Violencia policial en el Bajo Flores: “La estigmatización de los barrios populares parece haberse intensificado”

Por Diego Moneta / Foto de archivo: Dani Morán

Las denuncias por abuso policial y los casos de violencia institucional fueron uno de los aspectos que más marcaron el año pasado durante el aislamiento. De Florencia Magali Morales en San Luis a Luis Armando Espinoza en Tucuman, pasando por Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires, el primer semestre, al menos, de 2020 evidenció situaciones que escaparon por completo al control y a la respuesta de los Ministerios de Seguridad. 

Muchas escenas fueron filmadas y luego viralizadas, lo que en algunas ocasiones generó que llegaran a la Justicia Penal. Uno de los casos se produjo el 25 de marzo en el Barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (1-11-14) del Bajo Flores. Tras la trascendencia de las imágenes, los tres agentes de Gendarmería Nacional involucrados fueron pasados a disponibilidad. Las autoridades de la cartera de Seguridad nacional, que en ese entonces conducía Sabina Frederic, observaron un vídeo que registra cómo obligaron a dos hombres a caminar en cuclillas con las manos en la cabeza.

Fueron separados por abuso de autoridad y se ordenó la investigación y el seguimiento del caso. Dos días antes, otros agentes de la misma fuerza recibieron la misma sanción por recorrer en patrullero las calles de Isidro Casanova, en La Matanza, emitiendo el mensaje característico de la saga de películas de La purga, que incita a la violencia, en lugar del audio institucional. A más de un año y medio de los hechos, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Nicolás Gastón Parra, abogado querellante junto a Lucas Fortete en la causa, ambos miembros de Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI).

Agencia Paco Urondo: ¿Qué hechos motivaron la denuncia?
 
Nicolás Gastón Parra: El 25 de marzo del 2020, entre las 11 y 14 horas, tres gendarmes de  la Unidad de Prevención Barrial detuvieron, valiéndose de los cargos que ostentaban y omitiendo deliberadamente dejar constancia formal de ello, a Emiliano Speranza y Sebastián Mochkowsky, quienes se dirigían a llevarle comida a una persona que había solicitado ayuda en redes sociales. En el marco de esa detención ilegal los obligaron a realizar ejercicios físicos a lo largo de toda una calle ubicada en el Sector 3 del barrio. Todo mientras las fuerzas de seguridad desempeñaban funciones de prevención y control del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto mediante el DNU N° 297/2020.

En un primer momento, al detenerlos y revisarlos, les pegaron patadas en los tobillos para que abrieran las piernas. Luego los forzaron a caminar en cuclillas, con sus manos detrás de la nuca -Sebastián tuvo que llevar el paquete de fideos que transportaba en la boca-, y a que repitan la frase “no vamos a violar la cuarentena” mientras les proferían gritos y arengas denigrantes. Todo bajo expresa amenaza de que de no realizar tales actos les dispararían.

Después de transitar alrededor de 65 metros los obligaron a salir corriendo y desaparecer del lugar. Sucedió a plena luz del día y a la vista de vecinos que filmaron el hecho. Primero se realizó la denuncia por parte de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, cuyo titular es Héctor Andrés Heim. A su vez, a raíz de la mediatización de las imágenes, se iniciaron sumarios administrativos contra los gendarmes involucrados.

APU: ¿En qué estado se encuentra la causa en la actualidad?
 
NGP: Hoy en día la causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 - Secretaría Nº 24, quien delegó la investigación en la Fiscalía Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan. A partir de la intervención de la ACVI como querella particular, conseguimos que se los cite otra vez a indagatoria a los gendarmes involucrados por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.

APU: ¿Cambió la situación en el barrio?
 
NGP: La estigmatización de los barrios pobres no disminuyó y hasta parece haberse intensificado. Las prácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad no son escasas ni aisladas, sino que van desde amenazas, insultos, maltrato físico, detenciones arbitrarias y  robo o rotura de pertenencias hasta algunas más graves de abuso físico, como torturas y lesiones graves, en ocasiones provocadas por armas de fuego, y de arbitrariedad policial,  como el armado de causas penales. La violencia policial ha llegado a ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas y muchos casos dan cuenta de ello.

APU: ¿Qué pasa con la respuesta estatal?
 
NGP: La situación amerita que se identifique como una problemática pública y se adopten medidas y políticas concretas. Entre otras, adecuar las facultades policiales a los estándares exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recabar datos y estadísticas para la identificación de patrones como insumo para la elaboración de las políticas públicas, capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad, elaborar protocolos de actuación, control interno y judicial de los hechos para sancionar a los responsables, y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia institucional.

APU: ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en la causa?

NGP: En concreto, en el expediente donde están procesados tres gendarmes, hemos solicitado la citación de nuevos testigos presenciales del hecho. Como querella de una de las víctimas seguiremos impulsando la causa en busca de que se sancione a los gendarmes involucrados y hacer visible esta problemática de violencia institucional.