Algun día habrá que cumplir la ley

A siete meses y unos días de la asunción de la presidencia de la Nación por Javier Milei, muchos argentinos sienten que viven en otro país. En este lapso que no excede los 220 días, han sucedido cosas gravísimas, pero lo más terrible de todo, es que se percibe como que estamos comenzando a acostumbrarnos a normalizar, a dejar el reclamo para los afectados sin tomar real conciencia de que estamos navegando hacia un ¿evitable? abismo.

Todo lo que vamos a detallar tiene que ver con la pérdida de derechos, esos cristalizados en tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina, de rango constitucional. Tan indiscutibles y sobreentendidos como las cualidades que los describen; irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, universales, interdependientes, progresivos que imponen obligaciones al Estado y sus agentes.

¿Eso quiere decir que cuando el Estado no llega a garantizar su goce completo para todos está cometiendo un delito? La respuesta es no, siempre y cuando en un escenario de recursos escasos de un país con intenciones de desarrollo, se instauren políticas públicas que cubran necesidades básicas,sobre todo de aquellos que carecen de posibilidades de procurarselos por sí mismos. Ahora bien, cuando desde el Estado se interrumpen esas políticas, no son reemplazadas, se recortan partidas presupuestarias, se achica la cantidad de agentes de estas áreas, se desoyen e incumplen resoluciones judiciales, clara e indiscutiblemente se están cometiendo delitos y delitos graves.

• Recientemente se dio a conocer una Carta Abierta al Gobierno Nacional firmada por cientos de pediatras, en su mayoría miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, manifestando su preocupación y consternación porque las graves decisiones tomadas en relación con la provisión los alimentos, impiden que miles de niños, niñas y adolescentes, puedan acceder a una alimentación básica imprescindible para su normal crecimiento y desarrollo.

• La “solución” que está implementado el Gobierno de CABA para las personas en situación de calle, además de despojarlos de sus pocas pertenencias con las que intentan afrontar el invierno más crudo en muchos años ( aunque en Capital Humano hay aún 650000 frazadas sin repartir), son sometidos a un protocolo de salud mental. Ya sea por esas afecciones o por consumos problemáticos se lo deriva a centros como el Hospital Borda, sobrecargando naturalmente la demanda y sin una posibilidad clara de solución ya que no hay familia o red de contención que pueda hacerse cargo de estas personas en el futuro. Tampoco se amplió la estructura de recepción, ni se agregaron profesionales o programas.

• 8 jueces federales resolvieron que el Ministerio de Capital Humano debe entregar los alimentos que están en los galpones. Un Ministerio incumple una orden judicial y los reclamos más encendidos provienen de dirigentes sociales.

• El creciente problema social del juego on line por sitios sin regulación ni control que causa estragos en las familias más vulnerables no es perseguido ni penalizado efectivamente.

• La Agencia Nacional de Discapacidad ha caído en una notable precarización debido a la gran cantidad de despidos en lo que va del año (muchos trabajadores discapacitados) y el recorte y reducción de políticas.

• La Comisión Provincial por la Memoria expresa su rechazo a la ola de despidos de trabajadoras y trabajadores dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de diferentes dependencias de la administración pública nacional. Estas medidas conducen al desguace del Estado y el cercenamiento de derechos del conjunto de la sociedad, puesto que no sólo implica dejar sin empleo y sin salario a miles de personas sino que debilitan áreas sensibles e imprescindibles para la atención de la agenda de demandas y necesidades de las mayorías. La ley nacional 26.691 obliga al Estado a preservar “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.

Lo enumerado precedentemente no agota la lista. Con cada ejemplo se modificó para peor la vida de miles de personas para peor. No es posible que se logren inversiones en un país en el que se incumple descaradamente la ley desde el Estado. Para alcanzar seguridad jurídica un país necesita mucho tiempo, para destruirla, del 10 de diciembre pasado a la fecha fue, claramente, suficiente.