Bajo Flores: la justicia se niega a investigar un caso de gatillo fácil

Por Santiago Asorey

Cristian Orellana (18) falleció el 16 de Junio a manos de efectivos de la Policía Federal en las inmediaciones del Barrio Illia, en el Bajo Flores. El joven fue objeto de una persecución policial que terminó con el disparo fatal del Subinspector Juan Sebastián González, de la Comisaría 38.

A pesar de que los testigos del hecho de violencia policial afirmaron que a Cristian “lo podrían haber detenido”, la policía fusiló por la espalda al joven. Los testimonios hablan de una escena policial saturada, con efectivos de La Metropolitana, La Federal, La Brigada, GEOF y la Gendarmería. Según declararon testimonios a la prensa, los agentes policiales dispararon más de treinta disparos. 

Ante la inacción de las fuerzas de seguridad para trasladar a Orellana al hospital, Luis Duran, un amigo de la familia que se encontró con el joven herido, lo trasladó hasta el Hospital Piñeiro. A Duran el hecho de solidaridad le costó caro: las fuerzas de seguridad lo detuvieron y le armaron una causa. Además, fue brutalmente golpeado por los agentes. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció el hecho. Duran estuvo casi un mes detenido en el marco de la causa armada por los efectivos policiales que todavía espera resolución judicial.

Humillar a la victima por partida doble

Apenas unas horas después de su muerte, cuando la familia del joven Orellana no había recibido todavía el cuerpo de su hijo, empezaron a circular en las redes sociales fotos del mismo ya fallecido en la morgue judicial. Las imágenes tomadas se burlaban del joven con distintos fotomontajes. Las imágenes fueron tomadas por alguien con acceso a la morgue, ya sean empleados policiales u judiciales con acceso al lugar.

A pesar del grave hecho de violencia por partida doble, el Juzgado de Instrucción N° 27 rechazó el pedido de querella de Elvira, la abuela de Cristian. Debido al fallecimiento de sus padres, el joven fue criado por su abuela, que solicitó a la justicia asumir la representación jurídica en la investigación de su muerte. La abuela de Cristian se presentó en la causa al día siguiente del hecho. A partir de ese momento el juzgado la rechazó sistemáticamente como querellante. Le dicen que no acredita la tutela que ejercía sobre Cristian; en realidad, Elvira acreditó que había iniciado los trámites de la tutela pero por motivos económicos no los pudo terminar. El abogado familiar afirmó que “el Poder Judicial ejerce una discriminación de hecho, si sos pobre no podés ser parte del proceso, y si es contra la policía, menos.”

El letrado realizó una presentación judicial donde cuestionó que “el proveído que se impugna agravia a esta parte al no aceptar a esta parte como querellante, y por lo tanto impidiéndola de ejercer su derecho; es decir, que el perjuicio que esta parte sufre se observa con claridad. Máxime considerando que en el caso se investiga una grave violación a los derechos humanos.”

Mientras Elvira insistía en ser querellante con diversos escritos, el juez dictó el sobreseimiento del policía imputado. La familia realizó una presentación solicitando la nulidad de ese procedimiento, y se apeló para que sea la Cámara la que tenga a la abuela de Cristian por parte.