Caso Luis Espinoza en Tucumán: “La policía se sigue sirviendo de una ley inconstitucional de la dictadura para las detenciones arbitrarias”

El lunes 24 de octubre comenzó el juicio oral por la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Armando Espinoza, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2020 cerca del paraje El Melcho, 95 kilómetros al sur de la capital de Tucumán. Están implicados nueve policías y dos civiles y también se juzga la privación ilegal de la libertad de Juan Antonio Espinoza, hermano de Luis. Está previsto que el proceso se extienda hasta marzo del año que viene y la familia de las víctimas espera condenas con prisión perpetua.

Los Espinoza volvían de realizar diversos trámites cuando fueron abordados por la Policía provincial, en el contexto de un procedimiento de la Comisaría de Monteagudo para detener una carrera de caballos que se había organizado cerca de la zona. Juan relató que fueron golpeados y que, antes de perder el conocimiento, escuchó un disparo de bala y vio cómo iban en dirección hacia Luis, quien desapareció del lugar. La familia asistió esa misma noche a la dependencia policial, pero aseguraron no saber nada e intentaron hacer creer que la víctima se había ocultado en el monte.

El cuerpo del trabajador rural de 31 años apareció sin vida una semana después. Fue hallado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía Judicial “en un precipicio de 150 metros de profundidad, envuelto en bolsas blancas y negras rodeadas de cintas” en territorio catamarqueño, en Andalgalá. La fiscal Mónica García de Targa, que inicialmente estuvo a cargo del caso, dispuso que la fuerza sólo acompañara dado su involucramiento, aunque ya había habido participación de hasta la misma comisaría en la búsqueda desplegada. 

Nueve efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad, entre ellos el comisario Rubén Montenegro. Luego se determinó su detención, junto a otros dos civiles, tras encontrarse sangre en el vehículo que los vecinos señalaron que había estado al final de uno de los rastros. La clave fue el quiebre del pacto de silencio que mantenían los involucrados. Dos oficiales confesaron y dieron pistas sobre el lugar donde había sido arrojado el cuerpo. En ese momento, la carátula de la causa pasó de “presunta desaparición” a “desaparición forzada”, pero tanto el ministro Claudio Maley -hoy funcionario nacional en Seguridad- como el secretario Luis Ibáñez ya habían postulado su propia versión, despegándose de lo que finalmente se descubriría.

Los peritajes del Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) confirmaron que Luis Armando Espinoza fue asesinado de un disparo por la espalda, a la altura del omoplato izquierdo, proveniente del arma de uno de los integrantes de la fuerza de seguridad. Los sospechosos no sólo retuvieron al hermano sin ningún tipo de autorización ni conocimiento de superiores, sino que ocultaron y encubrieron el crimen. Además, para descartar el cuerpo cruzaron a Catamarca, cuando los límites provinciales estaban cerrados por el contexto de aislamiento por la pandemia. 

Los acusados son: el subcomisario Rubén Héctor Montenegro, el oficial auxiliar José Alberto Morales, los sargentos René Eduardo Ardiles y Víctor Manuel Salinas, el agente Gerardo Esteban González Rojas, los cabos Mirian Rosalba González, Claudio Alfredo Zelaya -autor del disparo mortal-, Carlos Lisandro Romano y José María Paz, y los civiles Héctor Fabio Villavicencio y Álvaro Gonzalo González -único partícipe secundario-. Zelaya y González Rojas ya habían estado implicados en el asesinato de Alan Andrada, aunque nunca fueron apartados ni investigados y la causa terminó archivada.

