Claudia Cesaroni: "La masacre del pabellón séptimo no fue un desborde, formó parte de la metodología de la dictadura"

Por Juan Cruz Guido y Miguel Martínez Naón

Agencia Paco Urondo: ¿Qué sensación tuviste con la elevación a juicio de la causa?

Claudia Cesaroni: Es algo que nosotros ya esperábamos por cómo se iba dando todo el proceso previo. Para mí, para el equipo jurídico, los sobrevivientes y los familiares es una emoción y, en particular, una enorme responsabilidad. Era una causa muy difícil que sostuvimos contra viento y marea. A muy pocas personas les parecía que el caso podía entenderse como un delito de lesa humanidad. Llegar a juicio es importante, y es un momento esperado por los sobrevivientes. 

APU: ¿Cómo fue la batalla en tribunales para que se aceptara la imprescriptibilidad, por ser delito de lesa humanidad?

C.C: Yo me había enterado de este caso hace muchos años. Yo siempre menciono el libro de Elías Neuman, que se llama “Crónica de muertes silenciadas”, de los años 80, y otro libro, compilado por Daniel Barberis, que se llama “Testimonios del otro país”. Elías tenía dos clientes en el Pabellón Séptimo, uno murió y el otro sobrevivió, y sobre el testimonio del que sobrevivió escribió el libro. Sobre ese testimonio es que el Indio (Carlos Solari) escribió “Pabellón Séptimo”, por el relato de Horacio Santantonin. 

Yo trabajé varios años en la Secretaría de Derechos Humanos, en el área jurídica, en la época en que se abrieron los juicios por delitos de Lesa Humanidad, y siempre me llamó la atención que ese caso no se investigara como un delito de lesa humanidad. Me parecía evidente que lo había sido. La explicación era que no, porque eran presos comunes. Antes de la Secretaría trabajé en la Procuración Penitenciaria y eso me permitió bastante conocer el mundo de la cárcel y el de las violaciones a las personas privadas de su libertad. Esos dos mundos, el de los delitos de lesa humanidad y el de las cárceles, me parecía que había que cruzarlos, no solo por lo que había pasado en el Pabellón Séptimo sino porque mientras yo estaba en la Secretaría sucedió la masacre de Magdalena, en el año 2005. O la masacre del penal de varones en Santiago del Estero, año 2007, en la que murieron entre 36 y 40 presos, casi de la misma manera que en el Pabellón Séptimo, quemados vivos o asfixiados. En el 2008 leí una entrevista a un sobreviviente, Hugo Cardozo, en la que él decía lo mismo, que fue un delito de lesa humanidad. En el 2011 gracias a la película El túnel de los huesos me puse en contacto con Hugo y le propuse llevar ese planteo a la justicia. La causa estaba archivada como un motín, nunca se había investigado. El juez que la había archivado, Jorge Valerga Aráoz, fue uno de los miembros de la Cámara que juzgó a las juntas militares. Lo que decía en sus páginas era que había una versión de los presos, y otra de los penitenciarios, entonces no se podía saber cuál era la verdadera, y la archivaron. Logramos desarchivar esa causa, mientras yo escribía el libro y Hugo se iba acordando de otros sobrevivientes, logré hablar con ex presas políticas que habían estado en esa Unidad. 

APU: ¿Cómo era la interacción entre los presos comunes y los presos políticos?

C.C: Ese es un capítulo muy importante en el libro, y para mí, es parte de la historia de la resistencia contra la dictadura. En el libro hay tres historias del vínculo directo entre unos presos y otros, porque las presas políticas tienen muchas historias, como por ejemplo: “Nos pasaban un poquito de azúcar cuando estábamos haciendo huelga de hambre”. Se contaban las noticias porque ellas no podían recibir ningún diario y ellos sí, diarios para envolver comida, entonces rescataban alguna pequeña noticia. Ellas gritaban y reclamaban cuando veían que ellos quedaban encerrados en una especie de jaulas, en condiciones infrahumanas. Esa interacción era permanente. En el libro yo cuento la historia de una nieta recuperada. Es el caso de la mujer de un preso común, en Córdoba, que saca una carta de un preso político, la descubren, la detienen y le roban a su hija (ya embarazada o con una bebita) y es una nieta recuperada por su propia madre. Hay muchas historias de solidaridad que yo traté de rescatar. El servicio penitenciario no separó sus funciones durante la dictadura. No hubo un servicio para “terroristas” y otro para presos comunes. 

APU: El aparato represivo era el mismo...

