Malvinas y los límites de la posición progresista

Hay una forma de pensar —propia del universo progresista, especialmente en sus expresiones académicas, militantes y urbanas— que, más que una ideología en sentido clásico, funciona como un reflejo condicionado frente a lo nacional. Es, en buena medida, el resultado de una formación cultural que —como advertía Arturo Jauretche— ha sido estructurada para mirar la realidad con categorías ajenas, importadas, incapaces de captar la especificidad histórica de la nación. Una pedagogía de la colonización mental que enseña a desconfiar de lo propio y a validar, casi automáticamente, por acción u omisión, todo aquello que provenga de los centros de poder. Una gimnasia intelectual que permite decir siempre lo correcto, ubicarse prolijamente del lado de los buenos y retirarse a dormir con la conciencia tranquila. Porque en ese universo, la virtud no consiste en comprender la realidad y sacarle provecho, sino en aprobar el examen moral. Indignarse cuando corresponde, condenar sin matices y, sobre todo, no incurrir jamás en el pecado capital de pensar en términos nacionales. Eso, hoy por hoy, es cosa de fachos.

Detectarla no requiere un test sofisticado, alcanza con observar cómo reaccionan ante determinados hechos históricos, y especialmente ante uno que los descoloca por completo: MALVINAS.

El punto de partida no es —ni puede ser— la defensa de los derechos humanos. Esa es una conquista estructural e irrenunciable de la Argentina democrática. El problema surge cuando ese paradigma, siendo válido y necesario, se absolutiza hasta convertirse en un marco excluyente, incapaz de dialogar con otras dimensiones igualmente constitutivas de la historia nacional. Cuando eso ocurre, quedan fuera del análisis cuestiones centrales como la geopolítica, la soberanía, la defensa, el rol de las FFAA, los intereses de las potencias occidentales en el Atlántico Sur. Es en ese punto donde el enfoque de derechos humanos deja de aclarar y empieza a oscurecer; no por ser incorrecto en sí, sino porque, al intentar explicarlo todo desde una única perspectiva, termina por invisibilizar aquello que no encaja en ese marco. Por caso, los estaqueos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y deben ser investigados, juzgados y sancionados con toda la severidad que corresponda. Pero esa dimensión —indiscutible en términos jurídicos y morales— no puede erigirse en el prisma único desde el cual analizar toda la cuestión Malvinas. Hacerlo implica reducir un conflicto histórico, geopolítico y de soberanía a un solo aspecto, por relevante que sea, perdiendo de vista su naturaleza integral como causa nacional.

Sin embargo, desde la mirada progresista, la cuestión Malvinas tiende a ser abordada prioritariamente desde el prisma de los derechos humanos. Ese enfoque —impulsado por una legítima sensibilidad moral— termina por organizar toda la interpretación del conflicto, desplazando a un segundo plano otras dimensiones decisivas, como la naturaleza histórica de la causa.

La imposibilidad de pensar la contradicción

El rasgo más evidente de esta matriz es su dificultad para sostener tensiones históricas complejas. Frente a Malvinas, su esquema interpretativo entra en crisis. Si la dictadura fue criminal —y lo fue—, entonces todo lo que hizo debe ser considerado ilegítimo; pero si la recuperación de las islas constituyó un acto de soberanía, habría que admitir que allí se expresó, al menos, un contenido que excede al régimen que lo ejecutó; vale decir, habría que reconocerle algún mérito al régimen dictatorial, y hacerlo implicaría debilitar su rechazo. Como ambas dimensiones no logran convivir dentro de ese marco de pensamiento, se opta por una salida más simple. En lugar de asumir la contradicción, se la elimina. No se la resuelve; se la suprime, reduciendo así la complejidad histórica a un esquema sin tensiones. Así, la guerra deja de ser un episodio de disputa colonial para transformarse en un hecho puramente moral; una “aventura”, un “delirio”, una “manipulación”, “una guerra sin sentido”; pero la guerra sucedió. El conflicto geopolítico desaparece, y con él, la historia misma.

Los liderazgos, la valentía y el arrojo parecen haber sido prolijamente retirados de nuestra historia política reciente; como si la épica fuese un bien importado, con denominación de origen en Escocia, Estados Unidos o Inglaterra. Aquí, en cambio, todo debe ser moderado, revisado y, de ser posible, despojado de cualquier atisbo de grandeza. No vaya a ser cosa que, entre tanta corrección, alguien termine creyendo que también tuvimos héroes.

