Desaparición de Cittadini: exigen una condena más severa

Por Diego Moneta

Ricardo Alberto Cittadini, de 21 años, era oriundo de Gobernador Gregores, Santa Cruz, aunque su familia estaba radicada en Trelew, Chubut. Estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y era militante de la Juventud Peronista. La tarde del 17 de agosto de 1976 fue detenido por averiguación de antecedentes en la Plaza España del barrio de Constitución. Los patrulleros lo llevaron hasta la Comisaría 28ª de la Policía Federal, en Vélez Sársfield 170, y desde entonces está desaparecido, al igual que otros de sus compañeros de vivienda y militancia en La Plata.

En 2013, el juez Daniel Rafecas procesó con prisión preventiva domiciliaria a Miguel Alcides Viollaz, comisario retirado a cargo de la dependencia, y a Nicomedes Mercado, ex sargento y uno de los agentes que lo llevaron detenido. Además, consideró a la comisaría como un centro clandestino de detención, la primera de la Ciudad de Buenos Aires en ser descrita como más que un lugar de tránsito de las víctimas. Según información documental y testimonial, Cittadini estuvo al menos hasta la madrugada siguiente en esa locación.  

En agosto de 2016 comenzó el juicio. El fiscal Miguel Ángel Osorio y el abogado querellante, Pablo Llonto, habían solicitado una pena de 25 años por desaparición forzada y, subsidiariamente, de 20 años por privación ilegal de la libertad y tormentos, enmarcados en el plan sistemático de la última dictadura militar. Si bien el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 fue histórico, por incluir a la Federal en el sistema represivo, condenó a los dos acusados a cinco años sólo por privar a Ricardo de su libertad, de los cuales ya habían cumplido tres, misma calificación con la que había sido elevada a juicio. 

La decisión fue dividida, con la mayoría de los jueces Adriana Palliotti y Oscar Alberto Hergott, y con un voto en disidencia que opinaba que había que agregar tormentos en la sentencia. Es decir, no se tenía en cuenta la desaparición forzada del joven. Tanto la fiscalía como la querella apelaron y, en 2017, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal les dio la razón, revocó en parte el fallo y ordenó una nueva sentencia que analizara los agravantes. La determinación, también por mayoría, corrió por cuenta de Mariano Borinsky, hoy ligado a las visitas a Mauricio Macri en Olivos, y Juan Carlos Gemignani, mientras que Eduardo Reggi había rechazado los planteos. 

La defensa de los represores recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos días confirmó la decisión de Casación y ordenó un nuevo fallo con una pena más dura. Sin embargo, a pedido de sus abogados, una junta médica concluyó que por su edad y estado de salud Viollaz no está en condiciones de enfrentar un nuevo proceso, por lo que su condena quedó firme en cinco años. El expediente continúa con el ex sargento Mercado y desde la querella insisten en que se juzgue a Pablo Eduardo Romanow y Esteban Alberto Vilella Paz, policías de guardia esa noche.

Eduardo, uno de los diez hermanos de Ricardo, escribió un libro esta historia y lo tituló “No saben lo que me piden”. Según el autor, esa frase pronunció el joven desaparecido cuando su familia le solicitó dejar la militancia en aquellos años. En el cierre de su alegato, en 2016, el fiscal Osorio terminó su exposición con un extracto de la obra: “Que el testimonio del pasado sea la huella digital de nuestros tiempos. Que la palabra sea para que todos los jóvenes vuelvan a estar presentes”.