8 años del asesinato de Kevin Molina: la impunidad de las fuerzas de inseguridad en los barrios populares
Por Diego Moneta
El 7 de septiembre de 2013 en el barrio Zavaleta se desató una balacera entre dos bandas ajenas al lugar. Pasaron tres horas, nueve llamadas al 911 y más de cien disparos de armas de guerra. Una de las balas atravesó una ventana e impactó en la cabeza de Kevin Molina, de apenas 9 años, escondido debajo de una mesa.
A pocos metros había dos garitas de Prefectura Naval. Los integrantes de la fuerza negaron haber oído las detonaciones por "la lluvia". Hablamos de ametralladoras UZI y fusiles FAL. De hecho, una de las comunicaciones entre un agente de la Policía Federal y el Comando Radioeléctrico 6 las rechaza y afirma que el panorama era tranquilo. Cerca de ahí también está la Plaza Kevin, no por Molina, sino por un amigo suyo que perdió la vida por otra "bala perdida".
En 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9 condenó a dos personas que habían sido detenidas el día del tiroteo como partícipes secundarios del crimen, tras haber sido identificadas como parte de las bandas en conflicto. En la causa no sé incorporó ningún elemento que pudiera justificar la inacción de Prefectura. Además, el calibre que mató a Kevin no se corresponde con ninguna de las armas secuestradas.
El prefecto Daniel Andrés Stofd estaba a cargo del operativo, en conjunto con Gendarmería Nacional, y fue juzgado por "incumplimiento de deberes de funcionario público" por haber liberado la zona. Llegó al juicio libre y en funciones. Nunca fue relevado y hoy sigue siendo parte de la fuerza. En 2019 el Juzgado Criminal y Correccional N°61, encabezado por Edmundo Rabbione, lo sentenció a un año de inhabilitación y a pagar una multa. El resto de los acusados fueron sobreseídos por considerar que respondían a su superior.
Tanto la querella como la fiscalía habían solicitado el máximo de pena posible, es decir dos años de prisión. El reclamo histórico pasa por contemplar el asesinato, una grave violación a los derechos humanos y del niño, como si sólo hubiera sido un error de trabajo. El poder judicial escindió el hecho de la dinámica previa y posterior de las fuerzas de seguridad en los barrios populares. La violencia institucional es moneda corriente en Zavaleta.
La muerte de Kevin motivó que vecinos y vecinas, a partir de las asambleas de La Poderosa, conformaran una comisión para controlar el accionar de las distintas fuerzas. A través de recorridas diarias y fiscalización de operativos detectan y denuncian situaciones de violencia policial. En ese marco buscan una ley que imponga el control popular de las mismas mediante una institución autónoma y autárquica del Poder Ejecutivo.
En 2016 se estrenó el documental Ni un pibe menos, a cargo de Antonio Manco y con el testimonio de Diego Armando Maradona, que fue presentado en el Cine Gaumont e incluido en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Al igual que en cada aniversario, desde la organización llevarán a cabo actividades para reivindicar la niñez y sus derechos. “A los 9, golpeaba para chequear si me había dormido. Hoy cumple 8, gritándome al oído”, lo recordó Nacho Levy, padrino y referente de La Garganta Poderosa en redes sociales.