Dossier: la Triple A, Bahía Blanca y la UNS

SUMARIO

• ¿Quién fue Remus Tetu?
• El rectorado de Tetu: seis meses de desquicio criminal
• El crimen de Watu: la firma de la AAA en la UNS
• M’hijo, el dotor: Argibay, médico y matón de la AAA

Por Diego Kenis

Las detenciones y procesamientos con prisión preventiva de Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, el espía jubilado Héctor Chisu, el ex campeón de motociclismo Juan Carlos Curzio y el otrora basquetbolista y sindicalista Héctor Forcelli, sumados a la impunidad biológica que por escaso margen consiguió el afamado neurocirujano Pablo Argibay, volvieron a poner en primer plano el accionar de la organización paraestatal de ultraderecha conocida como “Alianza Anticomunista Argentina”, “AAA” o “Triple A” en la Bahía Blanca de mediados de los años ’70,

Los procesamientos, dispuestos por el juez federal Alejo Ramos Padilla a partir de investigaciones de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, comenzaron a poner fin a una impunidad de cuarenta años en torno a los crímenes de por los menos veinticinco víctimas fatales entre las que se cuentan militantes estudiantiles, políticos y sindicales, muchos de los cuales eran obreros, profesionales, científicos, refugiados extranjeros o periodistas.

Los detenidos están acusados de “haber formado parte, entre los años 1974 y 1975, de una asociación de personas conformada para la comisión de delitos de lesa humanidad, como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos”, bajo la dirección del diputado nacional y jefe de la regional bahiense de la Confederación General del Trabajo (CGT) Rodolfo Ponce y del entonces rector interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Remus Tetu, cuyo rostro en la juventud y la madurez ilustra por duplicado esta nota (ver, además, “¿Quién fue Remus Tetu?”).

El nombre de la asociación ilícita comandada por Ponce y Tetu lo dejaron escrito los mismos acusados, que en 1975 estamparon en negro las gigantes tres A que atemorizaban al estudiantado desde la pared del hall central de la UNS y enviaron un comunicado al diario El Eco para informar, bajo amenaza de la voladura de su redacción, de una nómina de "sentenciados a muerte" que serían acribillados “donde sean encontrados y en el momento propicio”.

A Aceituno se le imputa específicamente haber sido parte del grupo de ejecutores materiales de uno de los crímenes más emblemáticos de la Triple A en Bahía Blanca: el asesinato del estudiante y dirigente David “Watu” Cilleruelo, en los pasillos de la propia UNS y a escasos metros de donde semanas antes habían sido pintadas las negras tres A (ver aparte).

Al grupo inicial de acusados se agregó más tarde el nombre de Néstor Luis Montezanti, el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y asesor de la editorial universitaria local, sobre quien pesan además imputaciones como haber formado parte de los servicios de inteligencia del Ejército durante la dictadura inmediatamente posterior o incluso haber participado del interrogatorio bajo tormentos de un secuestrado en el comando del V Cuerpo de Ejército. Montezanti todavía no ha sido detenido: pese a estar suspendido por graves faltas disciplinarias, aún goza de los fueros de arresto que supone su función como camarista federal. Su faltazo sin justificación veraz a tres citaciones a prestar declaración indagatoria motivó sin embargo que se lo declare en rebeldía.

A dos puntas

En su resolución de procesamientos y prisiones preventivas de los supervivientes de la patota, el juez Ramos Padilla indicó que el grupo criminal había privilegiado en su acción los “ámbitos estudiantiles” de la UNS y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los “ámbitos gremiales”, donde llevaron adelante “actos de intimidación, violencia y homicidios”.

En el primero, puntualizó el magistrado, “el inicio de este accionar” se produjo “con la designación de Emilio Garófali al frente de UTN, con expreso apoyo de la CGT local liderada por Ponce y la toma violenta producida en esa casa de estudios”, cuando los matones ya anticipaban que estaban dispuestos a “reventar zurdos” e irónicamente invitaban a ingresar al edificio a los estudiantes que protestaban fuera. No obstante, marcó Ramos Padilla, “la plenitud del programa ‘antisubversivo’ a nivel universitario de esta banda (…) alcanzó su apogeo con la intervención de la UNS y la designación de Remus Tetu a su cargo”, sobre la que se centra especialmente este dossier de AGENCIA PACO URONDO.  

En el espacio gremial, en tanto, el juez observó como “hecho trascendental vinculado al programa represivo” a la toma de la sede de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), “a partir de la cual comenzó una persecución permanente de disidentes”.

El crimen estatizado

Los crímenes perpetrados por la Triple A fueron considerados delitos de lesa humanidad a nivel nacional por el juez federal Norberto Oyarbide, que estimó probados los vínculos de la organización criminal con el Estado que se confirman en Bahía Blanca a partir de múltiples elementos.

En primer término, los jefes de la organización eran el diputado nacional Ponce y el rector interventor Tetu, quienes proveyeron a la patota de salarios en la Junta Nacional de Granos y la UNS, donde fueron contratados bajo la pantalla de “seguridad y vigilancia” pero para afrontar “problemas subversivos”, y les permitieron el acceso a vehículos de ambas dependencias y de la UOCRA y la CGT, entre ellos ambulancias, camionetas, el Ford Falcon que oficiaba como vehículo oficial del rector Tetu y las dos versiones conocidas de la tétrica “fiambrera”: una FIAT 125 azul y un Dodge Polara GTX verde que pasó sucesivamente de manos sindicales a universitarias. “La metáfora era obvia”, dice la investigadora del CONICET Belén Zapata: “quienes entraban en ese auto, en esa ‘máquina de fiambres’, no salían con vida”. El vehículo, cuya simple mención causaba por sí sola el terror de la ciudad, merece un desarrollo especial por su capacidad simbólica. Sobreviviente de sus patrullajes fue René Bustos, militante de la Tendencia Revolucionaria peronista, a quien la Fiambrera persiguió a los tiros por medio Bahía Blanca, hasta agotar las municiones y emprender retirada por una zona liberada de policías.

En cuanto al armamento que ostentaba el grupo de choque, ha quedado acreditado por declaraciones de su jefe, el fallecido Jorge Argibay, que era provisto por el Ejército. Fue el entonces mayor Luis González quien entregó una partida de itakas a la UNS y, dos años más tarde, dio aval para que dos de los miembros de la patota, los hermanos Héctor y Miguel Chisu, se incorporaran al Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército.

La figura de Montezanti aporta por sí sola más datos ilustrativos de la relación entre el Estado, algunos sindicatos, la derecha peronista, las Universidades bahienses y la AAA. El general Guillermo Suárez Mason, comandante del V Cuerpo de Ejército para 1975 y superior jerárquico del mayor González, fue quien firmó el diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” que el ex diputado radical Juan Pedro Tunessi vio en el estudio de Montezanti en 1984. Diez años antes, el hoy suspendido camarista había sido visto en medio de la recién conformada patota de la Triple A durante la toma de la sede local de la UTN, a cuyos docentes irregularmente contratados defendería luego, ante el riesgo de que en democracia se anulen sus designaciones. Meses después, en febrero de 1975 y días antes del acceso de Tetu al rectorado de la UNS, Montezanti asumió como secretario académico del Departamento que sería el más golpeado por la gestión represiva del rumano, el de Humanidades. Para 1981 el militar José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A, recomendó la contratación de Montezanti como “asesor universitario” del mismo Destacamento de Inteligencia en que cumplieron servicio los hermanos Chisu. “Las 3 A son hoy las 3 Armas”, denunció Rodolfo Walsh en el temprano marzo de 1977. No era sólo una metáfora.