Triunfo de la lucha universitaria en Córdoba: absolvieron a todos los estudiantes procesados

En 2018, tras las protestas y paros en todo el país contra el ajuste que el gobierno de Mauricio Macri llevaba a cabo sobre la educación, las autoridades provinciales optaron por criminalizar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con desalojos y la apertura de procesos judiciales. En Jujuy y Río Negro se dieron mecanismos similares. El pasado 5 de junio la causa prescribió y, por lo tanto, cesó la persecución sobre estudiantes.

El 28 de agosto de 2018, durante la toma del Pabellón Argentina, se indicó ante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que la institución se encontraba ocupada. Un mes después, con la medida de protesta ya levantada, comenzaron las imputaciones bajo el supuesto delito de “usurpación por despojo” y la acusación de 29 estudiantes como coautores. El 26 de junio de 2019 el Juzgado Federal N°3 dictó el procesamiento de 27 de ellos, quienes habían firmado un “acta de compromiso” de diálogo con las autoridades, a excepción de dos identificaciones a partir de su exposición en medios de comunicación.   

La lista, en lugar de atender las demandas de la comunidad educativa, fue utilizada por Pedro Ramón Yanzi Ferreira, vicerrector de la UNC en ese entonces, para obtener nombres y apellidos y entregarlos al fuero federal, incluso tomando notas periodísticas como pruebas en el expediente. A pesar de constatar la entrega de las instalaciones en correcto estado, el magistrado dio curso legal a la causa y el fiscal Maximiliano Hairabedián solicitó la elevación a juicio oral, pidiendo embargos de hasta cincuenta mil pesos. Sin embargo, en ningún momento se puntualiza la participación de cada estudiante en los supuestos hechos

Durante el aislamiento por la pandemia en 2021 el Juzgado intimó a que los estudiantes argumentaran contra la postura del fiscal y más tarde la Cámara Federal rechazó sus planteos de nulidad. El año pasado decidieron reactivar la causa, convocando a una audiencia preliminar que finalmente tuvo lugar en febrero, en la que los funcionarios judiciales insistieron en la elevación a juicio. Más allá de que eran penas excarcelables, el proceso planteaba un precedente para que el Poder Judicial interviniera en instituciones públicas con un claro interés de criminalizar la protesta y violar la autonomía universitaria. 

Cabe recordar que uno de los reclamos particulares durante las protestas de 2018 era la finalización del convenio que la casa de estudios mantiene con la Policía Provincial, que durante el conflicto hostigó y persiguió a quienes participaban de manifestaciones, incluso vestidos de civiles. A su vez, los y las estudiantes denunciaron hostigamiento constante durante meses, que a pesar de haber sido grabado y presentado como prueba, fue descartado.

El pasado 5 de junio el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con la firma del Juez Federal Pablo Montesi, resolvió declarar extinta la acción penal por prescripción. La decisión implicó la absolución de los 17 estudiantes que no aceptaron a lo largo de todo el conflicto ningún tipo de acuerdo previo, sosteniendo la inexistencia de delito. A raíz de las novedades, AGENCIA PACO URONDO dialogó con la Corriente Universitaria Amaranto (CUA), entre quienes se encuentran parte de las estudiantes procesados en aquel entonces.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué notificación recibieron en relación a la causa?

Corriente Universitaria Amaranto: Fue a partir de un pedido que se hizo desde las defensas porque la causa, que ya llevaba seis años abierta, había prescripto el 21 de mayo. Recibimos su caída que, más allá de una cuestión técnica, entendemos ha sido producto de un montón de instancias de lucha que se han dado todos estos años. Se había llegado con la posibilidad de juicio, en el que estábamos presentando 400 testigos, demostrando que desde un inicio había sido una causa colectiva y con mucha participación del movimiento estudiantil y que la justicia, con toda esa cantidad de pruebas, iba a tener que accionar. Nosotros entendimos desde un primer momento que no había pruebas concretas contra ninguno de los procesados.

APU: ¿Cómo fueron los meses desde la reactivación de la causa el año pasado?

CUA: Fueron bastante duros, el cambio de gobierno nos obligó a encontrarnos en la calle y con formas de represión mucho más cruentas. En Córdoba ya hace tiempo tenemos movilizaciones con compañeros detenidos y perseguidos, como asambleas medioambientales y movimientos piqueteros. Hay un pueblo que está cansado y se está expresando. En lo universitario y local, demostraron que las luchas por las que nosotros levantamos las banderas en 2018 son aún más vigentes que nunca. Las reivindicaciones por las que luchamos, cuestiones básicas para poder cursar, hoy también las necesitamos.

APU: ¿Qué análisis hace de todo el proceso?

CUA: Fue un proceso muy duro pero de mucha enseñanza, sobre todo en los personajes que han intervenido. El juez que inició todo esto es “defensor” de derechos humanos, las gestiones universitarias han entregado a sus estudiantes sin nunca querer resolver el conflicto, y esto forma parte de un contexto. En 2018 las noventa dependencias tomadas se criminalizaron en tres puntos: Córdoba, Jujuy y Río Negro. La causa rionegrina logramos bajarla en 2022, a fuerza de movilización y de nacionalizar el conflicto, porque entendimos que si no luchábamos por esa, la nuestra no caía tampoco. Además, llevaba a estudiantes y docentes a cumplir una condena de diez años por reclamar lo mismo que nosotros, mayor presupuesto y mejores condiciones dignas de cursada y enseñanza en las universidades.

Creo que también es un aprendizaje que cuando judicializan la lucha es para partirnos y sacarnos del terreno donde nosotros estamos llevando a cabo el reclamo. Ellos quieren llevarnos a pelear al suyo, la justicia, donde son sus leyes y sus lapiceras las que definen el destino de las causas, y en este caso particular hemos logrado conjugar ambas fuerzas. No olvidarnos de nuestras reivindicaciones pero seguir dando batalla donde nos están criminalizando.