Entonces, ¿Pueden ser los soldados héroes y víctimas a la vez? ¿Cómo distinguir entre el régimen dictatorial y la causa sin que uno anule al otro? Imposible. ¿Cómo reconocer un acto de soberanía sin quedar atrapado en la legitimación de quienes lo ejecutaron? Imposible. ¿Cómo pensar en términos de nación sin ser acusado de nacionalista peligroso? ¿Cómo asumir una guerra en clave geopolítica sin reducirla a un problema moral? ¿Cómo comprender al pueblo movilizado sin tratarlo como objeto de manipulación? ¿Cómo hablar de intereses estratégicos sin ser señalado como belicista? ¿Cómo admitir que hubo coraje y sacrificio sin caer en la minusvalidante mención de “los pobres chicos de la guerra”? ¿Cómo sostener la complejidad histórica sin simplificarla entre buenos y malos? ¿Cómo integrar derechos humanos y soberanía en un mismo análisis? Imposible.

A diferencia de los “bienpensantes” —que necesitan un marco teórico, dos citas y un seminario para autorizar cada conclusión, y aún así no pueden superar el primer nivel de complejidad en el análisis sobre Malvinas—, el pueblo y los trabajadores suelen resolver las cosas con una eficacia desarmante; entienden. Sin tanta vuelta, sin tanta explicación. El teórico académico, en cambio, puede explicar todo… salvo aquello que tiene delante de los ojos.

Lo cierto es que la recuperación de las islas en 1982 constituye, objetivamente, un acto de soberanía. No por la calidad de quienes lo ejecutaron, sino por el contenido histórico que implicó. El hecho de que haya sido protagonizado por una dictadura no lo invalida; por el contrario, pone de relieve que incluso un régimen subordinado puede, por error, necesidad o cálculo, tocar un nervio profundo de la nación que permanece latente. Paradójicamente, ese episodio bélico resultó la antítesis política del programa económico del propio régimen. Mientras José Alfredo Martínez de Hoz impulsaba la inserción dependiente de la Argentina en el capital financiero internacional mediante la extranjerización de la economía —con eje en la Ley de Entidades Financieras—, la guerra implicó un enfrentamiento directo con el imperialismo occidental. Fue, en ese sentido, el único momento en que la dictadura se apartó del libreto liberal-colonial que había seguido desde el 24 de marzo de 1976.

Pero claro, la historia —según cierto manual de corrección política— debería comportarse con la prolijidad de un silogismo. Si el sujeto es impuro, el hecho es ilegítimo, y asunto resuelto. Lástima que la realidad no haya sido debidamente notificada. Las causas nacionales, para peor, tienen la mala costumbre de no pedir permiso a sus conductores circunstanciales; aparecen, irrumpen, se cuelan, se desubican, son un misterio; incluso en contextos adversos, y encima lo hacen de manera contradictoria. Una verdadera falta de respeto para quienes necesitan un mundo ordenado, lineal, sin tensiones, donde la historia no incomode y la conciencia pueda seguir durmiendo tranquila. Lo cierto es que la recuperación de Malvinas en 1982 tuvo la desubicada ocurrencia de interrumpir un orden colonial vigente desde 1833. Un dato incómodo, sin duda, porque la realidad no se ajusta fácilmente a los ideales morales predefinidos. Pero claro, siempre queda el recurso de ignorarlo; total, si un hecho no encaja en la teoría, peor para el hecho. Eso sí, a fuerza de depurar la historia de estas impertinencias, lo que se termina sacrificando no es el acontecimiento, sino la comprensión misma de lo que efectivamente ocurrió.

El lenguaje como campo de batalla

Otro indicador clave es el vocabulario. Las palabras no son neutras; ordenan la manera en que se percibe la realidad. En esta mirada progresista hay un vaciamiento deliberado del lenguaje en clave nacional, ya que desaparecen nociones como soberanía, Patria, causa nacional o héroes, y en su lugar se instala un léxico que desactiva toda dimensión colectiva y heróica —“aventura militar”, “guerra absurda”, “patriotismo tóxico”, “causa ilegítima”—. En definitiva, se trata de una operación política en sentido pleno. Porque el lenguaje no solo describe la realidad; la delimita, la hace visible o la borra. Cuando se vacía el vocabulario capaz de nombrar lo nacional, no se produce únicamente una sustitución semántica, sino una reducción del horizonte de lo pensable. Lo que no se nombra deja de percibirse, y lo que no se percibe difícilmente pueda organizarse como proyecto. Así, la nación no desaparece como hecho histórico, sino como posibilidad política; queda desarmada en el plano simbólico, privada de las categorías necesarias para reconocerse, afirmarse y actuar en consecuencia.