El proceso se inició en el Centro Judicial de Monteros con el viejo código de procedimiento penal. Al entrar en vigencia el nuevo pasó a la Fiscalía Segunda de Homicidios del Centro Judicial de la Capital, a cargo de Carlos Sale, quien hace año y medio había planteado ya la elevación. Sin embargo, el defensor de Zelaya, José Luis Robles, apeló sosteniendo que se trataba de un delito en el ámbito federal. Por eso el fiscal Pablo Camuña adaptó la causa, volvió a tomar declaraciones y finalmente solicitó el juicio oral, del cual participará. La acusación formal es por homicidio agravado por premeditación en grupo y por el uso de arma de fuego. Además, a excepción de los civiles, se añade el abuso de la función como agravante. El juicio también consistirá en determinar si se aplica esa figura legal o si se contempla al hecho como desaparición forzada, según el reclamo de la querella. 

El proceso, que inició la semana pasada, intentó ser suspendido por los acusados y tuvo su momento de mayor tensión con el testimonio de Juan Antonio, testigo clave para conocer lo sucedido, quien fue maltratado durante las preguntas y llegó a descompensarse. En ese contexto, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Mayra Luna, abogada especialista en temas de seguridad de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

Agencia Paco Urondo: ¿Qué análisis llevan a cabo desde Andhes sobre la investigación del caso hasta ahora?       

Mayra Luna: Se enmarca en un análisis de más de veinte años acerca del accionar provincial. Tucumán tiene una larga tradición de violencia, gatillo fácil y accionar arbitrario, muchas veces ilegal y contrario a derechos y garantías del ordenamiento nacional y tratados internacionales. La policía cuenta con una herramienta normativa, la Ley 5.140 de Contravenciones Policiales, sancionada durante y vestigio de la dictadura, ya declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2010 en el caso Núñez –caso que litigó Andhes-, porque habilita una serie de vulneraciones al debido proceso y a la defensa. Sin embargo, no fue derogada y la fuerza se sigue sirviendo de ella para detenciones arbitrarias. No es un caso aislado, son una práctica sistemática de la policía provincial.

Por otro lado, el caso sucede durante la pandemia. Hicimos una lectura de cómo las prácticas policiales se estaban recrudeciendo en ese contexto. En situaciones de crisis, ya sea sociales, económicas o sanitarias, la situación de personas con mayor vulnerabilidad se perjudica más. Se volvieron aún más violentas, represivas y vulneradoras de derechos. A su vez, el tipo de delito investigado es el de desaparición forzada. El hecho de que haya pasado a la jurisdicción federal, con lo que eso significa para la historia de la provincia y de nuestro país, es un punto a remarcar y nos hace reafirmar que las políticas de seguridad se tienen que pensar en un marco de respeto a los derechos y garantías constitucionales.

APU: ¿Cómo fueron las primeras jornadas del juicio oral?
 
ML: Se vienen realizando con mucha presencia de la comunidad y de las organizaciones, con cobertura de medios, lo cual nos parece sumamente relevante por el tipo de investigación. Marca un límite de cómo pensar las políticas públicas de seguridad, bajo qué paradigma se está haciendo. Es importante que todos podamos ver y escuchar a los acusados, testigos y el desarrollo de la investigación. No muchos casos llegan a instancias judiciales, siquiera imputaciones, y no muchos a juicio. Por eso es un caso trascendental.

APU: ¿Qué responsabilidades caben más allá de las actualmente señaladas?

ML: Las responsabilidades las determinará la justicia pero, más allá de los formalmente acusados, no es un caso aislado. Se encuadra dentro de una práctica sistemática y, por ende, las responsabilidades son estructurales y las respuestas también deben serlo. Hay que cambiar el paradigma bajo el que se delinean las políticas, no deben estar jamás escindidas de los derechos y garantías de los ciudadanos tucumanos.

Desde Andhes estamos constantemente pensando herramientas y aportes, exponiendo la necesidad de una nueva ley de contravenciones policiales, que tenga aportes de la sociedad civil y deje atrás la normativa inconstitucional. A su vez, necesitamos una fiscalía especializada en violencia institucional, dentro del Ministerio Público Fiscal, que permita la investigación de este tipo de delitos y tener estadísticas y análisis más profundos y con datos concretos de la situación en la provincia.