Mendoza: un prófugo denunció ante el Congreso nacional a un juez federal por "graves irregularidades"

Por Enrique de la Calle

Entre los días 5 y 9 de junio de 2020 se dieron una serie de allanamientos masivos en el Gran Mendoza por orden del fiscal Fernando Alcaraz y el juez federal Marcelo Fabián Garnica, tras una investigación hacia una supuesta organización criminal dirigida por el hermano de Daniel “Rengo” Aguilera, líder de la hinchada de Godoy Cruz y actualmente condenado por Infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737). Tras los más de cuarenta allanamientos en conjunto llevados a cabo simultáneamente, la gran mayoría en el Barrio La Gloria de Godoy Cruz, en la capital provincial, Las Heras y Maipú, se logró incautar quince armas, más de mil municiones, una cantidad de cocaína cercana a los quince kilos, un total de dieciocho personas detenidas, incluyendo mujeres menores de edad y cinco prófugos de los cuales dos se entregaron por propia voluntad y uno de éstos es hermano de quién se manifiesta ahora.

Hace escasos días, Diego Ramón Aguilera, a quien la Policía de Mendoza resalta como líder de la banda, presentó ante el Secretario Administrativo de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación, Gustavo Coronel Villalva (ya redirigido al Presidente de Cámara Sergio Massa), y ante el Dr. Andrés Heim de la Procuraduría de Violencia Institucional, su interés de entregarse a la justicia si las Garantías Constitucionales y los Derechos que le corresponden no son violados por el magistrado mendocino.

También afirma connivencia entre la testigo encubierta (que seria familiar de sangre del acusado) y los policías de investigaciones que actuaron en el seguimiento, la intervención de la Procuración Penitenciaria Nacional ante las ordenanzas emitidas por la Cámara de Garantías de Mendoza para con los imputados, que fueron vulneradas por el Juzgado Federal y otras falencias.

Presentación

En su pedido, Aguilera aclaró que quiere presentarse ante la Justicia pero que le garanticen el debido proceso. "Confieso mi voluntad de sometimiento al debido proceso legal que debe imperar, pero no lo haré sin ejercer el Derecho a Defensa que me corresponde. Debo aclarar que el sistema acusatorio de la causa donde se me imputa está conformado por una sola persona (Dr. Marcelo Fabián Garnica) dejando a la vista, claramente, la ausencia de interacción de un fiscal en su rol encomendado y, por ende; mis Garantías Constitucionales se encuentran enemistadas ante el Abuso de Poder demostrado por el señor juez. El Dr. Garnica es quien instruye en la causa desde la investigación primera cedida por la Policía de Mendoza (raíz investigativa de la causa), él es también quien realiza la imputación general de los detenidos. Él acusa según las pruebas obtenidas y futuros cabos por unir a como de lugar. Luego fundamenta un análisis fortalecedor de sus hipótesis. Acto seguido emite la consideración resolutiva dictando Prisión Preventiva en general.”, describió. 

Seguidamente, relató en qué consisten las supuestas irregularidades de la causa: "La Sentencia Previa por parte de la opinión pública generada por los medios y la portación de apellido en mi persona también provocó una antelación de juicio, a modo público por el solo hecho de acreditar como cierto un ilícito no probado. Permaneciendo el secreto de sumario, a dos días del megaoperativo ordenado por la Secretaria Penal Federal III se hizo público el número de expediente junto a las hipótesis deducidas por las pesquisas, conllevando la intencionalidad de prejuzgamiento y hasta temor en los párrafos alusivos a un “peligroso clan criminal organizado” y desenmascarado por el Sr. Garnica. Esto también arribó posteriormente a la persecución y hostigamiento hacia mi familia por parte de las fuerzas de seguridad, mi círculo afectivo familiar y los vecinos del barrio donde habito; ellos sufrieron redadas y allanamientos sorpresivos durante semanas. El hogar de mis padres, personas ya avanzadas de edad, soportó allanamientos violentos por motivos sin precedente notificado, la presencia de policías de civil transita constantemente las calles realizando maniobras sujetas al amedrentamiento".

