encuesta y recolectados en el Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020 (Anuario Migratorio Argentino 2020.pdf), que dan cuenta de la situación de emergencia en la que se encuentran les migrantes y la necesidad de aportar información para la incidencia en políticas públicas estatales que busquen contribuir a la hospitalidad hacia les migrantes en la Argentina. 

Acceso al sistema de salud: un derecho que involucra muchos otros

A lo largo de las últimas décadas, el derecho a la salud de la población migrante, y específicamente al sistema de salud público, ha sido un tema de debate en diversos contextos. En el caso de la Argentina, este derecho constituye uno de los reconocimientos de avanzada, consolidado en la Ley de Migraciones N° 25.871 desde el 2003. Este reconocimiento garantiza el acceso a la salud de manera independiente de la situación migratoria de la persona y debe comprenderse de manera amplia y progresiva: incluye tanto recibir atención médica, como contar con información suficiente y adecuada que contribuya a la protección de la situación de salud de la persona. Sin embargo, de la letra de la ley a la efectivización del derecho hay un largo trecho.

La ENMA 2020 puso en evidencia que casi la mitad de las personas encuestadas (46%) basa su atención principalmente en el acceso al sistema público de salud (SPS). Este porcentaje aumenta entre quienes llegaron hace menos de 5 años (69%). Es importante señalar aquí que esta mayor dependencia del SPS se encuentra directamente vinculada con procesos de precarización e irregularidad laboral cuyo efecto es la falta de acceso a beneficios laborales, entre ellos a una obra social.

Otro dato significativo lo constituye el 33% de las personas encuestadas que afirmó haber experimentado problemas en la atención sanitaria al menos alguna vez (25% señaló que les sucedió alguna vez, 5% frecuentemente y 3% siempre), mientras que el 59% indicó nunca haber tenido dificultades. Asimismo, se destaca un 8% de personas que nunca acudió al sistema de salud. En cuanto al tipo de dificultades percibidas o experimentadas en el acceso efectivo a la salud un 18% indicó haber tenido dificultades en la obtención de turnos y un 10% indicó haber sufrido discriminaciones o malos tratos en dicho contexto. Sin lugar a duda, el contexto de pandemia y aislamiento ha profundizado algunas de estas dificultades y desigualdades. Los resultados de la ENMA, por su parte, arrojan que un 15% de las personas migrantes encuestadas tuvo Covid-19 o una exposición cercana al virus.

Situación laboral de les migrantes: entre la inestabilidad y la precarización

Otro de los aspectos que la ENMA pone en evidencia es la precarización laboral en la que vive gran cantidad de migrantes en la Argentina. Un 37% de les encuestades respondió que sus situación es inestable (entre changas, trabajo esporádico o estacional, entre otros). A su vez, “el 51% de la actividad laboral realizada por migrantes no pareciera estar registrada, principalmente para personas que no cuentan con una situación documentaria favorable (76% de las personas sin DNI no trabaja de manera registrada)”.

Es decir, la cifras que arroja la encuesta pone en escena de qué manera el mercado laboral está formado por una gran masa poblacional precarizada y explotada, situación que en el contexto de pandemia adquiere una gravedad extraordinaria para la población migrante. En este sentido, los siguientes datos resultan alarmantes: el 53% de las personas migrantes perdió parcial (17%) o totalmente (36%) sus ingresos ante la llegada del Covid 19.

“Alquilaba una habitación y me botaron”: cuando el acceso a la vivienda se torna un privilegio

A los datos estadísticos sobre acceso al sistema de salud y al trabajo se suma la información relativa a la situación habitacional en la que viven les migrantes. De acuerdo con la ENMA, el 51% no cuenta con acceso a alguno de los tres servicios mínimos: agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%). Con relación a la tenencia de la propiedad, aspecto clave del acceso a la vivienda, el 52% de les encuestades afirmó encontrarse en una vivienda propia o de alguien de la familia (porcentaje menor al 63% que de la población en general), propiedades que en el 56% de los casos no tienen acceso a alguno de los tres servicios básicos. Por otra parte, el 22% de les migrantes alquila sin contrato y solo un 19% lo hace de manera formal.

A esta realidad se le suman las dificultades que manifiesta esta población para acceder a la vivienda. Más de la mitad de les encuestades señaló haber atravesado algún tipo de dificultad, siendo la principal limitación los altos costos de los alquileres (31% de los casos) y, en segundo lugar, la carencia de los requisitos para alquilar (23%), como garantías o recibos de sueldo. 

La educación: un derecho relevante para la población migrante

La ENMA 2020 reveló que un 70% de las personas encuestadas tiene hijes. De este modo, el acceso a la educación se torna en un interés y una preocupación para les adultes. A lo largo de las últimas décadas diversas investigaciones han dado cuenta de las dificultades que atraviesan niñes y jóvenes migrantes en el sistema educativo. La ENMA 2020 complejiza este diagnóstico al sumar datos tales como que el 20% de les encuestades ha tenido algún tipo de inconveniente o dificultad para inscribir a su(s) hije(s) en un establecimiento escolar, mayormente por problemas en la asignación de cupos. 

La situación de pandemia, aislamiento y educación a distancia o virtual ha complicado aún más el acceso a este derecho, profundizando desigualdades preexistentes. El hecho de que un 35% de les hogares con niñes en situación escolar no cuente con internet pone en escena una situación sumamente preocupante. En la misma línea, la ENMA 2020 ilustra que ente la virtualización por la pandemia, el 10% de les encuestades señala que sus hijes no pudieron sostener la escolaridad y del restante, un 60% señaló que sus hijes han enfrentado dificultades para mantener la continuidad pedagógica sea por dificultades para acompañar a sus hijes en la realización de las actividades (26%), falta de dispositivos o conectividad (22%) o ausencia de motivación de sus hijes (16%).

La ENMA 2020 no sólo brinda una radiografía de la situación actual de la población migrante en la Argentina, sino que pone en evidencia la necesidad de un abordaje integral del acceso a derechos sociales y básicos de la población migrante. Derechos que se encuentran reconocidos en la letra de la ley pero que, en muchos casos, no se efectivizan en la práctica. Estas dificultades resultan de una gravedad extrema para la población migrante, especialmente, en un contexto de emergencia sanitaria. El objetivo de generar información actualizada y pública tiene como horizonte potenciar cambios en las políticas públicas dando lugar a una sociedad más justa, diversa y hospitalaria. 

*Investigadora (RIOSP-CONICET) y docente (UNLu-UBA-ISFD 113)

**Becaria en Formación en Investigaciones Estratégicas (IIGG-UBA), docente e investigadora (RIOSP-CONICET/CCCS-FSOC-UBA).