“Este fallo no hace más que legitimar una clara política estatal de criminalizar la movilización social”

Por Juan Manuel Ciucci

APU: ¿Cuál es la situación de los detenidos tras la represión del 1/9 en la marcha que reclamaba la aparición de Santiago Maldonado?

Alejandra Iriarte: A casi dos meses de la masiva movilización en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el Juez Martínez de Giorgi dispuso el procesamiento de 22 personas por la supuesta comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Además, se dispuso un embargo totalmente desmedido por una cifra que oscila entre el millón y los cinco millones de pesos.  Para otras 7 personas se decretó  la falta de mérito y otras dos fueron sobreseídos/as. Esta imputación genérica encuentra sustento en los relatos de los efectivos policiales y reproduce, sistemáticamente, el discurso oficial que busca deslegitimar la protesta social.

Según se desprende de la resolución judicial, un conjunto de personas organizadas ocasionaron destrozos con el único fin de generar conmoción y desorden público. Esta lógica argumental esgrimida por el Juez no encuentra sustento alguno en las pruebas aportadas, tal como dejamos asentado desde las respectivas defensas. Lejos de tratarse de un plan organizado y como quedó demostrado en diversos videos que circularon, se trataba de personas que se encontraban desmovilizando luego de participar en la marcha, de otras que estaban en la zona de los hechos, y de periodistas que estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, el Juez omite todo estos datos y toma como prueba las declaraciones policiales, videos sin audio y fotos que se nos entregó a las defensas solo un día antes de vencer el plazo para apelar. Además, entre otras pruebas desopilantes, se acredita el "plan organizado" a través de  un cuaderno que encontraron en la zona, que no se sabe a quién pertenece y que contenía supuestas leyendas anarquistas y un croquis de cómo saltar el vallado policial.

De este modo a través de su resolución el juez responsabiliza a todos/as por la comisión de los mismos hechos sin basarse en fundamentos fácticos. A lo largo de su resolución el juez busca construir una lógica argumental que se sustenta a sí misma, a través de la cual se afirma que existió un accionar conjunto de un grupo de personas organizadas que buscaron generar desorden público y que de común acuerdo atentaron contra la policía y los edificios públicos. Sin embargo, curiosamente, no hay procesamientos por el delito de daño ni de lesiones.

APU: ¿A quién defiende, y cuál es su situación?

AI: Junto a mis compañeros/as de Nuevo Encuentro asumimos la defensa de dos de los/as detenidos/as. Sobre una de ellas se declaró la falta de mérito aunque el Juez dispuso que sea peritado su celular para ver si ese día se comunicó con algunas de las restantes personas imputadas en la causa,  a quienes no conocía hasta el momento de las detenciones. Por lo que "la falta de mérito" es un engranaje más de la crueldad judicial que busca extender procesos como éste sin fundamento alguno.

La otra persona que defendemos se encuentra procesada  junto a las restantes 21. Esta mañana presentamos un escrito pidiendo la nulidad de la indagatoria y el procesamiento por estar plagado de irregularidades desde el inicio de la causa. Además, pedimos que se declare incompetente la justicia federal en tanto los delitos imputados son de competencia ordinaria. En subsidio apelamos el procesamiento. Ahora quedamos a la espera de la resolución judicial que se haga eco del pedido de la defensas.

APU: ¿Qué medidas pueden tomarse ahora?

AI: Por ahora quedamos a la espera de que se resuelvan los recursos presentados y que se declare la nulidad de la indagatoria y el procesamiento, ya que de lo contrario se estaría legitimando un proceso totalmente arbitrario e ilegal que desconoce los principios básicos de la defensa en juicio y el debido proceso. La declaración de la nulidad es fundamental para poner un freno desde el Poder Judicial al accionar policial que realiza detenciones  a mansalva en el marco de las movilizaciones sociales. El Poder Judicial no puede seguir siendo cómplice de esta práctica política represiva.

APU: ¿Cómo analiza esta persecución judicial en el marco de una creciente criminalización de la protesta social?

AI: Este fallo no hace más que legitimar una clara política estatal que tiene como fin criminalizar la movilización social. No nos llama la atención que la resolución judicial  llegue unos días antes de la masiva movilización convocada por organismos de Derechos Humanos y familiares exigiendo justicia por Santiago Maldonado. Sin dudas, es un elemento clave para crear el escenario propicio para avalar la deslegitimación de los reclamos populares.

A lo largo del año fueron reiteradas las movilizaciones que culminaron de manera violenta y que dejaron como saldo detenciones irregulares. En casi todas se repitió el mismo patrón: movilizaciones pacificas donde "sospechosamente" al momento de la desconcentración aparecen pequeños grupos de encapuchados violentos que generan disturbios y destrozos. Casualmente, ninguna de estas personas resulta identificada ni detenida. Casualmente, en la movilización del 1° de septiembre se detuvo a 31 personas que no se conocían entre sí. Casualmente, en movilizaciones posteriores (1° de octubre, movilización por Julio López y movilización exigiendo justicia por Santiago Maldonado del 21 de octubre) los mismos manifestantes fueron quienes expulsaron a estos pequeños grupos de violentos. El contexto es claro, sin embargo, este fallo deja al descubierto una intención política: desmovilizarnos.

APU: ¿Existe alguna causa contra las fuerzas de seguridad que participaron de la represión del 1/9?

AI: En la actualidad existe una investigación preparatoria impulsada por la PROCUVIN a raíz de las denuncias efectuadas por varios de los/as detenidos/as que fueron víctimas de la violencia policial. En este mismo sentido, el Bloque del Frente para la Victoria impulsó un pedido de informes en la Legislatura Porteña con el fin de obtener información sobre el operativo irregular que llevó adelante la Policía de la Ciudad. Sin embargo, aún no hubo respuesta alguna del Ejecutivo.

La falta de predisposición que muestra el Gobierno de la Ciudad en aclarar las irregularidades detectadas encuentra su correlato en la ausencia de una investigación al interior de la propia policía. La flamante Oficina de Transparencia y Control Externo creada a partir de la Ley N° 5.688 no ha iniciado ningún procedimiento administrativo sobre las faltas cometidas por el personal policial, al arribar a la conclusión de que no se cometió ningún delito por parte de los miembros de la fuerza. Una vez más queda en evidencia como leyes de carácter "progresista" aplicadas por gobiernos de derecha son letra muerta. Además, se iniciaron querellas particulares por los hechos de violencia policial que se encuentran tramitando en la Justicia ordinaria.