Caso Tomás Orihuela: exigen imputaciones por la muerte del joven cordobés

Tomás Orihuela, de 19 años, fue encontrado sin vida con signos de ahorcamiento dentro de una celda de la Comisaría Sexta en el barrio General Paz, Córdoba, tras ser alojado de manera provisoria en el marco de un procedimiento policial. El hecho ocurrió durante los últimos días de abril y, por el momento, la justicia provincial mantiene a cinco efectivos bajo investigación.

Orihuela había sido detenido en dos oportunidades en menos de 48 horas tras cumplir una condena de cuatro meses. Según lo informado, se vincularon a pedidos de captura antiguos que aún figuraban en los sistemas, y en ambos casos derivaron en su liberación. Durante la segunda detención, cuando estaba próximo a ser liberado, fue alojado en un calabozo, del cual saldría en coma. Horas después falleció en el Hospital Eva Perón y la familia denunció de inmediato que se trata de un caso de violencia institucional. 

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la intervención de las autoridades: “Mandamos como siempre a los directores que estén de turno y el órgano de control de conducta de la fuerza policial se pone en conocimiento”. A su vez, negó que haya lugar para el encubrimiento y garantizó el acceso a las pruebas: “Hay cámaras que tienen que haber registrado lo que sucedió y se secuestraron los celulares de los policías involucrados”. Por último, Quinteros reconoció que el caso expone posibles fallas en los controles: “Nos obliga a revisar protocolos internos de la policía sobre alojamiento y estadía de los detenidos”.

De acuerdo con la versión policial, el joven fue hallado colgado dentro de la celda. No hay cámaras en el interior de los calabozos, por lo que lo ocurrido no quedó registrado. La familia rechaza la hipótesis de suicidio y sostiene que no tenía motivos para quitarse la vida, ya que estaba a punto de recuperar la libertad.

Familiares y vecinos llevaron a cabo el martes 5 de mayo una protesta afuera de Tribunales II exigiendo avances en la investigación. En una reunión con el fiscal Andrés Godoy, a cargo de la causa, presentaron audios atribuidos a Orihuela en los que manifestaba temor hacia la policía. La querella insiste en una posible instigación al suicidio y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, el poder judicial analiza los celulares de los efectivos involucrados y busca esclarecer por qué fue detenido sin orden vigente y alojado en una dependencia no adecuada.

Luego del encuentro, la abogada defensora Marta Rizzotti confirmó que el funcionario incorporó al expediente dos audios que Tomás le envió a su mamá días antes de morir donde expone situaciones de violencia policial. La autopsia reveló que murió por asfixia y en su cuerpo hay signos de ahorcamiento. En ese marco, pidió al fiscal que ordene la detención de los efectivos implicados: dos agentes que lo detuvieron en la calle y tres que se encontraban en la comisaría esa noche, pero hasta el momento no hay imputaciones. 

En el marco de la concentración, Mariana, hermana del joven, se expresó ante los medios de comunicación presentes: "Queremos sólo pedir justicia por Tomás. No creemos que se haya ahorcado, las pruebas y los testigos van a demostrar qué es lo que pasó realmente". Además, sostuvo que Tomás era objeto de hostigamiento por parte de la policía, lo que él expresa en los audios que envió a su mamá cuando fue detenido. Por último, exigió que sean imputados los efectivos involucrados.