A 25 años de su asesinato: Teresa vive

Por Diego Moneta

El conglomerado urbano Cutral Có - Plaza Huincul, en Neuquén, nació durante la década de 1930 como base de apoyo para la explotación de yacimientos de petróleo y gas natural en la zona. Tras la privatización menemista de YPF y Gas del Estado -principales fuentes laborales-, miles de trabajadores quedaron en la calle. La desocupación y la ausencia estatal crecían en paralelo. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Juana Vázquez, referente del Movimiento Evita en Cutral Có, puntualiza que entre ambas localidades “había siete mil desocupados en una población total de 37 mil personas”. Las puebladas, más tarde conocidas como “cutralcazos”, fueron la respuesta de las bases más afectadas.

Las indemnizaciones cobradas se agotaban y la oferta de microemprendimientos ya estaba saturada. El 20 de junio de 1996 el gobernador Felipe Sapag decidió rechazar la instalación de una fábrica de fertilizantes en Cutral Có, interrumpiendo las negociaciones con una empresa canadiense. La cantidad de personas congregadas en los cortes de ruta aumentó exponencialmente ante la llegada de fuerzas represivas, que atinaron sin más a retirarse. La medida se extendió durante seis días y logró un acta de acuerdo de trece puntos. De esa manera, comenzaba a surgir el movimiento de desocupados y piqueteros como identidad aglutinadora que le otorgaba carácter de colectivo activo al proceso llevado a cabo.

En 1997, el descontento seguía creciendo a partir de diversas promesas incumplidas por Sapag, incluidas las del pacto previo. En el marco de un prolongado conflicto entre las autoridades provinciales y docentes organizados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), a raíz de la provincialización educativa dispuesta por la Ley Federal de Educación, el Ejecutivo de Neuquén había reducido salarios y suprimido talleres, horas no programáticas, cursos y escuelas diferenciales. “Prometía mayor flexibilización de las condiciones laborales a través del Banco Mundial”, señala la referente zonal. 

ATEN estimaba que dejarían sin trabajo a más de mil personas, por lo que decretó una huelga por tiempo indeterminado desde el primer día de clases. El 24 de marzo la movilización fue masiva y culminó con la ocupacion de los puentes de la Ruta Nacional 22 que une Neuquén y Río Negro. Tres días más tarde, fueron desalojados por Gendarmería y convocaron a repetir la medida el 9 de abril, que esta vez se extendería diez días.

Ese miércoles, a pesar de la intimación judicial y las presiones del gobierno, se sumaron estudiantes secundarios, la Comisión de Padres en Defensa de la Educación y jóvenes de sectores populares conocidos como “fogoneros”. El 12, bajo las órdenes del juez federal Oscar Alberto Temi -años más tarde suspendido por múltiples denuncias de acoso siendo defensor oficial-, Gendarmería y la policía provincial, por decisión de Sapag, desplazaron a los manifestantes de la ruta y los persiguieron hasta los barrios más cercanos.

El asesinato de Teresa Rodríguez

En ese contexto fue baleada de muerte Teresa Rodríguez y varias personas resultaron heridas. La joven del barrio Otaño, de 27 años y madre de tres hijos, trabajaba en casas particulares. Se dirigía a ello cuando pasó cerca del puente sobre la Ruta Provincial 17 -o también Av. Mariano Moreno, pero que desde entonces lleva su nombre en Plaza Huincul-. En diálogo con APU, Marcelo Zúñiga, concejal del Movimiento Evita en Neuquén, remarca que la reflexión central a 25 años es “la coordinación de la política represiva estatal a finales de los 90 y la contracara de la resistencia de trabajadores en la que fue asesinada Teresa”.

Teresa estaba observando lo que ocurría y una bala le atravesó el cuello. El Ejecutivo nacional, el gobernador Sapag y Marcelo Jaureguiberry, jefe de la fuerza provincial, coincidieron en la justificación: aseguraron, sin prueba alguna, que el tiro había sido de un francotirador. Si bien se asume que fue asesinada por un policía neuquino, dado que el disparo fue realizado por una pistola 9mm, y a pesar de distintas pericias llevadas a cabo, nunca se pudo determinar el responsable concreto. El único detenido, el agente Hugo Alberto Rudolf, fue absuelto por no haber prueba confirmatoria. El crimen quedó impune.

