Persecución a estudiantes en Córdoba: reactivan la causa por las protestas de 2018

En 2018, tras las protestas y paros en todo el país contra el ajuste que el gobierno de Mauricio Macri llevaba a cabo sobre la educación, en especial universitaria, las autoridades provinciales optaron por criminalizar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con desalojos y la apertura de procesos judiciales. Cabe recordar que uno de los reclamos particulares era la finalización del convenio que la casa de estudios mantiene con la Policía Provincial, que durante el conflicto hostigó y persiguió a quienes participaban de las manifestaciones, incluso vestidos de civiles.

El 28 de agosto de 2018, durante la toma del Pabellón Argentina, cuando se notificó ante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que la institución se encontraba ocupada. Un mes después, con la medida de protesta ya levantada, iniciaron las imputaciones bajo el delito de “usurpación por despojo” y la acusación de 29 estudiantes como coautores. El 26 de junio de 2019 el Juzgado Federal N°3 dictó el procesamiento de 27 de ellos, quienes habían firmado un “acta de compromiso” de diálogo con las autoridades, a excepción de dos que fueron identificados a partir de su exposición en medios de comunicación.   

La lista no se conformó para atender las demandas de la comunidad educativa, sino que Pedro Ramón Yanzi Ferreira, vicerrector de la UNC en ese entonces, la utilizó para obtener nombres y apellidos y entregarlos al fuero federal, incluso tomando notas periodísticas como pruebas en el expediente. A pesar de constatar la entrega de las instalaciones en correcto estado, el magistrado dio curso legal a la causa y el fiscal Maximiliano Hairabedián solicitó la elevación a juicio oral, pidiendo embargos de hasta cincuenta mil pesos. Sin embargo, en ningún momento se puntualiza la participación de cada estudiante en los supuestos hechos

Durante el aislamiento por la pandemia en 2021 el Juzgado intimó para que los estudiantes argumentaran contra la postura del fiscal y más tarde la Cámara Federal rechazó sus planteos de nulidad. Ahora, la Justicia Federal decidió reactivar la causa, convocando a una audiencia preliminar para fin de mes. Más allá de las penas excarcelables, que podrían ir de seis meses a tres años, el proceso plantea un precedente para conflictos venideros y habilita a que el Poder Judicial intervenga dentro de las instituciones públicas con un claro interés de criminalizar la protesta y violar la autonomía universitaria. 

Ante un nuevo intento de avance judicial, en un contexto de crisis sostenida y de auge de los discursos que cuestionan la gratuidad de la educación pública, los y las estudiantes procesadas de la UNC llamaron a concentrar el 29 de septiembre a las 8hs frente a los Tribunales Federal -el día en que se llevará a cabo la audiencia-, convocando a centros y agrupaciones estudiantiles, organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos y a la sociedad cordobesa en general. AGENCIA PACO URONDO dialogó con representantes de la Corriente Universitaria Amaranto, entre quienes se encuentran estudiantes procesados y procesadas.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué ocurrió en la causa desde finales de 2021?

Corriente Universitaria Amaranto: Hubo varios cambios y movimientos. Desde el pedido de prueba informativa principalmente lo que se le exigió a Yanzi Ferreira fue que responda en cuántos conflictos había intervenido la Justicia Federal en la historia de la UNC. A su vez, hubo una solicitud de salas del Poder Judicial para comenzar el juicio en enero del 2022, lo que sigue siendo parte del amedrentamiento porque en enero están de feria y la comunidad educativa en receso. Gracias a las movilizaciones y a las respuestas del estudiantado organizado ese pedido de audiencia se suspendió.

En 2023 se suma el cambio del titular de la causa. El juez federal Ricardo Bustos Fierro, con vínculos cercanos con el vicerrector y el poder político y económico de la provincia, se jubiló. En la actualidad el subrogante es Pablo Montessi, que viene de San Francisco, de donde es el futuro gobernador Martín Llaryora. No es casual tampoco que en su asunción haya estado la diputada nacional Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, y el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Maqueda. Se nota cierta celeridad del Poder Judicial para con esta causa. Hay algo que incomoda.

APU: ¿Cuál es la estrategia de cara a la audiencia preliminar? 

CUA: La construcción de la causa judicial está floja de papeles, ya que las principales pruebas en que se fundamenta son recortes del diario La Voz del Interior. En ningún momento se fija un hecho para determinar la participación de cada estudiante. Por eso decimos que es principalmente política, ya que inicia con la intención de disciplinar la lucha estudiantil. Se presentaron más de 400 testigos para testificar e innumerable apoyo de sectores sociales por nuestra absolución.

Si la causa es política, la mejor estrategia es dar la pelea en el plano político, pisar la calle con fuerza y demostrar que no es una causa contra 27 estudiantes, sino un ataque contra la defensa de la educación pública. No fueron 27, fuimos miles. No cometimos ningún delito, defendimos la educación pública.

APU: ¿Por qué piensan que se reactiva la causa en este momento?

CUA: Tiene que ver con diferentes motivos. Por un lado, en las últimas semanas el movimiento estudiantil está volviendo a instancias más numerosas y masivas de organización, agitación y lucha. Al ser el juicio una táctica para amedrentar a los estudiantes movilizados, darle continuidad ahora tiene sentido en tanto que es una forma de intentar frenar esa ebullición que empieza a tener lugar en la universidad.

Además, es importante remarcar que la fecha que se había propuesto para la audiencia fue 15 de septiembre, un día antes del aniversario de la Noche de los Lápices y el mismo día que se presentaba el proyecto de Presupuesto 2024, que viene a profundizar recortes en el financiamiento de la educación pública. Siendo éstos uno de los principales disparadores de las movilizaciones de 2018, entendemos que se adelantan a posibles nuevos reclamos, con una intención disciplinadora, para mostrar a los sectores que se van a ver perjudicados qué le podría suceder a quien pretenda luchar por mejoras en sus condiciones materiales de vida.

Por último, no podemos olvidar el contexto electoral, ya que la causa es una herramienta para incidir en la opinión pública sobre los jóvenes y estudiantes organizados, criminalizándolos y poniéndolos en el punto de mira de la sociedad. Eligen eso en vez de hacerlo sobre todos aquellos que día a día nos hacen vivir en una situación más miserable y violenta.