Matías Moreno: “La unidad con el movimiento de derechos humanos es imposible de romper”

A 47 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico militar en nuestro país, y por cumplirse cuarenta años desde la recuperación de la democracia, hay ciertos balances que se imponen. No sólo por el rol de los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, sino también por las tareas llevadas a cabo por quienes ocupan posiciones en los diferentes niveles de gobierno, que deben sostener el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En ese contexto, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El “Gitano”, a su vez militante fundador de la filial de H.I.J.O.S. en La Plata, reflexionó sobre algunas de las deudas pendientes que tiene nuestra democracia, tales como la violencia institucional y los nuevos mecanismos de disciplinamiento que hay en la actualidad.

Agencia Paco Urondo: A cuarenta años de la recuperación de la democracia, ¿qué reflexión puede hacerse? ¿Cuáles son algunas de las deudas pendientes?

Matías Moreno: Que cumplamos cuarenta años de periodo democrático, el más largo de la historia moderna de nuestro país, es un patrimonio de toda la sociedad en función de que hoy tenemos una democracia muy consolidada, un sistema político consolidado, pero hay algunas deudas. En materia de derechos humanos, la problemática de la violencia institucional a nivel accionar de las fuerzas de seguridad. 

Por otro lado, estar atentos y denunciar que si hace 47 años la forma disciplinadora del poder real era la tortura, la desaparición y la muerte para la imposición de un modelo económico hoy eso se traduce en un dispositivo mediático-judicial que persigue e intenta disciplinar a los dirigentes populares de todo el continente. En nuestro país se nota con la persecución indiscriminada a Cristina Fernández de Kirchner. Denunciar estas maniobras de la corporación judicial nos pone en un lugar de seguir mejorando esta democracia.

APU: ¿Qué sucedió en torno a la consigna de la marcha del 24 de marzo sobre el lawfare y la postura de los organismos?

MM: Quedó saldado con la consigna de los organismos, que es Memoria, Verdad y Justicia y basta de corporación judicial. Ese malentendido fue tergiversado y manipulado por los grandes medios de comunicación que sabemos para quién juegan. Están buscando todo el tiempo romper una unidad que es imposible de romper. 

Está claro que el movimiento de derechos humanos tiene el patrimonio de una lucha intachable durante cuarenta años pero también reconoce la decisión política de Néstor y después de Cristina de asumir esa demanda histórica y transformarla en política de Estado a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos, la transformación de Centros Clandestinos de Detención en espacios de memoria. Esos factores nos ubican como ejemplo en el escenario internacional de cómo procesar las dictaduras cívico militares y nuestro pasado reciente con memoria, verdad y justicia.

Como todos los años, gran parte de la sociedad estuvo en la calle repudiando el 24 de marzo de 1976, consolidando el Nunca Más a una dictadura cívico militar, reivindicando y recordando a tantos compañeros detenidos desaparecidos y también denunciando los aprietes de un sector muy grande de la justicia. Apriete no sólo con la vicepresidenta sino en la falta de justicia en toda la sociedad, desde un tribunal ordinario hasta la necesidad imperiosa de una reforma judicial.

APU: Lo mencionaba recién como problemática. ¿Qué posibilidades hay de impulsar el tratamiento de una Ley Integral contra la Violencia Institucional en la provincia de Buenos Aires?

MM: Reconocemos la problemática, incluso que no es de un gobierno en particular sino que nos atraviesa desde el regreso de la democracia en 1983. Hay varios proyectos de ley impulsados a nivel nacional. Entendemos que tanto en nación como en provincia, desde 2019, hemos impulsado políticas públicas. Por ejemplo, es la primera vez que en Buenos Aires hay una Dirección de Política Contra la Violencia Institucional. 

Está clara la gran diferencia que tenemos, más allá de ser un problema a resolver, con el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. El ex presidente recibió a un miembro de las fuerzas de seguridad que mató a un ciudadano por la espalda. Este gobierno pone todo a disposición para la contención de las familias y, sobre todo, la Subsecretaría se presenta como querellante ante casos de violencia institucional y trabajamos diariamente con el Ministerio de Seguridad para la formación y prevención de los mismos.

APU: ¿Cuál es la situación de la provincia en materia de negacionismo? ¿Qué ocurrió con los distintos proyectos de ley para sancionarlo?

MM: El negacionismo lo inscribo en sectores marginales que son impulsados y amplificados por un sector de los medios de comunicación y de la oposición. Recordemos que durante el macrismo se puso en cuestión el número de detenidos desaparecidos, se intentó modificar el feriado del 24 de marzo y se impulsó el famoso 2x1. Son escenarios generados que envalentonan cuestiones negacionistas frente al proceso de memoria, verdad y justicia que se llevó y se está llevando a cabo en los juicios por los delitos de lesa humanidad.

Estar atento a esas cuestiones también hace a una mejor y más democracia. Hay que reconocer en esas voces intenciones políticas de un sector de la oposición. El otro día Macri volvió a hablar del “curro” de los derechos humanos y tuvo la respuesta de nuestro ministro del Interior. Van a negar siempre la existencia de una dictadura cívico militar porque, seguramente, los implique y responsabilice a ellos también porque son parte de sectores económicos que se vieron claramente beneficiados y que son los mismos que hoy están detrás de la persecución e intento de proscripción a nuestra vicepresidenta.