En una causa paralela, que involucraba a nueve policías, cuatro fueron condenados por haber disparado de forma ilegal. Sin embargo, las penas fueron menores y sin aplicación efectiva. Los uniformados Santiago Ceferino Antigual, Leonardo Magallanes, Daniel Humberto Vece y Daniel Videla más tarde serían reincorporados a la fuerza. “La provincia sigue gobernada por el mismo partido y el poder judicial sigue sin condenar a los culpables”, advierte Vázquez. “La responsabilidad política es del Movimiento Popular Neuquino (MPN)”.

Posteridad

Ese mismo 12 de abril la movilización expulsó a Gendarmería y a la Policía de Neuquén de Cutral Có y Plaza Huincul. Se formó una Asamblea Popular que funcionó como órgano de gobierno. Dos días después, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) -donde se nuclea ATEN- convocó a un paro general en todo el país con una marcha del silencio en memoria de la joven asesinada.

Carlos Menem atribuyó la violencia a “jóvenes imberbes” y calificó las protestas como el “retorno de la subversión”. El presidente había acordado con Sapag un plan de medidas sociales, puestos de trabajo en YPF y planes de vivienda, pero la negociación con los pobladores no prosperó. La Confederación General del Trabajo (CGT) declaró un paro general de una hora por turno, criticado por insuficiente, dado que el día anterior habían estado presentes en la pueblada Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y las por entonces diputadas radicales Elisa Carca, Laura Musa y Elisa Carrió.

El viernes 18, con el bloqueo de rutas levantado provisoriamente, la reunión con el gobernador tuvo como resultado un acuerdo de 19 puntos, con la base de lo que anteriormente Sapag había hablado con Menem. Por la noche, la Asamblea lo aprobó, con la oposición de los jóvenes "fogoneros". Neuquén ya era un precedente de organización popular y de represión estatal. Diez años más tarde, durante el mandato de Jorge Sobisch, el cabo José Darío Poblete, que integraba la fuerza que había disparado en Cutral Có, asesinó al docente Carlos Fuentealba. “La línea de continuidad se sostiene literalmente en el accionar represivo y antipopular”, marca Vázquez, y agrega: “Perón decía que ‘cambian el perro pero la cadena sigue siendo la misma’. Sapag y Sobisch son dos gobernadores, con el mismo accionar, del mismo partido político”. 

Por su parte, Zúniga coincide, si bien son “contextos diferentes y con trabajadores de extracciones distintas''. Además de que “las Pueblas se iniciaron como continuidad de huelgas docentes con cortes de ruta y se profundizaron con rasgos propios del vaciamiento estatal y privatización de YPF”, señala también las consecuencias dolorosas: “misma fuerza policial, otro trabajador asesinado, y las fortalezas y debilidades del pueblo Neuquino y sus organizaciones como características de la clase trabajadora en momentos límites”.

El nombre de Teresa ha sido reivindicado por organizaciones sociales y de derechos humanos. Forma parte de esas banderas que reclaman en la actualidad. El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), a pesar de sus diversas ramificaciones, la ha sostenido como estandarte de lucha. Para Zúñiga, junto a Víctor Choque en Tierra del Fuego, es “uno de los símbolos de la resistencia al neoliberalismo en auge”. “Estaban dispuestos a todo, incluso a matar, para imponer el modelo económico con exclusión y represión”, sentencia el concejal. 

En paralelo, Florencia y Miguel, madre y padre de la joven, hace años que no participan de las actividades que se arman ante cada aniversario. Reclaman que la comunidad se olvidó de su hija. “Más que olvidados, ignorados”, afirmaron en una de sus últimas entrevistas a un medio provincial. “Hoy continuamos levantando las banderas de lucha, por Teresa, Carlos y el pueblo trabajador”, finaliza Vázquez.