A 21 años del asesinato de Andrea Viera: “Exigimos la reforma judicial y policial"

El 10 de mayo de 2002, Andrea Viera y Gustavo Cardozo fueron detenidos sin mediar incidente previo e ingresados en la Comisaría Primera de Florencio Varela. Tras distintas torturas, a ella la sacaron inconsciente y falleció luego de doce días. Fue la primera mujer asesinada en una comisaría desde la recuperación de la democracia. Este lunes a las 17 horas, frente a la dependencia policial, habrá un acto de señalización en homenaje.  

Dadas las cuatro décadas de democracia ininterrumpida que se cumplen -y los 36 años de la Masacre de Budge-, tener presente lo que pasó con Andrea es una obligación en materia de violencia institucional. Cinco juicios orales, dos condenados a perpetua, otros catorce absueltos, un prófugo que todavía tiene pedido de captura internacional y un testigo fusilado cuyo crimen sigue impune es el saldo de un caso paradigmático. 

Ese día de 2002 Andrea y Gustavo se bajaron de un colectivo en la esquina de Salta y López Escribano, en la estación Zeballos. Allí había un gran despliegue de policías armados y de civil por un supuesto intento de robo en el que un oficial había resultado herido. Luego de alejarse unas cuadras, fueron abordados por cinco patrulleros y señalados por la agente Marta Jorgelina Oviedo Salazar. Los esposaron y trasladaron a la comisaría, y en el trayecto ya son maltratados. Al ingresar, son llevados a distintos sectores y es la última vez que se ven. Veintidós presos testificaron lo que había sucedido durante esas horas. 

Cerca de las diez de la noche, llegó el denunciante inicial del hecho y, en la rueda de reconocimiento, descartó que sea Andrea. La vio desmayada en el piso. Había quedado perdido el conocimiento por las vejaciones que recibió para que confesara. Decidieron llevarla al Hospital Mi Pueblo en una ambulancia que no hizo sonar su sirena. Tras doce días falleció y el forense aseguró que podría haber sobrevivido a los golpes pero no a la sofocación manual cuando ya estaba inconsciente. Tenía 25 años y estaba embarazada. 

El recorrido judicial 

Desde entonces, Eugenia Vázquez, hermana, y el resto de la familia comenzaron su camino de lucha. En julio de 2006, durante el primer juicio oral, Oviedo Salazar fue condenada a prisión perpetua por asesinato y torturas -hoy en domiciliaria-, mientras que Oscar Luciano Farías, David Leonardo Gutiérrez, Diego Hernán Herrera y Carlos Daniel Maidana resultaron absueltos por el beneficio de la duda.

Al año siguiente, Jorge Galván Plaza, uno de los testigos, recibió un disparo en la sien y fue arrojado a un arroyo del Barrio Pepsi. Su crimen todavía sigue impune y no hubo ningún acusado por dicho accionar mafioso. 

En 2011 hubo un segundo proceso penal, pero sólo Gutiérrez fue condenado a diez años de cárcel y Maidana a cuatro, que rápidamente quedó en libertad. Otros cuatro acusados no recibieron penas. En 2013 el ex cabo Marcelo Miguel Aquino se convirtió en el segundo en ser condenado a perpetua, por "tormentos seguidos de muerte". Si bien está en cárcel común, la sentencia aún no se encuentra firme. El ex suboficial Pedro Mensi fue absuelto.   

En 2017 otro tribunal decidió la absolución del ex comisario José Oscar Sita. Desde ese entonces, el exsubcomisario Rafael Ominelli continúa con pedido de captura internacional. Ambos conformaban la cúpula de la Comisaría Primera. Según denuncia Vázquez, Ominelli pudo trabajar de todas formas como personal de seguridad y hasta tuvo una inmobiliaria.  

Por último, al proceso penal de 2018 otros cuatro policías llegaron como acusados. El principal testigo, la pareja de Andrea, no pudo presentarse al debate oral y terminaron otra vez absueltos. En 2002 Cardozo fue golpeado en el sector de contraventores y nunca se recuperó tras haber escuchado y presenciado las torturas a su compañera de vida.  

Una justicia incompleta 

Cuando a Eugenia le comunicaron que Andrea era la primera mujer muerta por torturas en una comisaría desde la vuelta de la democracia pensó que, por la gravedad del hecho, a la hora del juicio las respuestas iban a ser otras. No considera que el hecho esté impune, pero señala mayores responsabilidades y cuestiona el beneficio de la prisión domiciliaria a Oviedo Salazar.  

En la actualidad, la causa se encuentra cerrada por decisión de la familia -de los ocho hermanos, hoy quedan cuatro-. Se niegan a que continúe la revictimización y presión sobre los testigos, en su mayoría jóvenes privados de su libertad que corren peligro. Hoy Eugenia es parte del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación -creado en 2003 por Néstor Kirchner- y acompaña a otras familias de víctimas.  

Vázquez destaca que su lucha fue difícil en los inicios, que tuvo que golpear muchas puertas y no sabía qué camino tomar. “Cualquier similitud con la bestialidad de los grupos de tareas de la Dictadura o con la saña brutal y asesina de la extrema derecha, no es casualidad. Así como tampoco lo es con el caso de Walter Bulacio, Miguel Brú, Ezequiel Demonty, Mario Germán Laura, Luciano Arruga, entre otros”. Al mismo tiempo, reclama el juzgamiento de los responsables políticos por el asesinato de militantes y trabajadores, como Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.  

En una de las entrevistas con AGENCIA PACO URONDO, se refirió a los pendientes en la materia: “Seguimos exigiendo la reforma judicial y policial y que se apruebe la ley contra la violencia institucional. La gran deuda de la democracia es un Nunca Más en serio, porque hasta ahora quedó en frases”. En su último comunicado difundido, el cierre de Eugenia es el siguiente: “Para profundizar la democracia Nacional y Popular hay que garantizar la participación de las organizaciones populares en las políticas del Estado, a través de los mecanismos y ámbitos que conquistamos, que hoy son leyes provinciales y nacionales”.  

Además, Eugenia señaló en su declaración: "Hoy, seguimos avanzando en nuestro país con una política de Derechos Humanos que continúa firme en el juicio y castigo a los genocidas y represores de la última dictadura cívico-militar-eclesiástico, firme en la restitución de la Identidad de los hijos de nuestros treinta mil compañeras y compañeros detenidas y detenidos desaparecidos, firme en el procesamiento de los asesinos de Militantes y Trabajadores como Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, causas en la que seguimos exigiendo el Juicio y Castigo a los responsables políticos e intelectuales."