Caso Blas Correas: siete policías cesanteados y el reclamo por la responsabilidad política

El 6 de agosto de 2020 el asesinato de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de Córdoba se convirtió en uno de los hechos más emblemáticos de violencia institucional en el último tiempo. A seis años del crimen, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario dispuso la cesantía de siete efectivos que habían sido investigados por su actuación, lo que vuelve a poner el foco sobre las responsabilidades políticas del caso.

La resolución administrativa alcanza a Diego Norberto González, Emanuel Alejandro Fachisthers, Ezequiel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Melisa Janet Escalante, Natalia Soledad Márquez, y Rodrigo Emmanuel Toloza. Según informaron, la sanción fue aplicada por considerarlos “administrativamente” responsables de “faltas gravísimas” vinculadas al incumplimiento del deber de proteger la vida de un ciudadano herido durante el procedimiento policial.

Uno de los policías cesanteados, Rodrigo Emmanuel Toloza, aseguró que ya había sido absuelto de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en el primer juicio por el crimen, por lo que consideró injustificada la medida adoptada. Ya había retomado sus funciones hace tres años, pero ahora enfrenta una nueva imputación por abuso de autoridad dada la revisión del accionar en el control policial que termina desencadenando el hecho.

En ese marco, Soledad Laciar, madre de Blas, volvió a exigir que se investiguen las responsabilidades políticas y de la cúpula policial en el asesinato. Si bien valoró que los agentes fueran apartados, sostuvo que la investigación continúa enfocándose sólo en los niveles inferiores de la fuerza de seguridad. En ese sentido, señaló al entonces gobernador Juan Schiaretti, al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y a exjefes de la Policía de Córdoba. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Laciar reflexiona sobre el nuevo aniversario.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es su reflexión en este nuevo aniversario?

Soledad Laciar: Tuvo algunos elementos diferentes, pude mirarlo en perspectiva ya que pasaron seis años y aún no conseguimos justicia completa. Aunque el segundo juicio avance tampoco va a haber respuestas satisfactorias como familia, básicamente, quién puso en la calle a Gómez y Alarcón, cuando no estaban aptos. No sólo ellos sino todos los involucrados. Es un fallo en la policía y en el Ministerio de Seguridad contar con efectivos con poca idoneidad e integridad.

APU: ¿Qué podría comentar del accionar del poder judicial?

SL: El primer juicio tuvo tres imputados de los once que resultaron responsables, sólo dos permanecen presos -Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón-. Sin embargo, hay muchas irregularidades que aun hoy no fueron condenadas, como la preparación de una escena para plantar un arma con el aval de tantos efectivos y de la institución misma. Se había presentado un proyecto de ley para agravar las penas en estos tipos de casos que nunca prosperó. El ministro de Seguridad de ese entonces, Alfonso Mosquera, está acusado de haber encubierto el crimen de mi hijo. Quedó demostrado en el primer juicio, pero nunca hubo condena.

APU: ¿Cómo fue su lucha durante estos seis años?

SL: Mi lucha es permanente y todos los días. Siempre pedí justicia por Blas, lo va a ser cuando recién podamos decir “Nunca Más” y eso realmente no ha ocurrido. Si bien ha habido varios cambios en la fuerza, debo decir que hoy veo una policía más empática, todavía hay mucho por resolver y aún falta recorrer un largo camino. Sin embargo, siempre tengo la esperanza. Soy una madre que lucha para que cambien las cosas, tengo un dolor pero sigo adelante.