CELS: “Buscan desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social”

“Intimidación pública”: una nueva figura para perseguir a los manifestantes

Ayer al mediodía, siete personas fueron detenidas durante un operativo policial que reprimió una protesta en la plaza de los Tribunales, convocada para reclamar la liberación del lonko mapuche Facundo Jones Huala. Seis personas fueron llevadas a dos comisarías de la ciudad y una al Hospital Argerich porque, como consecuencia del operativo, resultó herida.

Del mismo modo que el 28 de junio durante una protesta que ocurría en la Av. 9 de julio, la represión comenzó mientras existían negociaciones para que los manifestantes se retiraran. La intervención policial estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal Argentina, una repartición que responde a la Dirección General de Antiterrorismo de esa fuerza.

Las y los manifestantes están privados de la libertad desde hace más de 24 hs acusados del delito de “intimidación pública”, entre otros. Esta figura penal también se utilizó contra los militantes sociales detenidos la semana pasada y agrava aún más la criminalización de quienes protestan: se utiliza de manera extensiva un tipo penal que no aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores.

Además, las personas permanecen incomunicadas, es decir que no pueden hablar ni siquiera con sus familiares; esta medida es arbitraria y desproporcionada y tiene un efecto intimidador mayor para las personas detenidas y sus familias y para todos los manifestantes.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal y criminal endurecieron su reacción a las protestas cuando no se trata de manifestaciones masivas. A las consecuencias para la integridad física que tienen los operativos violentos se agregan las consecuencias negativas que tiene la criminalización. La privación de la libertad y los procesos penales posteriores son mensajes claros que buscan desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social.