Y agregó: "Existió y existe la siembra de pánico y rigor por parte de las brigadas de investigaciones dependientes de las fuerzas de seguridad en general. Este “modus operanti” no es novedad para la barriada. La estigmatización y acusación desmoralizada e inhumana para con la humilde población barrial tiene origen y finalidad tristemente alcanzada. Fue la Policía de Mendoza quien, ni bien la investigación tuvo raíz, se encargó de criminalizar la zona, vestirla de rojo peligro y ajusticiar de antemano, públicamente, de manera premeditada y prejuiciosa, las situaciones de impronta judicial venideras a corto plazo. Esto incluye la exposición pública y mediática de los hogares de mis familiares mediante filmaciones publicadas en Diario Uno, en fecha 15 de noviembre de 2019.”

En la misma línea, el denunciante aclaró: "Para ello, de manera sincronizada, se pidió a la comisaría más cercana el despeje de la zona a transitar. Sin vehículos en la calle y pasada la medianoche comenzó el rodaje. Estas filmaciones fueron acompañadas por la criminalización absoluta desplegada en los comentarios emitidos por los agentes de la Policía de Mendoza, quienes a bordo de una patrulla y acompañados por una periodista, daban su repudiable punto de vista sobre los habitantes de cada manzana recorrida. Todo el show montado tuvo su motivo. Fue con el propósito de denostar prejuiciosamente a mi círculo y entorno, a la par fueron criminalizando rotundamente y con saña mi apellido una vez iniciada la investigación por parte de la fuerza provincial. Todo esto fue previo a que el expediente llegase a manos de la Justicia Federal -ver video-".

En su extensa presentación, Aguilera detalló: "Un claro ejemplo de su vil proceder; Garnica obtuvo de manos de la Policía de Mendoza charlas provenientes de una intervención ilegal al teléfono de mi ex abogada defensora (…) e incorporó abiertamente las comunicaciones de dicha intervención en el expediente de marras, a modo de sustento válido, donde las llamadas y escuchas entre quien suscribe y la profesional pueden verse incorporadas a las fojas de investigación. De éstas escuchas, el magistrado arriba a la conjetura personal de que; existe cierto fundamento que arriba a los “vínculos posibles… con otras personas y éstas podrían ser parte de la organización”; todas deducciones improbables desde la lógica, suposiciones personales y demás, que; según él, “podrían servir de prueba” al momento de dictar sentencia. Todo esto se plasmó también como argumento fundamentado a la hora del dictado de Prisión Preventiva a la totalidad de los detenidos procesados en la causa de marras. Así las cosas, con estos hechos enunciados y comprobables en la simple lectura del expediente, entiendo claramente la inconstitucionalidad e ilegalidad veraz en las acciones procedimentales llevadas a cabo por la Policía de Mendoza, luego respaldadas subjetivamente por turbias maniobras y la conveniencia del mismo magistrado que las invoca detallando el fin por alcanzar gracias a ellas…”

Por último, concluyó: "En ese mismo orden de circunstancias oscuras y maniobras sospechosas, dignas de investigación por parte de un Tribunal Superior, considero fehacientemente que; el juez instructor de está causa no solo es una persona de criterio propio altamente sugestivo, dogmático y antojadizo propio y de momento, sino que conserva un alto porcentaje de narcisismo y omnipotencia dentro de su figura judicial en el ámbito local. El incapié de la denominación aquí citada, como dije anteriormente, debe ser analizada por un ente de competencia superior, ya sea por la gravedad que implica y, sobre todo, por discrepar en lisa y llana disonancia con lo que la Ley Penal en verdad emana, si de transparencia judicial se trata. Puedo afirmar certeramente que el señor Marcelo Fabian Garnica mantuvo siempre, en el seguimiento de esta causa, su inquebrantable razón diagnosticando la detención de una superbanda delictiva que debe ser juzgada como tal, imponiendo él una culpabilidad sin artero sustento y también una jerarquía punitiva prematura, sin respetar el principio de inocencia que debiese existir en todo proceso judicial”.