México: una ley pretende controlar internet

Por Joanna Rubio *

Mientras en Brasil la aprobación del Marco Civil de Internet está revolucionando conceptualmente la forma en que se ve a la red en América Latina, en México parece suceder lo contrario. Brasil ve en Internet una oportunidad para ampliar los derechos de los usuarios y México enfrenta un falso dilema sobre seguridad, que empaña los esfuerzos por crear una red más libre y enfocada en el usuario.

Este mes se llevaron a cabo las sesiones plenarias de la Cumbre NetMundial en Sao Paulo, el foro más relevante sobre gobernanza en Internet que se haya realizado en los últimos años. Seguramente allí se hará más evidente la distancia que separa a la nueva ley de telecomunicaciones con las tendencias globales de gobernanza digital.

La reglamentación secundaria a la Ley de Telecomunicaciones está justificada en el dilema entre la seguridad y la libertad, buscando ampliar la certeza jurídica de los proveedores privados de servicios de Internet que generan contenidos multimedia.

La libertad del consumidor (la audiencia) para elegir el contenido que mejor satisfaga sus intereses no puede ser puesta en duda por supuestas y muy improbables amenazas a la seguridad. Estas amenazas son definidas de manera arbitraria y el proyecto de ley no establece mecanismos que permitan oponerse a las decisiones tomadas.

En un contexto como el mexicano en el que la impartición de justicia se encuentra mediada por instituciones débiles y susceptibles a la corrupción y al arbitrio, la ampliación de facultades de los cuerpos de procuración de justicia para intervenir comunicaciones y localizar dispositivos resulta peligrosa.

Sobre todo cuando aún no se detallan los mecanismos que el usuario puede emplear para protegerse de probables abusos de poder e intervenciones sistemáticas a su privacidad.

Las leyes secundarias ofrecen mucha certeza jurídica a los generadores de contenidos y a los proveedores de Internet pero dejan de lado las necesidades del consumidor. Pero no ofrecen mecanismos de defensa a los consumidores ni tampoco un marco jurídico claro ante el cuál se puedan inconformar ante las arbitrariedades.

Los cobros diferenciados de los proveedores de Internet y el retiro de contenido digital por parte de generadores de contenido multimedia es, sin duda, una forma de fortalecer la certeza jurídica de inversionistas y empresarios. Sin embargo, queda la duda de por qué enfocarse en salvaguardar los derechos de éstos por encima de los derechos de los consumidores y por qué esta tarea se implementa en el plano digital y no en la deficiente impartición de justicia que miles de mexicanos tienen que enfrentar cotidianamente.

Su principal impulsor, Javier Lozano, ha hecho caso omiso a las acusaciones de tener un conflicto de intereses con empresas de radiodifusión y desoyó las críticas que decían que el dictamen proviene de un texto personal y no es resultado de una deliberación pública y política.

Internet es una herramienta que disminuye las brechas que separan el discurso de los derechos humanos de su ejecución concreta en el escenario social. Sin embargo, la propuesta de Ley del presidente Enrique Peña Nieto convierte esta herramienta en un aparato de control político que beneficia a los generadores de contenidos y a los proveedores privados (y corporativos) de Internet.

Las pretensiones de esta ley secundaria busca emplear “preceptos” abiertamente anticonstitucionales que conducen a la consolidación de un Estado de control, vigilancia y de privilegios de acceso a la información para quien pueda pagarla. Se pretende así anular el principio de neutralidad que define a Internet como un derecho humano inalienable.

Como consecuencia, la libertad de expresión se ve coartada ante juicios morales que anulan el principio de neutralidad, ya que los concesionarios son designados responsables de los contenidos compartidos por los usuarios. Dicha acción paternalista conduce a que los concesionarios, en salvaguardia propia y en aplicación del principio de “responsabilidad”, apliquen severos incentivos de censura privada para evitar cargos por las expresiones en red que fueran consideradas ilegales. El peligro subyacente en esta violación de derechos radica en el arbitrario privilegio otorgado a los concesionarios de etiquetar las ideas como legales o ilegales.

Un punto especialmente sensible es la retención de datos, donde se obliga a las empresas a tener un control de las comunicaciones entre usuarios, lo que incluye desde una geolocalización de la audiencia hasta otros elementos que exceden ampliamente una mera violación directa al derecho de privacidad de los individuos. Aún cuando el almacenamiento de estos datos podría durar 24 meses, las autoridades competentes tendrían derecho a solicitar esta información sin una orden judicial que acredite la necesidad de recurrir a ellos, lo que les otorgaría la capacidad de acceder a información personal sin ningún control ni formalidad jurídica.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la retención de datos es incompatible con los Derechos Humanos. En México, con esta iniciativa, podremos decirle adiós al Internet tal como lo conocemos y darle la bienvenida a una época de control y segregación. Podremos decir entonces que la utopía de la alquimia de las multitudes nació para morir como la flor de un día.

* Univ. de Guadalajara, Dep. de Estudios Políticos y Gobierno