A 5 años del caso Lucas Verón: “Los pibes siguen sufriendo acoso policial”

Durante la madrugada del 10 de julio de 2020, dos oficiales del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de la Policía Bonaerense asesinaron a Lucas Nahuel Verón, de 18 años recién cumplidos, en el barrio Scasso de González Catán, La Matanza. Los responsables, Ezequiel Benítez, quien efectuó los disparos letales, y Cintia Duarte, huyeron sin preservar la zona y sin dar aviso a sus superiores. La rápida intervención de la agrupación HIJOS llevó a que sean desafectados de la fuerza y detenidos. A cinco años del hecho, con una justicia dispar característica de estos casos, los responsables son cada vez más.

Lucas había salido con un amigo a comprar gaseosas pero, por el aislamiento por la pandemia, estaba todo cerrado. De regreso, fueron interceptados por un patrullero, con luces y sirenas apagadas, y sin dar la voz de alto, que les tiró el móvil encima y los persiguió, realizando cuatro disparos. Todo fue relatado por el otro joven que sobrevivió -en ese entonces menor de edad-, que fue presionado para cambiar su versión mientras le tomaban declaración en sede policial y sin presencia de familiares bajo la excusa de falta de personal. La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Juan Pablo Tahtagian, avaló dicha acción, por lo que fue recusado y desplazado, asumiendo Claudio Fornaro y Marcos Borghi.

Tal como se mencionó, la investigación del hecho tuvo un desarrollo dispar. La causa principal, por el homicidio, avanzó con celeridad gracias a la cantidad de pruebas y testigos. Mary Castillo, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, solicitó su elevación a juicio oral, que tuvo lugar en 2022. El jurado popular evaluó que los policías se excedieron en sus funciones. A Benítez también lo hallaron culpable de “homicidio agravado en grado de tentativa'' por el ataque al amigo de Verón, pero Duarte fue absuelta.  

Cabe señalar que, en estos casos, la decisión del jurado es “inmotivada”: no deben explicar las razones, por lo que no hubo contradicción en encontrar a Benítez, en un caso, culpable de homicidio en exceso de sus funciones y, en otro, de tentativa de homicidio agravado, si ambos se cometieron en una misma secuencia. El juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, Gerardo Gayol, decidió condenarlo a 21 años y 8 meses de prisión, por ser "coautor de homicidio en exceso del cumplimiento del deber" y "de tentativa de homicidio calificada", y a Duarte a 4 años por ser "coautora de un homicidio en exceso del cumplimiento del deber".

Por otro lado, tras una sospechosa demora, al menos uno de los expedientes sobre la responsabilidad de distintos funcionarios en el encubrimiento posterior siguió su curso. En mayo de 2024, tras un juicio abreviado, el comisario inspector Diego Adrián Ocampos, el subcomisario Daniel Emilio Quinteros y la suboficial María Giselle Genez fueron condenados por amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falso testimonio y falsedad ideológica. El titular del Tribunal en lo Criminal N° 2, Diego Sebastián Burgueño, aceptó la propuesta y las penas condicionales quedaron en 3 años para Ocampos y 2 para Quinteros y Genez, junto a la inhabilitación para ejercer en la fuerza pública por diez años.

El juez Burgueño consideró probado que, en el marco de la investigación, Ocampos amenazó al amigo de la víctima para que declarara falsamente, contra su voluntad y al mismo tiempo contradiciendo su versión inicial. En base a ese objetivo, llevó al joven a una comisaría, lo encerró en un calabozo y lo mantuvo durante horas. Dicha aprehensión estuvo a cargo de Quinteros y Genez fue la responsable de avalar la declaración coactiva. Este punto debería ser determinante para otra causa paralela -reabierta por Andrea Andoniades, de la fiscalía de delitos complejos de San Martín, en 2021-, cuyo único imputado es Tahtagian, denunciado por sus actos mientras sucedían los hechos mencionados y, sobre todo, por delegar en la misma fuerza implicada la recolección de pruebas y testimonios.

Por último, también sigue en pie otra investigación, derivada de las jornadas del juicio oral de la causa principal. En octubre de 2024, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, procesó a dos efectivos y un comisario bonaerense. Si bien en 2023 había dictado el sobreseimiento, tras la reapertura ordenada por la Cámara de Apelaciones la acusación es por tareas ilegales de inteligencia llevadas a cabo durante el juicio inicial. Esa jornada, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante y representante de la familia, advirtieron que los agentes Brian Leonardo Martino y Cristián José Ramírez tomaban fotos de los allegados de Verón, dentro y fuera de la sala, de civil y sin identificación. Luego se intentaron excusar -y lo ratificaron ante el juez- de que fue por orden del inspector Bruno Sosa, a cargo de la Comisaría Primera de San Justo, a modo de “prevención”. Sin embargo, no fue considerada una razón legítima, y la fuerza ya tenía prohibido intervenir en el caso desde la etapa de instrucción. La CPM remarcó que los hechos guardan similitud con otros ya denunciados, sean procesos judiciales u otras actividades públicas, que incluso también involucran a Martino y Ramírez.

La agrupación HIJOS La Matanza impulsó una actividad que se llevó a cabo el jueves pasado por la mañana, en Ruta 3 y Presidente Perón. Según describieron, fue una jornada para recordar a Lucas y continuar exigiendo el fin de la violencia estatal, además del juzgamiento del fiscal Tahtagian por mal desempeño de funcionario público. A cinco años del caso, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Cristián Verón, madre del joven.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse en este nuevo aniversario?

Cristián Verón: Es bastante complicada. Los pibes siguen sufriendo persecuciones y acoso policial, no ha cambiado mucho. En lo que va de este gobierno, con la ministra de Seguridad que tenemos, y la manera de pensar que tiene, y la vicepresidenta que tenemos, mucho no ha cambiado ni va a cambiar mientras estén. A nivel familiar, son ausencias que son muy difíciles de llevar en el día a día, pero tenemos que seguir luchando junto con Graciela. Es duro, pero estamos de pie todavía. 

APU: ¿Hubo novedades en relación a las distintas causas?

CV: No hubo novedades. La tercera, que involucra al fiscal, no tuvo movimientos. Estamos a la espera de que le puedan sacar los fueros para poder llevarlo a juicio. Sabemos que lleva tiempo, pero tenemos que esperar y hacernos de paciencia a pesar de que ya pasaron cinco años. Tenemos que seguir trabajando atrás de la causa y luchando para llevar a este cómplice de estos asesinos y policías corruptos. Estamos a la espera de eso.

APU: ¿Se organizaron actividades en este aniversario para seguir reclamando?

CV: El 10, la fecha de su asesinato, se reinauguró un mural que fue restaurado. Está ubicado en Perón y Ruta 3. Por un pedido de justicia, no sólo por Lucas sino por tantos chicos que pasaron por lo mismo.