Masacre de Napalpí: "Fue una barbarie que estuvo en manos del Estado nacional y de los blancos"

Por Paula Viafora

AGENCIA PACO URONDO dialogó con Diego Vigay, uno de los fiscales de la causa por la Masacre de Napalpí, una masacre que ocurrió en 1924. El abogado trabaja en la Unidad de DD. HH. de la Fiscalía Federal del Chaco y participó en causas y juicios emblemáticos como la Masacre de Margarita Belén, CCD Brigada de Investigaciones, Ligas Agrarias y Complicidad Judicial.

APU:  Este juicio, a diferencia de otros que se están llevando adelante para juzgar a genocidas de la dictadura, es por la verdad, es decir, no busca responsabilidades penales sino la consagración de la verdad. ¿Podés explicar las diferencias desde los aspectos jurídicos y técnicos? ¿Está aún vigente la obligación del Estado de reparar los daños?

DV: La Masacre de Napalpí ocurrió en 1924. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía decidié en 2014 iniciar una investigación de oficio ante este hecho que claramente es un crimen de Lesa Humanidad, en el marco de lo que ha sido el genocidio indígena. Se analizó lo que era el Estado de Derecho en la Argentina en esos años y se encontraron convenciones internacionales firmadas por la Argentina a fines de 1800 y principios de 1900 que la ubicaban claramente como parte de la comunidad internacional y con la obligación de juzgar este tipo de crímenes. 

También la Constitución de 1852, vigente al momento de la masacre, habla del derecho de gentes y los crímenes contra el derecho de gentes,  que eran de competencia federal. Los juicios por la verdad tienen el antecedente de haberse realizado en los años 90 cuando estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y no podían juzgarse a los responsables de crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico militar. Distintos juzgados y Cámaras Federales de muchas jurisdicciones de todo el país llevaron adelante juicios por la verdad. 

En el caso del Chaco se había iniciado el juicio por la verdad de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976 contra detenidos políticos y lo que era el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. Se toman como antecedente estos juicios. Son juicios de carácter penal, son orales y públicos, se produce toda la prueba y el objetivo es reconstruir la verdad con toda la minuciosidad posible y que eso sea establecido en una sentencia. 

APU: El Fiscal Carniel en su exposición sostuvo: “Existió una estrategia del Estado de construir una historia oficial para negar, encubrir y ocultar la matanza. Los responsables de esta barbarie violaron toda la normativa procesal y de fondo vigente en ese momento. No solo por la ejecución de los hechos sino por la omisión de investigar la masacre con posterioridad” ¿En qué consistió la estrategia del Estado?

DV: La Fiscalía logró reconstruir en base a la investigación que se realizó en todos estos años que el estado argentino, a través de las fuerzas federales de la policía de territorios federales y de gendarmería, alrededor de 130 hombres, dispararon en un pelotón de fusilamiento, al cual se sumaron algunos civiles colonos, contra la toldería donde estaba la protesta de prácticamente el noventa por ciento de lo que era la población de la reducción Napalpi.

Estamos hablando de familias enteras de los pueblos Qom y Moqoit y se estima en alrededor de 400 víctimas, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Existió un expediente judicial en esa época, claramente con el objetivo de ocultar lo que había pasado. Declararon solamente algunos policías, se habló de un supuesto enfrentamiento entre Qom y Moqoit y solamente cuatro víctimas. Esa versión oficial se replicó en la prensa de la época. 

En el Congreso de la Nación, ante el pedido de interpelación de diputados socialistas y el pedido de que se constituya una comisión investigadora, el gobierno nacional de la época (gobierno del radical Alvear), responsable en la masacre, aceptó una operatoria para cerrar ese tipo de iniciativas.

APU: Ustedes construyeron el requerimiento basándose, además de los testimonios,  en investigaciones de particulares. ¿Considerás que parte de la reparación debería consistir en que el Estado asuma el compromiso de realizar su propia investigación y compartir los resultados?

DV: El Estado nacional tiene la obligación de investigar como respuesta a obligaciones de convenciones internacionales de las que es parte. A partir de la investigación que realizó la Fiscalía federal y el juicio por la verdad, que es oral y público y, que se complementa con los testimonios de sobrevivientes, hijos y nietos, por lo que es el relato real en la tradición indígena. 

Los investigadores indígenas, fundamentalmente docentes bilingües de ambas comunidades, han sido parte de todo el proceso de reconstrucción de la memoria histórica. A esto se suman documentos históricos de la época, tanto de archivos de la Provincia del Chaco como el Archivo General de la Nación, investigadores de universidades públicas, como la Universidad Nacional del Nordeste, la UBA, el CONICET, antropólogos, sociólogos, historiadores y periodistas. 

Es una reconstrucción muy profunda y minuciosa y ha llevado años en la recolección de la prueba, que va a demandar varias audiencias en las que van a pasar alrededor de sesenta testigos. Cada uno de ellos va a aportar datos muy importantes, concretos, duros y objetivos de cómo sucedieron los hechos. Esa es la investigación que el Estado a través del Poder Judicial Federal debe llevar adelante. En este caso está cumpliendo con su compromiso internacional

APU: ¿Cómo están viviendo los miembros de las comunidades afectadas este comienzo de juicio?¿Los notás esperanzados?

DV: Creo que las comunidades están muy movilizadas. Es un hecho muy doloroso para sus procesos como pueblos, que los han marcado hasta el día de hoy. El terror que produjo la masacre trajo como consecuencia, por ejemplo, la pérdida de la lengua durante varias generaciones. La pérdida del territorio, la marginacion y la exclusion que han sufrido y que se relaciona de manera directa con el genocidio indigena, hoy son pilares de esperanza de que la verdad salga a luz. 

Espero que puedan ser reivindicados y resignificados a través de una sentencia, en cuanto a la estigmatización que han sufrido y que de alguna manera se identifique que la barbarie estuvo claramente en manos del Estado nacional y de los blancos. Los testimonios reflejan el salvajismo y la violencia con las que actuaron las fuerzas de seguridad por orden del gobierno nacional, ya que el Chaco era territorio nacional por esos años. 

APU: ¿Cómo podría materializarse la reparación en caso de lograrse una sentencia favorable?

DV: El objetivo central de este juicio es la reconstrucción de la memoria histórica, a partir de un juicio conocido por toda la comunidad. Es por eso que se está realizando en auditorios muy importantes y con gran concurrencia de público, priorizando entre ellos la asistencia de las comunidades indígenas. Se está transmitiendo a través de las redes sociales populares y se apunta a que la reparación sea a partir de esa reconstrucción. y se consagre el derecho a la verdad de las víctimas. 

También promueve la no repetición de este tipo de hechos y apunta a aportar en la lucha contra el racismo, que es algo que lamentablemente se continua produciendo en algunos sectores del Estado y de la sociedad.  

Además, se pretenden reparaciones simbólicas como por ejemplo que el tema sea incluido en la currícula escolar de la Provincia del Chaco o de todo el país, transformar en un museo para la memoria la sede del edificio de la Reduccion Napalpi, y que ese museo tenga la voz de los sobrevivientes y todos los documentos históricos y que sean declarados patrimonio histórico y cultural de la provincia. 

También brindarles la posibilidad de cambiar el nombre al paraje donde ocurrió la masacre ya que ellos los asocian con un hecho doloroso y que puedan elegir unos que tenga que ver con su identidad. No habrá reparacion económica porque esas reparaciones se logran con un juicio civil y este el penal.