C.C: Exacto, si bien se crearon normas distintas, la metodología, la brutalidad, era compartida. El mismo jefe de seguridad interna que ordenaba las requisas, uno de los que tenemos imputado y va a juicio, Horacio Galindez, es el mismo que les decía a las presas políticas: “Ustedes de aquí van a salir muertas o locas”. 

Nosotros teníamos que demostrar que esa represión sobre los presos del Pabellón Séptimo no había sido un desborde del cuerpo de requisas sino que formaba parte de la metodología de la dictadura, y de cómo el aparato represivo operaba en distintos territorios, o sea aplastar de modo brutal y además transformar lo que había sido una masacre en un “motín”.
 
La primera vez que hablamos con Rafecas le dijimos esto. Lo que yo iba contando en el libro. Cómo fueron esos hechos, cómo se encubrieron, cómo se operó a nivel internacional (faltaba un mes y medio para el Mundial), porque lo primero que se dijo al mundo fue: “No era un pabellón de subversivos”.

El hecho de ser presos comunes los puso en una situación de vulnerabilidad y facilitó la impunidad. Rafecas recibió la denuncia y se la pasó al fiscal Federico Delgado. Este último hizo una investigación preparatoria, tomó declaración a varios sobrevivientes y a ex presas políticas. En febrero del 2014 lo que dictaminó Delgado, y luego Rafecas (el mismo año y en la misma dirección) es que esto no era un delito de lesa humanidad. Tomó como base lo que está en el juicio a las juntas, o sea la mecánica de la desaparición forzada y los centros clandestinos, y acá como sólo eran presos comunes en una cárcel legal entendía que eso no entraba en los parámetros de lo que se define como delito de lesa humanidad. 

Rafecas entiende que no hubo un genocidio sino un politicidio, sostiene esa teoría porque el objetivo de la dictadura era hacia todo aquel que tuviera militancia política, y estos estaban presos por delitos comunes. Pero como no hubo una investigación seria de lo que pasó podría entenderse que esto es una grave violación a los derechos humanos, por lo tanto, imprescriptible, y que debe investigarse, pero por la justicia ordinaria de instrucción. 

Quiero decirte que ningún organismo de derechos humanos quiso acompañarnos cuando yo planteé esta propuesta. Es un momento bisagra porque varias de mis compañeras del CEPOC con las que veníamos llevando el caso decían que era bastante con que hayan declarado “violación de derechos humanos” y “imprescriptibilidad”. Yo quería competencia Federal, había una doble vara muy evidente.

APU: La resolución que emitió Rafecas hace unos días, en la elevación a juicio, habla de tormentos: ahora está convencido.

C.C: Si, además, a los sobrevivientes que lograron huir los reventaron a palos. Nadie dudaba que si eso le hubiese sucedido a un preso político era delito de lesa humanidad. Yo me preguntaba todo el tiempo cuál era la diferencia. En ese momento decidimos apelar, los sobrevivientes y los familiares estuvieron de acuerdo.

APU: ¿Vos tenías confianza en esa apelación?

C.C: Yo estaba convencida que había que dar esa pelea. Nunca había ido a una audiencia en la justicia federal pero sentía que tenía argumentos muy sólidos. Y si nos iba mal, iba a ir a la Corte, a la justicia interamericana. La audiencia en el 2014 fue muy importante, por primera vez los sobrevivientes y familiares pudieron hablar delante de los jueces. Con la abogada Natalia D`Alessandro (somos las dos querellantes) pudimos fundamentar por qué estábamos apelando esa decisión.

Usé un ejemplo que tal vez es poco académico, pero me parecía muy claro: nosotros planteamos que la cárcel es un territorio, como una escuela, una fábrica, un barrio, y yo he ido a la escuela secundaria durante la dictadura, en esa época las mujeres teníamos que ir con pollera a la altura de las rodillas y los varones con un corte de pelo que se pudiera medir con cuatro dedos en la nuca. Si yo y un compañero varón hubiésemos hecho un reclamo simplemente porque yo quería ir con minifalda y él con el pelo largo, si pasaba eso y nos secuestraban, nadie hubiera dudado que eso era un delito de lesa humanidad, aunque no tuviésemos ninguna militancia política.

Entonces, por qué un hecho que sucede en una cárcel donde el único que tiene poder es el Estado a través de una fuerza de seguridad y da una respuesta represiva y además se les dice a las presas políticas “ojo porque las próximas pueden ser ustedes” no sería delito de lesa humanidad. Un fiscal de Mendoza, Dante Vega, me ayudó a pensar en relación a la masacre de Trelew, ocurrida durante la dictadura de Lanusse, me facilitó documentación, y conversamos mucho sobre la función de escarmiento que operó durante esa masacre. Como una acción ejemplificadora, en el peor de los sentidos, para el resto de los presos. En el caso de Pabellón Séptimo era muy evidente, porque una de las preocupaciones de la dictadura era que durante el Mundial pasaran cosas. 

