2x1 a genocidas: a cuatro años del fallo de la Corte que buscó la impunidad para los crímenes de lesa humanidad

Por Juan Cruz Guido | Foto: Manuel Fernández

Apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri, aprovechando los primeros días de su gestión, nombró por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Los jueces aceptaron el nombramiento por decreto pero, sin embargo, la indignación que generó en toda la sociedad el mecanismo judicial ideado por el operador "Pepín" Rodríguez Simón hizo al gobierno dar marcha atrás. Los cambios en la Corte finalmente se concretarían a mitad de ese año. Rosenkrantz y Rosatti serían jueces supremos para julio de 2016. A partir de allí, y con el apoyo político de la mesa judicial macrista, Rosenkrantz comenzaría a acumular poder e intentar imponer "nuevas" visiones jurídicas en el máximo tribunal, más acordes a los momentos políticos que se estaban viviendo. 

En esa lógica se inscribe el fallo resuelto el 3 de mayo de 2017, con la firma de Rosenkrantz y Rosatti, y la adhesión de Elena Highton de Nolasco (que permaneció en su cargo por la no apelación de su jubilación por parte de la administración macrista). La resolución sobre el caso del genocida Luis Muiña, preso por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, de aplicar la famosa norma del "2x1" (ley 24.390, vigente entre 1994 y 2001, que conmutaba dos años de pena por cada uno sin sentencia) generó una lluvia de presentaciones judiciales de ex militares presos y de resoluciones de jueces afines a los mismos dictando prisiones domiciliarias. 

La defensora del terrorismo de Estado y del accionar de la dictadura militar, Cecilia Pando, festejó en su momento la resolución judicial, a la que calificó de excelente.

 

Excelente fallo de la Corte!

— Cecilia Pando (@ceciliapando) May 3, 2017

La sentencia también fue felicitada por el entonces secretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, que afirmó le parecía correcta la resolución de la Corte. Y exigió a los organismos de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, como las Abuelas de Plaza de Mayo, que respetaran la decisión judicial. En una entrevista radial destacó que estaba "de acuerdo con el 2x1 de la Corte".

La movilización social masiva de ese momento, las críticas de organismos internacionales y de la propia prensa internacional, dejaron a la Corte aislada, más allá del apoyo explícito que tenía del gobierno de Mauricio Macri. El rechazo popular terminó volteando el recurso extraordinario presentado por Muiña. La Cámara de Diputados rápidamente emitió una ley cuestionando la sentencia y estableciendo que no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema aceptó la norma y se retrotrajeron las resoluciones que habían generado la liberación masiva de genocidas y de prisiones domiciliarias. 

De todas maneras, el juez ideólogo del fallo, Carlos Rosenkrantz, sería premiado en los meses siguientes con la presidencia de la Corte Suprema, en clara sintonía política y judicial con el gobierno de Macri.