A 35 años del crimen de Walter Bulacio: el caso que llevo al país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El domingo 26 de abril pasado se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del joven Walter Bulacio, el caso emblemático que expuso la violencia policial, manifestada entre otras acciones en razzias contra la juventud, de la década del 90. El hecho inició el 19 de abril de 1991, en la puerta del Estadio de Obras al cual había asistido Bulacio por un recital de los Redondos. Allí fue víctima de una detención junto más de ochenta jóvenes. Por los resultados de la detención y la represión Walter sufrió heridas en su cráneo y en otras partes de su cuerpo. Finalmente murió por un derrame cerebral y su caso dio origen a una larga lucha de memoria y justicia que llevó al país a los Tribunales Internacionales.

El 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Corte IDH - dictó sentencia en el marco del caso Bulacio, en el cual la República Argentina acordó una solución y reconoció o su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de la víctima. La causa Bulacio vuelve a tomar vigencia cada vez que se conocen nuevos casos de detenciones arbitrarias o abusos de las fuerzas de la seguridad.

"La detención, tortura y muerte de Walter pusieron sobre la mesa las detenciones arbitrarias, al calor de manifestaciones juveniles multitudinarias que sacudieron la desmovilización de la época y trajeron al centro político una pelea que se venía desarrollando de forma mucho menos visible en las barriadas populares. Con esas marchas nació un grito colectivo que perdura, sobre todo, en la garganta de jóvenes que no habían nacido, pero que hoy levantan esa bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal. Ese saldo organizativo se expresa en la consolidación de CORREPI y el conjunto del movimiento antirrepresivo en Argentina”, reflexionó la abogada María del Carmen Verdú en una entrevista con AGENCIA PACO URONDO en 2021.

“La parte medular de la sentencia sigue incumplida porque el sistema de detenciones arbitrarias es incluso de mayor amplitud. Cuando un juez o fiscal quiere ordenar una detención debe fundamentar por escrito razones y pruebas. Un policía, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. Una vez en la comisaría, adecuan a lo que mejor cuadre según la situación. Para eso tienen a su disposición la averiguación de antecedentes o la identificación de faltas y contravenciones, sin olvidar las razzias”, añadió respecto al incumplimiento de las normativas internacionales por parte del Estado argentino. 

En una entrevista en 2022, Esteban Rodríguez Alzueta, investigador del LESyC de la Universidad Nacional de Quilmes conversó con AGENCIA PACO URONDO y reflexionaba: "Me parece que el caso Bulacio hay que pensarlo al lado de otros casos similares y al lado de las trayectorias de los organismos de derechos humanos, de las tareas pendientes con las que se medían los derechos humanos en aquel entonces. Se había invertido mucho tiempo y energía en problematizar el Terrorismo de estado, pero estaban quedando algunas tareas pendientes, una de ellas era las continuidades entre las dictaduras y la democracia. El caso Bulacio permitió arrojar luz sobre algunas prácticas policiales con mucha historia en el país, sirvió para pensar cuánto le debían las policías de la democracia a las policías de las dictaduras. Todos sabemos que los gobiernos pasan y las policías permanecen, de modo que había razones suficientes para poner el ojo en esas burocracias, en las inercias institucionales, comenzar a problematizar las razzias, las detenciones policiales, los traslados a las comisarías, el destrato y la brutalidad policial."

"Mira, como dijo alguna vez Hannah Arendt, tratando de escindir las responsabilidades individuales de la responsabilidad colectivas o sociales, “en un tribunal no se juzga ningún sistema”. Es decir: las estructuras no van a juicio. Las estructuras, las prácticas policiales de las que son objetos los jóvenes, no se van a comprender y, mucho menos poner en crisis o desandar, a través del reproche judicial. Y eso no significa que ese reproche sea una cuestión menor, pero no hay que hacerse muchas ilusiones con estos juicios que, insisto, son muy necesarios. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la intervención sobre esas burocracias necesitaba el desarrollo de políticas públicas de largo aliento, que no alcanza el reproche judicial ni el litigio estratégico”, sintetizó el investigador. 

A su vez, agregó: "En las últimas décadas, y solo en la provincia de Buenos Aires, hay pabellones enteros en varias Unidades, destinados a las fuerzas, que están repletos. En las últimas décadas, se han realizado también cientos de purgas y exoneraciones y, sin embargo, la policía sigue siendo ´la maldita policía´. Por más que se retiren las manzanas podridas, se seguirá pudriendo el resto, porque el problema es el canasto que las contiene, es decir, la institución, o, mejor dicho, la división del trabajo que organiza el quehacer policial; las relaciones de posición que atribuyen determinados roles a los agentes, papeles que los policías no eligieron ni controlan, que no siempre coincide con sus elecciones, sus pasiones. Es decir, operar sobre las estructuras, requiere de otro tipo de militancias, no alcanza con la militancia de derechos humanos".