Sabemos, siguiendo al historiador riocuartense Alfredo Terzaga, que: “Tan pronto se reflexiona sobre este previo y capital aspecto, que se refiere nada menos que a la creación, por parte de los latinoamericanos, de un instrumento cultural que le corresponda auténticamente, se echa de ver que el postulado de una cultura con raigambres nacionales, que es como decir de una verdadera cultura, no es un mero tópico de academias sino un requisito indispensable para la existencia independiente de estos pueblos. Solo desde la base primordial de tal cultura pueden edificarse, en tal efecto, las definiciones doctrinales y las actitudes ideológicas que reflejen, sin deformaciones interesadas o inconscientes, la realidad de los procesos sociales y políticos americanos.

Tremendos prejuicios pueden acarrear a nuestros pueblos su movilización tras banderas agitadas por manos extrañas y sirviendo también a intereses ajenos. La impotencia para reaccionar o defenderse de las consignas “tabús” que implica el ejercicio de un verdadero terrorismo ideológico, es una impotencia de trágicos resultados. (...). Pero sí debe ser exigido y deseado, en cambio, el imperativo de originalidad, de autenticidad, para la adecuación y para el uso de las categorías y del lenguaje político conocido. Este lenguaje no puede ser indiferente a los abismos que median entre las condiciones de Londres y las de Siria o el Amazonas, por ejemplo, pues de la confusión nacerá forzosamente la sumisión o la derrota del más débil.

La verdadera independencia, la conquista de la auténtica personalidad, será un hecho por eso, o una segura promesa, cuando las definiciones y las banderas surjan de las propias condiciones de su realidad y no mientan, como vestidos ajenos, las contradicciones de un cuerpo que no se les acomoda”.

(Cap. “América Latina debe hallar fórmulas ideológicas que le sean auténticas”, en Emancipación y Resistencia en Latinoamérica, 2010)

Lo concreto es que en los últimos 10 o 20 años se fue configurando una pedagogía política en sectores de la militancia —especialmente en el kirchnerismo, la izquierda y derramadas a la sociedad— que, al tiempo que incorporaba nuevas agendas, comenzó a mirar con distancia componentes centrales de la tradición nacional. En ese proceso, perdieron gravitación referencias históricas como el sindicalismo, la defensa soberana, la religiosidad popular —incluida la figura del Papa Francisco—, la cultura criolla, el mestizaje y los símbolos patrios. Ese desplazamiento convivió con la centralidad creciente de consignas vinculadas a nuevas agendas: indigenismo, ambientalismo, lenguaje inclusivo, debates sobre género, aborto, masculinidades, deconstrucciones y diversas agendas modernas legítimas en el plano de derechos, pero que reconfiguraron el eje del discurso político. El resultado es un contraste significativo; mientras se debilitan los elementos que históricamente articularon pertenencia y mayorías, se fortalecen identidades más segmentadas, eficaces hacia adentro, pero con mayores dificultades para proyectarse como base de sustentación de un proyecto nacional.

La infantilización del pueblo

Un tercer rasgo de esta matriz es su mirada sobre el sujeto popular. Las movilizaciones de marzo y abril de 1982 son leídas, desde el enfoque progresista, no como expresión de conciencia política, sino como resultado de manipulación o engaño del poder mediático. El pueblo aparece así reducido a una masa confundida, incapaz de comprender sus propios actos.

Sin embargo, los hechos desmienten esa interpretación. El 30 de marzo, los trabajadores enfrentaban a la dictadura; el 2 de abril, esos mismos sectores acompañaban la recuperación de las islas. Lejos de constituir una contradicción, esa doble presencia revela una distinción profunda; el pueblo podía rechazar al régimen y, al mismo tiempo, reconocer una causa nacional. Esa capacidad de discernimiento —elemental, pero decisiva— es precisamente lo que esta mirada no logra admitir, porque rompe con su esquema paternalista de superioridad moral.

