Violencia penitenciaria: “Ritondo avaló practicas violatorias de los derechos humanos”
Por Ezequiel Ross*
Las recientes expresiones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien manifestó preferir “que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, no sólo avalan prácticas violatorias de los derechos humanos, sino que pretenden presentar como virtud dos de las causas principales que provocaron el ataque a la comisaría de San Justo: el hacinamiento y el alojamiento de presos en comisarías.
El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) expresa su preocupación y repudia las expresiones que la semana pasada ensayó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. “Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, dijo el funcionario que, por el contrario, en pocos días deberá dar explicaciones ante la Justicia de por qué la provincia incumple una resolución judicial de noviembre de 2017 que la obliga a desalojar a los más de tres mil setecientos detenidos que tiene en las comisarías provinciales.
"Prefiero que los delincuentes estén adentro aunque estén apretados y no estén afuera perjudicando a la gente", sentenció el máximo responsable de la seguridad de los bonaerenses, que amoldó demagógicamente sus dichos al histórico reclamo punitivista de sectores de la sociedad, luego del ataque a una comisaría de San Justo ocurrido el 30 de abril pasado.
De esta manera, Ritondo no sólo convalidó desde las esferas más altas del Estado prácticas violatorias de los derechos humanos que han sido prohibidas en diversas instancias judiciales y condenadas por veedores de organismos internacionales. También tergiversó los hechos, queriendo presentar como una virtud una política criminal de encierro que es una de las principales causas del asalto a la sede policial.
Desde diciembre de 2015 hasta hoy, las cifras oficiales muestran un incremento de alrededor de 11 mil personas detenidas. El propio jefe de la policía bonaerense, el comisario general Fabián Perroni, había reconocido en declaraciones radiales que "la violencia permanente de los delincuentes es producto de la droga, pero también hay una situación social que hace que la persona que tenga la necesidad de comer delinca” y que "hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando por eso, que antes no lo hacía, pero por una necesidad, por un apremio económico". Estas declaraciones también tuvieron eco en las del Jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.
El 15 de noviembre de 2017, la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso la prohibición de alojar detenidos en comisarías. Seis meses después de aquella resolución judicial, el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo no redujo las detenciones en seccionales sino que entre marzo y abril, las personas detenidas en dependencias aumentaron de 3.512 a 3.732, alcanzando un pico de superpoblación del 273%. Dos de cada tres personas duermen en el piso y la mayoría no tiene siquiera colchones.
*Integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica