Caso María de los Ángeles Paris: los cinco oficiales imputados por el asesinato todavía siguen en la policía

Por Diego Moneta

El 3 de mayo de 2017 María de los Ángeles Paris murió en un pequeño cuarto de la comisaría 10ª del barrio Alberdi en la ciudad de Rosario. Desde ese momento, una sucesión de irregularidades e incertidumbres colmó la investigación. Paris era bibliotecaria en el Centro Educativo Gurruchaga y docente en la Escuela Técnica 464, donde había estado horas antes del hecho.

El informe oficial de la fuerza de seguridad indica que, luego de su ingreso para realizar una supuesta denuncia, la mujer tuvo un “brote psicótico”, lo que derivó en incidentes entre ella y los agentes. Por eso decidieron aislarla y esposarla hasta llamar a una ambulancia, que llegó cuando Paris ya había fallecido. Para la familia se trató desde el comienzo de un caso de violencia institucional y la investigación fue impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), que durante un tiempo formaron parte de la querella.

El 4 de mayo, un día después, se realizó la primera autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, que dictaminó muerte natural tras paro cardiaco, a la espera de examen toxicológico por posible ingesta de sustancias. El Gobierno provincial, a cargo del socialista Miguel Lifschitz, tardó dos meses en abonar para su realización. En relación a la muerte no había acusados, sino sólo una persona imputada por la desaparición de la escena del crimen de la ropa que llevaba puesta la docente. Sin embargo, un registro fílmico y testigos exponían que fue tomada por el cabello y el cuello para reingresar a la dependencia policial, donde moriría encerrada, esposada e inmovilizada hora y media después.

Cinco meses exactos después se llevó a cabo una segunda autopsia, ordenada por el juez José Luis Suárez tras un pedido de la familia. Karina Bartocci, la fiscal de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional, se había negado. La perito de la querella, Virgina Creimer, y otra de la Corte Suprema de Justicia Nacional, Cristina Bustos, confirmaron que el análisis anterior no se había hecho bajo el Protocolo de Minessota, especial para casos en los que la muerte se da en situación de encierro o custodia de alguna fuerza de seguridad, y que, una vez aplicado, se pudo constatar la existencia de lesiones vinculadas al accionar en torturas de la policía.

Paris sufrió la fractura de dos arcos costales, además de golpes en la espalda, tobillo y pie izquierdo, y ambos brazos, piernas y rodillas. La muerte se produjo por arritmia cardiaca fatal, producto del estado hiperadrenérgico originado en la resistencia al sometimiento de los agentes policiales, coadyuvado por una hipoxia aguda (asfixia posicional). En la primera ocasión el aparato para realizar radiografías no funcionaba. Según la querella, el IML la realizó de forma "incompleta, insuficiente, con falta de metodología sistemática". El principal apuntado fue Lucas Kuverling, el médico forense que la llevó a cabo, quien fue denunciado por irregularidades en su trabajo.

El 18 de junio de 2019 imputaron a cinco agentes policiales por la muerte de María de los Ángeles Paris. La familia de la víctima había solicitado que se califiquen los hechos como tortura seguida de muerte, exigiendo prisión preventiva para dos oficiales, pero el juez aceptó provisoriamente las calificaciones presentadas por la Fiscalía como homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En relación a las medidas cautelares impuso la presentación periódica de imputados ante la Oficina de Gestión Judicial y la prohibición de salida del país y de todo tipo de contacto con familia y testigos de la causa. Al mes siguiente, familiares efectuaron una presentación formal al ministro de Seguridad de Santa Fe y al Jefe de Policía provincial solicitando la separación de las y los efectivos policiales imputados, ya que fueron reubicados en otras comisarías.

Los cinco uniformados en cuestión son el comisario Silvio Cortes y la suboficial Susana Domínguez, señalados por homicidio preterintencional e incumplimiento en los deberes de funcionario público, y los agentes Damián Zalazar, Silvina Gianotti y Andrea Allovatti, investigados únicamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El registro de sus celulares fue fundamental, y allí hizo hincapié el juez Suárez para aceptar la imputación: en un audio enviado a una superior, que fue eliminado posteriormente, Cortes reconoce golpes hacia Paris. El magistrado entendió que esa noche se sucedieron una cadena de errores, empezando por una detención abusiva o que no correspondía. Además, nadie solicitó asistencia médica cuando desde el ingreso a la dependencia la mujer dio signos de estar padeciendo algún tipo de alteración en su salud.

Según la investigación, cerca de las 21 del 3 de mayo de 2017 Paris se dirigió a la comisaría, sin poder constatar las razones que la motivaron. Fue recibida por Allovatti, quien en ese entonces pudo observar que requería algún tipo de atención médica. Media hora después, Paris se retira y se dirige a la funeraria ubicada a metros de la dependencia. Luego de cinco minutos retorna, permanece unos segundos y otra vez emprende camino al mismo lugar. Intentó trepar las rejas de una casa, subirse a un automóvil y finalmente corrió por la calle. Los agentes Zalazar y Gianotti la hicieron ascender al móvil y se dirigieron a la seccional.

Tras bajar del patrullero e intentar dirigirse a la entrada de otro domicilio, Cortes la toma del cabello, la sujeta del cuello y la inmoviliza. La suboficial Domínguez la toma por los pies y la ingresan a la comisaría. Como trataba de soltarse, la golpearon, le colocaron las esposas y la acostaron boca abajo, lo que terminó ocasionándole la muerte. El hecho fue observado por todos los involucrados y ninguno solicitó ayuda médica.

En agosto del año pasado, la fiscal Bartocci comunicó la acusación por los delitos imputados. Acorde a su postura, pidió cuatro años de prisión para Cortes y Domínguez y un año de inhabilitación especial y multa para los otros tres agentes. En tanto, la querella sumó otras figuras penales y solicitó 25 años para Cortes y Domínguez por "tortura en concurso real con homicidio preterintencional, privación ilegal de la libertad e incumplimientos" y para Gianotti, Allovati y Zalazar 11 años por "incumplimiento, omisión de denunciar torturas y sustracción e inutilización de objetos custodiados".

El caso de violencia institucional fue denunciado por la APDH en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Relator de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En septiembre de 2019, le realizaron un homenaje a María de los Ángeles y decidieron que la biblioteca de la Gurruchaga llevara su nombre. Por otro lado, se suspendió la audiencia preliminar porque se superponía con el del homicidio de Maximiliano Zamudio, asesinado por un prefecto en 2015. Todavía no hay fecha siquiera aproximada para su realización ni para el juicio oral.