Dos empresarios textiles a juicio por trata de personas

Por Redacción APU

La causa que investiga las muertes de los niños Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, en un incendio en un taller clandestino de Flores, en abril del 2015, continúa su curso en la Justicia. Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, abogados del padre de los niños fallecidos Esteban Mur, solicitaron  la elevación a juicio oral enmarcada en un caso de trata de personas con fines de explotación laboral agravada.

Los abogados afirmaron que en el expediente hay pruebas contundentes de que en el taller textil de Páez 2796 los damnificados trabajaban más de doce horas diarias sin gozar del apropiado descanso, no solo diario, sino también semanal. Según explicó la representación legal de la familia, “esto excede de sobremanera las previsiones legales en materia laboral; en precarias condiciones de higiene, ventilación, iluminación y en inapropiadas condiciones de seguridad (falta de una adecuada instalación eléctrica acorde al tipo de actividad allí realizada, falta de extinguidores, de salidas de emergencia y de la respectiva señalética, entre otras cuestiones)".

Según explicaron, se consideró demostrada la situación de vulnerabilidad que vivían los trabajadores textiles al momento de ser receptados por los empresarios Lee y Choi. En esa dirección, la presentación judicial, incorpora una denuncia general sobre el contexto de explotación y trabajo forzado en la industria textil.

Además, según manifestó la querella, debido a los escasos montos dinerarios que los trabajadores explotados percibían como salario se encontraban prácticamente obligados a vivir en el mismo lugar en el que trabajaban y les descontaban dinero a cuenta de las máquinas que utilizaban, bajo la falsa promesa que algún día serían suyas.

Desde otra perspectiva, Carpineti señaló que "es una industria en la cual un sector del empresariado decidió percibir tasas extraordinarias de ganancias a través de la vulneración de todos los derechos de los trabajadores; la relación pasa a tener carácter delictivo. En estos talleres textiles se reducen costos y se aumentan riesgos a partir de desentenderse de los derechos y obligaciones que debieran estar presentes en una relación de trabajo".

El pedido de elevación a juicio incorpora una cita de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que señala : “Esta mayor rentabilidad se alcanza entonces a costa de los derechos de los trabajadores (…) se traduce en bajos salarios, condiciones precarias de labor, extensas jornadas de trabajo, no reconocimiento de períodos de descanso, vacaciones o enfermedad, obligación de realizar horas extraordinarias (…). En el caso de los talleres clandestinos, se suman restricciones severas a la libre circulación, retención indebida de documentos, prohibición de salidas, encierro, condiciones de hacinamiento crítico, alimentación precaria, situaciones de abuso, amenaza, violencia, coacción.”

Por otro lado, Berguier agregó que "la investigación pudo avanzar gracias al apoyo de sindicatos y  cooperativas de trabajo que desde un primer momento estuvieron con las familias. El trabajo de los docentes de la escuela La Pampa donde iban los niños fallecidos, facilitó la reconstrucción de cómo se vivía en ese taller, que la familia lo pudiera contar. El juicio oral y público al que logramos llegar, debe asentar una jurisprudencia contundente respecto de que los empresarios que dirigen unidades productivas en estas condiciones, están cometiendo un delito penal grave; no son infracciones laborales".