Causa por extorsiones y espionaje ilegal: los organismos de derechos humanos respaldaron a Ramos Padilla

Los organismos de derechos humanos emitieron una declaración respaldando al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en relación a los intentos del fiscal Carlos Stornelli de llevar a Comodoro Py la causa en la cual se lo investiga por extorsiones y espionaje ilegal. De esta manera, el conjunto de los organismos señalaron: "La Argentina asiste en los últimos tiempos, a un escenario de progresiva degradación del sistema de administración de justicia, con la consiguiente pérdida de independencia de los magistrados y la negación de derechos fundamentales como el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso".

En esta misma línea, añadieron: "Las últimas investigaciones que se han dado a conocer en el Fuero Federal muestran cómo un grupo de agentes de inteligencia, periodistas, legisladores, jueces, fiscales y miembros del Poder Ejecutivo Nacional se habrían organizado para cometer un sinnúmero de delitos en distintas partes del territorio argentino y también en el extranjero". 

El comunicado que expresa la preocupación sobre la situación en el Poder Judcial contó con la adhesión de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S Capital, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza), Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 

"Los hechos que se investigan en el Juzgado Federal de Dolores, en la llamada causa D’Alessio, han dejado en evidencia la degradación institucional y la descomposición del Estado de Derecho que tiene como protagonistas a algunos que fueron elegidos y/o designados para respetar y defender la Democracia y sus instituciones", enfatizaron los organismos.

Finalmente concluyeron: "La Cámara Federal de Mar del Plata es la que en definitiva resolverá qué hacer. Hoy sus integrantes tienen la posibilidad histórica de demostrar que existen jueces dispuestos a hacer cumplir la ley. Los Organismos de Derechos Humanos que suscribimos la presente, les pedimos que finalmente cumplan con su deber y asuman la responsabilidad que la sociedad espera y rechacen toda presión e intervención indebida contribuyendo al saneamiento de las instituciones y a la consolidación de la democracia".