Basta imaginar la escena de un director de claustro, rodeado de bibliografía cuidadosamente ordenada, explicando con seriedad académica que Saúl Ubaldini y cientos de miles de personas estaban equivocados aquel día; que aquella multitud no comprendía del todo lo que hacía y que, en el mejor de los casos, reaccionaba emocionalmente. Así, con la tranquilidad que da el pizarrón y la distancia del aula, se corrige al pueblo en retrospectiva. Y, llevada esa lógica hasta los extremos de la incomprensión, habría que admitir también que los países latinoamericanos que expresaron y nos prestaron su apoyo —como Perú, Venezuela o Cuba, y tantos otros— estaban igualmente equivocados, incapaces de comprender la naturaleza del conflicto y arrastrados por una lectura errónea de los hechos. Un genio el director de la Cátedra.

Las imágenes de la Plaza del 2 de abril de 1982 —disponibles para quien quiera verlas sin prejuicios— muestran con claridad algo que incomoda a más de una lectura simplificadora. No hay una masa dócil ni un pueblo manipulado sin resto, sino una escena atravesada por tensiones sociales y políticas reales. Cuando el dictador Galtieri intentó capitalizar políticamente la recuperación, emergen abucheos, gestos de distancia, una resistencia latente; pero cuando se nombra al invasor británico y se pone en juego la cuestión de la soberanía, la plaza se enciende, se unifica, se levanta. No es contradicción; es conciencia. Dicho de otro modo; no hay una plaza “de Galtieri”. Hay una plaza que desborda al propio Galtieri. Un pueblo que puede —al mismo tiempo— rechazar a la dictadura y asumir como propia una causa nacional. Y esa simultaneidad, precisamente, es lo que desarma las lecturas simplistas de los buenos progresistas, que han nacido y se han educado, para no entender nunca la fibra de lo popular, y que con Malvinas lloran cada 2 de abril… pero sin dejar de taparse la nariz.

La política progresista de la historia.

El 12 de octubre. El reemplazo del “Día de la Raza” —instituido por Hipólito Yrigoyen en 1917 y luego resignificado por el peronismo— por el actual “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, establecido en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no constituyó una simple actualización terminológica, sino un cambio de enfoque histórico más profundo respecto a nuestra historia Latinoamericana. Bajo el loable propósito de reconocer la pluralidad étnica y los derechos de los pueblos originarios, la conmemoración desplazó su eje; de la afirmación de una raíz común hacia la puesta en valor de las diferencias. Pero en ese desplazamiento se fue diluyendo el sentido histórico que Yrigoyen y el propio Perón habían buscado destacar; el de una América concebida como resultado en el mestizaje, como una unidad civilizatoria forjada en la fusión de culturas, lenguas, religiosidad y tradiciones. El nuevo enfoque heredado de la década K, aun animado por una intención legítima, tiende a enfatizar la fragmentación por sobre la integración, resignificando el pasado desde categorías que privilegian la diferencia antes que la síntesis histórica. Y en un continente atravesado recurrentemente por tensiones disgregadoras, conviene no perder de vista un dato político elemental; reconocer la diversidad es valioso, pero sostener aquello que nos une es decisivo.

Roca. Se configura aquí una operación política sostenida desde sectores del progresismo y la ultraizquierda que, bajo la apariencia de una condena moral insustituible, apunta a desarticular los vínculos históricos entre el pueblo argentino y su propio proceso de construcción nacional.

Al juzgar a Julio Argentino Roca exclusivamente con categorías del presente, o catalogarlo directamente como genocida de los pueblos originarios, se omite deliberadamente su papel en la consolidación del Estado moderno. Fue el tucumano quien extendió la autoridad estatal sobre territorios fragmentados, clausuró dinámicas de disgregación heredadas de la crisis virreinal y limitó la proyección de intereses extranjeros en el territorio, específicamente de la Corona Británica. Despojarlo de esa dimensión no implica solo una revisión crítica —legítima en cualquier proceso histórico—, sino el riesgo de vaciar de sentido la propia experiencia nacional. En ese marco, estas lecturas superficiales, influenciadas por una sensibilidad que privilegia la condena moral por sobre la comprensión histórica, terminan proyectando una idea de país abstracta, más preocupada por la coherencia ética que por la viabilidad política.

