COVID-19: Organismos de derechos humanos expresaron preocupación por la situación carcelaria

Por Red Nacional contra la Tortura*

Las organizaciones y defensores/as de derechos humanos que formamos la Red Nacional contra la Tortura nos dirigimos a Uds. a fin de reiterar nuestra preocupación por la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad en los diferentes lugares de detención de nuestro país. 

En este sentido recordamos que pasaron más de dos meses desde que, el 20 de marzo de 2020, les manifestáramos que “observamos con preocupación el impacto que puede tener el avance de la pandemia del COVID-19 en la población privada de la libertad alojada en unidades penitenciarias y dependencias de fuerzas policiales y de seguridad en todo el país. Como es evidente, esta población es especialmente vulnerable frente a una enfermedad contagiosa dado el hacinamiento y los problemas para acceder una rápida atención médica en el encierro.”

En esa ocasión, dijimos algo que parecía evidente: “De la misma manera que el Presidente de la Nación a través de un DNU tomó medidas excepcionales para toda la población argentina con el objetivo de prevenir la expansión de la pandemia, creemos que deben tomarse medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad.  Sobre todo, queremos hacer hincapié en la necesidad de que haya un organismo, institución o comité de emergencia que centralice, coordine y monitoree la aplicación de las medidas preventivas y de contingencia del Covid-19 para la población alojada en cárceles, comisarías e institutos de menores.”

Al respecto propusimos una serie de medidas: 
1.    Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes del estado, en especial del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.

2.    Es necesario que un organismo lidere y centralice esta coordinación para garantizar que las medidas se lleven adelante. El Comité Nacional contra la Tortura debe involucrarse en garantizar esa coordinación. 

3.    Si el distanciamiento social es la clave para afrontar el contagio, esta coordinación debe estar dirigida a efectivizar las libertades de las personas en riesgo según las disposiciones del Ministerio de Salud, para descongestionar los sistemas y reducir el hacinamiento. 

4.    Otorgar prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y embarazadas

5.    Para lograr un verdadero impacto de disminución de la sobrepoblación, esta medida debe acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de las condenas por delitos leves o no violentos.

6.    Otorgar libertades o prisión domiciliaria a quienes están con salidas transitorias.

7.    Conceder libertades asistidas y condicionales a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, están en condiciones de obtenerlas.

8.    Es necesario un esquema de emergencia dentro del Poder Judicial que priorice estas decisiones. Los órganos superiores deben brindar instrucciones claras de cómo avanzar para el acceso a libertades y centralizar las decisiones judiciales para evitar la lentitud del caso a caso.

9.    Garantizar que haya espacio adecuado y aislado para las personas privadas de la libertad que eventualmente hayan contraído el virus para que no se propague el contagio dentro de las unidades

10.    Garantizar el acceso a alimentación adecuada ya que la restricción de las visitas puede limitar el acceso a la alimentación a parte de la población penitenciaria.  

11.    Los poderes ejecutivos nacionales y provinciales deben garantizar el acceso a elementos sanitarios para la higiene.

12.    Garantizar acceso a la salud de las personas privadas de la libertad.

Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, no quedan dudas que la problemática se acrecentó y las soluciones no llegaron.  

En este lapso, murieron en contexto de encierro, al menos diez personas privadas de libertad: ocho en cárceles de Santa Fe; una en Corrientes, una en Buenos Aires. 
El 24 de abril, en el marco de una protesta en la Cárcel de Devoto en la cual resultaron heridas dos personas privadas de libertad con balas de plomo, en el contexto de la represión de la misma, la problemática carcelaria pareció tomar fuerza e ingresó al debate público. Sin embargo, lo hizo del peor modo: el derecho a la libertad para las personas que están en término de libertad condicional o asistida; el derecho a quedarse en casa de quienes están con salidas transitorias; y la posibilidad el arresto domiciliario para quienes tienen condiciones físicas que los ponen en situación de riesgo, se redujo a una consigna falsa: “liberan a violadores y asesinos”. Los pocos jueces que ordenaron libertades fueron amenazados con juicios políticos, pese a que las cámaras de casación provincial, nacional y federal establecieron parámetros semejantes a los que recomendamos las organizaciones firmantes, lo que no hace más que recoger a la vez, las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas); y el ejemplo de lo que han hecho países en los que la pandemia ya ha provocado sus efectos más dolorosos.

Si bien se abrió un espacio de diálogo para las cárceles federales, en el que participan acompañando a las personas privadas de libertad algunas de las organizaciones que integran esta Red, a la fecha no se avanzó en los problemas más importantes: 

•    El testeo masivo de las personas privadas de libertad, al menos, de las que conviven con las personas ya identificadas con COVID 19 –17 casos en Devoto, 27 en la Unidad 1 de Corrientes- 
•    La efectivización de las libertades para aquellas personas que tienen derecho a obtenerlas. 

Asimismo, les hacemos saber que a la fecha, no solo hay casos en cárceles, sino también en institutos de menores de la CABA, en alcaidías policiales de CABA que están sobrepobladas y en el neuropsiquiátrico Borda.

Las organizaciones y defensores/as de derechos humanos firmantes insistimos en la URGENTE necesidad de que la problemática del encierro sea asumida por las autoridades de los poderes públicos, antes de que sea demasiado tarde. 

*Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura
- ACIFAD
- AIRE (La Rioja) 
- ANDHES (Tucumán y Jujuy)
- APDH (La Plata)
- APP
- Catamarca contra la Tortura
- Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe)
- CDESCO (Tucumán)
- CELS 
- CEPOC 
- CIAJ 
- GMAF 
- La Cantora 
- Multisectorial Contra La Violencia Institucional (Rosario)
- Observatorio de DDHH (Río Negro)
- O-irse (Tucumán)
- Red de DDHH (Corrientes) 
- Xumek (Mendoza) 
- Yo No fui