Ana Castellani: “La política pública no puede ser, como en el gobierno de Cambiemos, el lobby particular de un sector”

Por Julián Bilmes, Andrés Carbel y Santiago Liaudat

Onceava entrega del ciclo de entrevistas sobre planificación, gestión y política pública. En esta ocasión, una charla con Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. "Nosotros podemos tener toda la voluntad de ir hacia un lado pero eso no va a suceder si no tenemos capacidades estatales para llevar adelante esos objetivos políticos", aseguró la funcionaria nacional. 

APU: Para empezar quisiéramos que nos cuentes un poco acerca de cuál es tu trayectoria en relación a la planificación y gestión pública.

Ana Castellani: En el ámbito académico estamos bastante acostumbrados a la noción de la planificación, porque casi toda la tarea de investigación requiere de una planificación de un año como mínimo. Los proyectos de investigación pueden ser de cinco o de tres, pero uno está acostumbrado a establecer objetivos de largo alcance cuando arma un programa de investigación, en donde ese objetivo general que se pretende resolver o cumplir a su vez se desglosa en un conjunto de objetivos específicos, tareas e indicadores de resultados. El docente también requiere una planificación de sus clases, de su programa anual o la construcción de una materia. Todo ese tipo de herramientas vinculadas a poder proyectar hacia adelante lo que uno propone y cómo va a evaluar la calidad de ese camino realizado, es algo que está bastante incorporado y que en la función pública es indispensable, así que haber contado con más de 30 años de experiencia con la vida académica ha ayudado muchísimo para organizar la gestión.

APU: Bien, y yendo hacia tu rol actual como Secretaria: ¿cómo se puede a través de las políticas de empleo público mejorar cualitativamente la capacidad de incidencia del Estado en la economía y la sociedad?

AC: Creo que ahí nosotros en Argentina tenemos una deuda. Hay mucho debate sobre el Estado: si tiene que intervenir o no y cuánto, o sea la orientación de la política pública, la cantidad de intervenciones del espacio que pueden ocupar las acciones concretas del estado. Entonces hay toda una discusión sobre la orientación y sobre el costo de esas acciones estatales y sobre el impacto fiscal que tienen, y ese paradigma que cómodamente se ubica siempre a discutir estos puntos, suele omitir -y el campo popular a veces cae en el mismo problema- la discusión sobre la calidad de la acción estatal. Nosotros podemos tener toda la voluntad de ir hacia un lado pero eso no va a suceder si no tenemos capacidades estatales para llevar adelante esos objetivos políticos. Entonces está claro que los funcionarios de determinados gobiernos definimos la orientación, la cantidad y los campos de acción de las políticas, sobre qué universo de destinatarios queremos trabajar, o sobre qué campos de la política de la realidad queremos intervenir con las políticas públicas. Pero no hay una discusión sobre cómo se despliega eso, sobre cómo se evalúa la mejor relación entre los recursos que se invierten y los resultados que se obtienen, y sobre la eficacia concreta de la política pública, si una vez implementada cumplió el objetivo por la cual fue hecha. Entonces me parece que hay que empezar a matizar ese debate en términos cuantitativos, no minimizarlo, complementarlo con todo un análisis sobre las capacidades estatales. Procedimientos, equipamientos, saberes técnicos, capacidades relacionales con el resto de los actores, capacidades de coordinación hacia dentro del propio estado y de coordinación entre los distintos niveles del estado, porque Argentina como país federal tiene además ese desafío que es coordinar las políticas del estado nacional en los niveles provinciales y municipales. Y entre todas esas capacidades la que suele quedar omitida en términos de entenderla como una capacidad del estado, es la calidad del empleo público. Si no cuento con personas que trabajen con la formación, idoneidad y capacitación permanente, o las condiciones laborales necesarias para que se retengan los talentos es muy difícil que la batería de políticas salga bien.

APU: ¿Se trata centralmente de la calidad y capacitación de ese empleo? Porque hay otros sectores, como el gobierno anterior, que identifican el problema con la falta de modernización del estado.

AC: El tema es qué se entiende por modernizar el estado. Nosotros tuvimos un gobierno que creó un Ministerio de Modernización. Yo estudié bien ese caso en el momento que iba sucediendo, y lo que uno ve claramente es la asociación de la modernización con la tecnología. Y ahí se corre un riesgo enorme, porque la tecnología por supuesto que es una herramienta clave para poder diseñar mejor los procesos. Pero no se puede caer en un fetiche. La tecnología no va a resolver los problemas de la política pública mal diseñada, mal enfocada o mal resuelta. Es la herramienta que acompaña una producción que realizamos las personas, los funcionarios en el momento del diseño y todo el resto trabajadores y trabajadoras en el proceso de implementación, seguimiento y evaluación.