Quienes repudian a Julio Argentino Roca mientras se reivindican peronistas pierden de vista una continuidad histórica elemental; el proyecto nacional y soberano que encarnó Juan Domingo Perón fue posible porque antes existió un proceso de unificación territorial, institucional y militar que dio forma al Estado, al territorio y al Ejército nacional. Osvaldo Bayer, erigido en referencia de un progresismo culposo, encabezó una cruzada que terminó por cuestionar las bases mismas del Estado nacional. Desde un anarquismo de impronta romántica, colocó a Julio Argentino Roca en el banquillo de los acusados y dictó sentencia desde categorías ajenas a la complejidad histórica. Pero Roca fue mucho más que la caricatura que ofrecen ciertos manuales anarquistas. No solo un general o un presidente, sino el actor político central en la fundación de la Argentina moderna. No comprender esa dimensión es permanecer atrapado en una lectura binaria y distorsionada de la historia; negarlo, en última instancia, es resignarse a la impotencia como horizonte político. Y así, condenan a Roca como síntesis de todo lo indeseable, sin asumir que fue precisamente ese Estado —nacido del conflicto y no del consenso académico— el que hizo posible la Argentina.

Perón y Francisco. El progresismo argentino ha construido, con el tiempo, una matriz de rechazo sistemático hacia instituciones que, con todas sus contradicciones, forman parte constitutiva de nuestra historia. Un antimilitarismo reflejo, un antisindicalismo apenas disimulado y un anticlericalismo que no distingue muchos matices. Se trata de una desconfianza estructural hacia todo aquello que haya encarnado formas de organización, disciplina o identidad colectiva en la experiencia nacional. Esa incomodidad se vuelve más evidente cuando la realidad introduce hechos difíciles de procesar dentro de ese esquema. Porque la historia argentina —y latinoamericana— tiene la obstinación de producir figuras que desbordan los moldes teóricos de las enciclopedias. Y así ocurre que dos de los cuadros más significativos de vocación transformadora para la Argentina emergen, precisamente, de las instituciones que ese progresismo suele impugnar; uno formado en las Fuerzas Armadas, otro en el seno de la Iglesia. Que horror.

Es dable destacar que el progresismo en sus niveles de conducción comprendió con claridad el alcance político de la figura del Papa Francisco, pero en lugar de incorporarla como un factor de potencia y orientación política, optó deliberadamente por neutralizarla. Incómodo para sus categorías y atravesado por sus prejuicios, su mensaje fue reducido, desviado o directamente impugnado. Y allí reaparece un mecanismo ya conocido; encuadrarlo en la lógica de la dictadura y someterlo al tribunal permanente del linchamiento moral, no como ejercicio genuino de memoria, sino como herramienta de deslegitimación.

Se trató de una decisión política; desactivar una figura que, por su densidad histórica y su mirada sobre lo social, desborda y cuestiona los límites del propio esquema progresista. Con Juan Domingo Perón ocurre algo similar. Basta con su condición de hombre y militar para distinguirse y activar un reflejo automático de sospecha, como si ese dato de origen alcanzara para clausurar toda comprensión de su proyecto político o, incluso, para declararlo superado desde una pretendida superioridad política evolutiva.

El desarme de la conciencia nacional

El problema, en definitiva, deja de ser meramente interpretativo para adquirir una dimensión política. Porque esa mirada termina funcionando como un dispositivo de desarme de la conciencia nacional. Bajo el rechazo a determinadas experiencias históricas, Malvinas, Roca, la religiosidad popular, las FFAA; se instala una desconfianza más profunda hacia toda forma de afirmación colectiva, hacia la idea misma de soberanía y hacia cualquier épica que no se ajuste a los parámetros de la corrección moral. El efecto es concreto; un país que duda de sí mismo, que relativiza sus símbolos y tradiciones, que sospecha de sus propias referencias y que pierde la capacidad de pensarse como sujeto histórico. Porque esa conciencia no surge de una paternidad moral que clasifica y condena —como si la historia pudiera ordenarse en un cuadro de doble entrada entre buenos y malos—, sino de la incorporación crítica y no selectiva de nuestros propios procesos, con sus luces y sus sombras.

Allí se manifiesta su consecuencia más profunda. Mientras el progresismo se percibe a sí mismo como moralmente victorioso y la medida de todas las cosas para ser juzgadas, termina impulsando —sin advertirlo— una auténtica pedagogía de la derrota. Y lejos de ser un fenómeno marginal, cuando esta matriz se expresa desde los ámbitos de decisión política o desde las academias, se convierte en síntoma de un problema estructural; el de un país que aún no ha logrado reconciliarse críticamente con su propia historia para proyectarse con claridad y firmeza hacia el futuro. Abordar esta tensión forma parte de la tarea central de resolver nuestra cuestión nacional en toda su complejidad.