APU: Algo que puntualiza también Rafecas es que hasta último momento se avanzó con la represión. La acción represiva no cesó en ningún momento…

C.C: Sí, cuando explicamos cómo murieron los presos decimos que fueron baleados, quemados, asfixiados o golpeados: fueron todas esas acciones. Cuando comenzó, lo que hicieron los presos fue correr a la requisa, la sacaron del pabellón. No hay ningún penitenciario herido, no se tomaron rehenes. Los guardias cerraron la puerta, esa retirada fue cubierta desde lo que se llama “pajarito”, una especie de pasarela que hay en el pabellón, con disparos y tiraron granadas. Fue una gran represión gratuita a gente que estaba encerrada, porque tampoco podía haber intento de fuga. 

APU: En ese contexto, en ese momento político, y con el Mundial en el horizonte, queda claro el por qué…

C.C: Exacto. Cuando se prenden fuego los colchones, por las granadas o por los bidones de kerosene que había para los calentadores, no solo no hacen ningún esfuerzo por apagarlo sino que no dejan entrar a los bomberos. Todo esto estaba en el expediente, solo había que mirarlo. Había declaraciones de los presos y un informe del jefe de bomberos a quien no dejaron entrar. Cuando declararon los penitenciarios (que nunca fueron imputados de nada) cuentan que ellos fueron a hacer una requisa como siempre y que sin ninguna explicación los presos se levantaron, de la nada, porque sí, porque eran locos. Hay un álbum de fotos donde se muestran casi todos los cadáveres, y fotos del televisor, desde todos los planos, que fue parte del conflicto. Hay varios testimonios que cuentan que a Tolosa (con quién se origina el conflicto por no querer apagar la televisión) lo buscan celda por celda y lo matan, lo fusilan. Había sobrevivido al incendio.  

APU: ¿Cómo vivieron los sobrevivientes el tiempo en el que el caso estuvo archivado y olvidado? 

C.C: Es muy variable eso. Para Hugo Cardozo, por ejemplo, esto siempre le estuvo dando vueltas en la cabeza, él sabía que había sido víctima de una masacre y que se tenía que investigar. Eso hizo que nos pudiésemos encontrar. Juan Olivero me contó la historia y me dijo que yo era la segunda persona en toda su vida a la que él le había contado lo que había vivido. Germán, que está en Brasil, que tiene quemado todo el cuerpo, les había contado a sus hijas que tuvo un accidente. También me encontré con los padres de Pablo Menta, que es mencionado por el Indio en su tema. La hija de una de las víctimas encontró el libro, en una librería de Lanús, lo leyó y comenzó a buscarme. Recién cuando este proceso judicial comenzó ellos pudieron contar lo que realmente había pasado, recuperar esa parte de su vida. 

APU: ¿Cómo fue el proceso de enjuiciamiento desde el otro lado, de los victimarios?

C.C: Jamás tuve contacto con ellos, algunos en su declaración dicen que el director de la cárcel no tiene nada que ver porque no estaba en la Unidad. Otros relatan que fue una requisa de rutina, que los presos no dejaron que se abrieran las puertas, reproducen el mismo discurso de hace treinta años, argumentos ridículos. Algunos de ellos tuvieron prisión domiciliaria, eso no lo he discutido en el proceso, a nosotros nos importa llegar a juicio y que haya una condena. Lo que más me importa en este proceso es que se entienda que no fue un motín, que fue una masacre carcelaria, que se reconozca a las víctimas. La Secretaría de Derechos Humanos (anterior al macrismo) no incorporó las reparaciones económicas a estos sobrevivientes porque se entendió, siguiendo la letra fría de las leyes reparatorias, que como estaban detenidos legalmente no son sujetos de reconocimiento del Estado.

APU: ¿Creés que en el caso de que haya una sentencia del tribunal oral pueda modificarse eso?

C.C: Ojalá, me parece una vergüenza, me enoja mucho porque se trata del último gobierno de Cristina. Se supone que iban a tener una visión un poco más amplia que la de la letra de la ley, yo espero que eso suceda y si no volveremos a presentar una nueva ley reparatoria específica. Más allá de la condena, a mí me gustaría que esto sirva para hablar del caso, y de otras masacres. También queremos que los nombres de las 65 víctimas de la masacre estén en el muro del Parque de la Memoria frente al río, junto a los desaparecidos. Y queremos evitar que se demuela la cárcel de Devoto, señalarlo como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad.