“La respuesta del Estado tiene que estar focalizada en no cometer una violación a los derechos humanos”

La mediatización del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven atacado por un grupo de rugbiers durante enero de 2020 en Villa Gesell, ha suscitado diversos debates alrededor de la pena a prisión perpetua y el funcionamiento de las cárceles. Al mismo tiempo, en aquellas cuestiones pendientes de un abordaje serio el morbo generado por los medios de comunicación ha bloqueado y, de alguna manera, reaccionado frente a las opiniones que intentan desligarse de una postura más bien punitivista.

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Natalia D´Alessandro, presidenta de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), señala como “primer inconveniente y tergiversación” las limitaciones que genera el acceso indirecto al caso. “Nos terminamos enterando de lo que sucede no porque haya una cuestión de publicidad -no hay transmisión online de las audiencias- sino por lo que van contando los mismos periodistas”. A su vez, apunta que el abordaje, en general, ha sido de una manera “cerrada que termina fomentando un espiral de violencia punitiva”. Ese aspecto, según señaló Esteban Rodríguez Alzueta en este mismo portal, no es patrimonio exclusivo ni de las derechas ni de las clases medias.

Por otro lado, el caso mediático en cuestión también nos hace dirigir la atención hacia el estado del sistema carcelario argentino, un punto que siempre parece estar fuera de la discusión cuando, en realidad, se encuentra muy alejado de aquella idea que contribuía a la reinserción social. En este contexto, hace poco menos de un mes se cumplieron diez años del asesinato de Florencia Cuellar, tras reclamar junto a un grupo de mujeres por mejores condiciones en el pabellón 23 de la Unidad IV del Penal de Ezeiza.

Agencia Paco Urondo: ¿Cree que la desconfianza sobre el poder judicial influye en este caso en un discurso más punitivista?

Natalia D´Alessandro: Quienes seguimos el derecho penal sabemos que ya de por sí es selectivo y violento. En este caso pareciera invertirse porque los imputados pertenecen a cierta clase social que se está poniendo sobre la mesa. Los chetos que mataron al pobre o, lo que se ha planteado en algunas transmisiones, el homicidio por cuestiones de raza. Lo deslegitimado que está el poder judicial genera contexto. Acá lo transcendental es la comunicación mediática, porque coloca a un tribunal frente a una presión mediático-social para que la única forma de conformar vaya a ser con la imposición de la cadena perpetua.

El momento crítico que está atravesando el poder judicial, en cuanto a que están quedando al descubierto sus intereses de clase y cómo toman decisiones que perjudican al conjunto del pueblo, acontece en un caso mediático como este, en uno político como la persecución contra Cristina y ante un ciudadano que va a reclamar con un amparo que no le aumenten la obra social. No me parece que tenga alguna particularidad y que entienda que con una condena “ejemplificadora” vaya a ser mirado de otra manera. Sí creo que ese momento influye en las resoluciones que tome.

APU: ¿Considera que hay una sobrerreacción agresiva contra quienes se cuestionen la prisión preventiva y perpetua en el caso, como le ocurrió a Claudia Cesaroni?

ND: Rescato el valor de Claudia porque se sabe de antemano la reacción. La primera diferencia es que uno puede analizar como juristas cuál va a ser la respuesta del Estado. La víctima se puede expresar como sienta, pueda y quiera hacerlo porque está atravesada por el dolor. Diferente es cuando comunicadores sociales, abogados y abogadas, y los mismos jueces y otros integrantes del sistema tratan de escudarse en ese dolor para llevar embates contra las garantías constitucionales y para justificar la violencia del poder punitivo. La respuesta estatal tiene que estar, por criterio constitucional, encorsetada en una serie de cuestiones a tener en cuenta. Se pone en juego cuál es la finalidad de la pena.

Sabemos que el derecho penal es violento y que la aplicación de la pena es consecuencia de haber cometido un delito. Nadie está pidiendo que haya impunidad. La aplicación de la perpetua en este caso sería inhumana e iría en contra de un montón de principios constitucionales que deben ser tenidos en cuenta. La respuesta del Estado no puede ir nunca amparada en el dolor de la víctima y tiene que estar focalizada en no cometer una violación a los derechos humanos.

Me llama siempre la atención cómo hacen esa referencia pero también hay que ponerse a pensar qué pasa con los padres de las personas acusadas, que tienen familia y vida que deben ser consideradas. Creo que la mayor agresión se da confundiendo impunidad con complejizar un poco la imposición de una pena y que no pase tan livianamente el pedido de perpetua en chicos de veinte años que van a pasar el resto de su vida en la cárcel

APU: La posible perpetua se liga al estado y funcionamiento de las cárceles.

ND: Cesaroni planteaba que una pena de cincuenta años privados de su libertad es inhumana más allá de que se cumpla en un hotel cinco estrellas. La discusión sobre la crueldad de una prisión perpetua que, por las reformas sucesivas desde 2004 con el caso Blumberg hasta 2017 con la que prohibió la posibilidad de disponer de libertad condicional en una serie de delitos –entre los que están los homicidios agravados del Artículo 80-, se transforma en una pena de cincuenta años y no de veinte o quince con salidas transitorias, va más allá de las condiciones en las que se cumpla. 

No podemos obviar que serán años en las unidades penitenciarias de este país, con las falencias que todo el mundo sabe que tienen y en condiciones inadecuadas para cumplir uno de los fines filosóficos-políticos de una pena que sería la reinserción social. Nadie discute que no están dirigidas hacia allí, pero lo cierto es que, además legalmente, la imposición se fundamenta en la resocialización de la persona que cometió el delito.

Las críticas a las últimas reformas de la ley de ejecución son porque no podes tener un régimen que sea completamente cerrado sin posibilidad de libertad condicional y salidas transitorias, sumado a la ausencia de políticas fuertes de contención de egreso. Hay ejemplos de cooperativas de liberados que demuestran que, aquellas personas logran tener un círculo de inserción en libertad, tienen menores posibilidades de reincidir y volver a estar en prisión. 

APU: ¿El progresismo, kirchnerismo y/o peronismo se han desligado de la agenda de la seguridad más allá de actuales reclamos sobre reformas judiciales?

ND: No es algo de último momento dejar ese ámbito librado a las opiniones y discursos de derecha y no es el único campo en el que sucede. El primer inconveniente es que no hay una visión compacta dentro del Frente de Todos de qué es lo que hay que hacer en cuestiones de seguridad. Ya se dijo un montón de veces. Tenes figuras como Sergio Berni y como Sabina Frederic dentro de un mismo espacio político y esa síntesis nunca logró darse.

Sucedió aun cuando el kirchnerismo tenía resuelto y compacto otros temas. Cuando se crea el Ministerio de Seguridad y ponen a Nilda Garré se termina dando una disputa entre una línea, si se quiere, de construcción ciudadana y una más operativa, que es la que gana. Se queda Berni y Garré se va. No se resolvió en ese momento y no está resuelta ahora. Falta una discusión seria, entre otras, de qué hacer con la seguridad y entender que hay que hablar para no regalar agendas.

APU: ¿Cuál cree que es el impedimento para dar esas discusiones?

ND: El problema es la repercusión mediática de aquellas personas que intentan expresar una línea distinta en materia de seguridad, que no pasa con el resto de los temas. Uno puede debatir de economía, cuando se habla de seguridad las posturas más reaccionarias suelen tener mayor amplificación y siempre son más cuestionadas las más vinculadas con el respeto a las garantías constitucionales. De hecho, el garantismo se usa para denostar una postura cuando en realidad no es ni más ni menos que el respeto de la Constitución.

Tampoco se encontraron referentes que se sientan cómodos manteniendo determinadas líneas a pesar de los ataques que puedan sufrir desde adentro y afuera. Hay una anulación de líneas de debate que no sucede en otros temas. En este caso, sería que cualquier otra postura que no sea aplicar una prisión perpetua es estar del lado de la “impunidad”. Es incómodo y uno tiene que andar justificando siempre. Es muy desgastante sostenerlo y después llega un momento en el que lo que vende es el morbo de todos los medios analizando gestos de los acusados.

APU: ¿Qué consecuencia genera? ¿Cómo se puede hallar una salida?

ND: Todas esas cuestiones hacen que no sea fácil hablar de seguridad, derecho penal, límites a la respuesta estatal. Se genera una ensalada en la que es complicado sostener una postura. Por otro lado, la forma de salir es, en parte como hace Claudia Cesaroni, sosteniendo a pesar de ser atacada y poniendo temas incómodos sobre la mesa haciéndose cargo y sin esquivar el debate. 

Hay más voces que entienden que el costo político de sostener determinada línea es uno que no están dispuestos a pagar. Hablar de derechos de los presos en una lógica electoralista nunca da votos y estamos en año electoral. No va a haber lugar sino para discursos reaccionarios que a nadie le hacen ruido y que no consideran que cuando uno justifica y se vanagloria de la ampliación del poder punitivo no termina dándose cuenta de que se está inflando un poder que siempre se vuelve en contra de los oprimidos y los más débiles.