La modernización se entendió como una despapelización del estado. Eso está bien, agiliza los procesos, permite más transparencia y mejor seguimiento de los actos administrativos, pero eso solo no garantiza la calidad del estado. Ni las apps, ni las turneras. Hay un montón de procesos que se hacen en el estado y la mayoría de ellos los llevan adelante las personas, entonces para mí el foco de la modernización está en las personas, o sea en el empleo público.

Por supuesto, está la organización de los procesos. De nada sirve tener todo digitalizado si un proceso involucra 89 pasos. Habrá que ver cómo se simplifican esos pasos, y después veo cómo los meto dentro del programa que me permita hacerlo de una forma ágil y digital, si es que tengo acceso a esa oportunidad. Si la respuesta automática en una red social o en un whatsapp no me deja abierta la puerta a una atención personalizada, a algunos ciudadanos no les voy a estar resolviendo el problema que buscaban resolver.

Poner el énfasis exclusivamente en lo tecnológico como sinónimo de la modernización no es casual. Porque en la gestión anterior eso abrió una oportunidad de negocios a través de contrataciones con consultoras privadas. Además permitió instalar la idea de que había una gran masa sobrante de trabajadores que ya no eran necesarios, y fueron hacia la reducción de las plantillas de personal. Entre retiros voluntarios y fines de contrataciones temporarias y renuncias, hay una baja de prácticamente 40.000 personas, que no tuvieron un impacto en el achicamiento del pago de la masa salarial, porque se generaron estructuras de cargos medios y no se coordinó la política salarial integralmente en el sector público como nosotros estamos haciendo ahora desde acá. Todo lo que podías ajustar por esta masa de despidos se terminaba yendo por arreglos sectoriales específicos, que generó fuertes heterogeneidades salariales dentro del estado nacional.

APU: ¿Esos 40.000 que se dieron de baja a cuántos representan del total?

AC: La administración pública nacional tiene aproximadamente 400.000 personas, de las cuales 200.000 integran fuerzas armadas y de seguridad. Hoy son 200.000 aproximadamente los que componen los organismos descentralizados y ministerios. El macrismo echó esos 40.000, pero incorporó aproximadamente otros 10.000, entonces sobre una plantilla de 230.000 personas se desprendió de 40.000. Tuvo costos políticos y tuvo que negociar. Pero hubo áreas específicas en donde se ensañaron: cultura, agricultura familiar, el INTI, los organismos de CyT. Si nosotros queremos que eso no vuelva a suceder, tenemos que avanzar en los concursos para los cargos transitorios y lograr la estabilidad que brinda la planta permanente.

APU: Volviendo a la pregunta original, más allá de que la modernización no se pueda reducir a lo tecnológico, ¿vos compartís que, en un sentido más amplio, es un desafío para el estado modernizarse?

AC: No hablaría de modernización en ningún sentido, porque lo moderno se opone a algo tradicional, antiguo, y hay una definición ahí que no comparto. La burocracia no existe porque somos malos y queremos ser complicados. Hay que entender la diferencia fundamental entre estar regido por el derecho público y estar regido por el derecho privado. ¿Y por qué el derecho público es tan exigente? Porque nosotros administramos fondos públicos.

Si yo fuera una empresaria, arriesgara mi propio capital, lo único que me dice la ley es que tengo que hacer lo que quiera menos lo que la ley me prohíbe. Por ejemplo, no puedo evadir impuestos. Ahora, en el derecho administrativo esa lógica es completamente inversa. En el sector público todo requiere un acto administrativo, se hace de una manera establecida y estipulada por ley. El procedimiento. No, por supuesto, la orientación de la política pública, que yo la puedo definir: “quiero regularizar todos los cargos transitorios y llamar a concurso". Entonces este año arrancamos con 8.330 concursos. Tiene toda una serie de pasos administrativos enormes y necesarios, que se tienen que hacer bien, y que además, y esto es lo que no figura en el derecho administrativo, para que esas políticas tengan éxito hay que lograr los acuerdos necesarios. Dentro del gobierno, con las distintas áreas, y hacia afuera, en este caso con las con las representaciones gremiales.

A diferencia de otros tipos de planificación, la planificación de la política pública requiere permanentemente esta instancia de construcción política de los acuerdos necesarios adentro y afuera. Tengo ejemplos muy concretos de políticas públicas que tal vez nos llevó más tiempo, pero que cuando arrancó el proceso administrativo como ya teníamos todos los acuerdos logrados, ese circuito circuló por un tubo. Muchas veces, cuando no están construidos esos acuerdos políticos todo ese proceso se obstaculiza. Entonces no hay que caer tampoco en el fetichismo de la planificación, del procedimiento. La planificación y ese diseño estratégico incluye a todos los actores que van a estar involucrados, y para eso el funcionario político tiene el rol fundamental de construir acuerdos con sus superiores y con el resto de las áreas.

La política pública no puede venir ni del diseño teórico de un funcionario en un escritorio, aislado, y tampoco puede ser que venga cualquier organismo internacional que diseñó un “tipo de solución para este tipo de problemas en toda la región" y te venda el modelo de política y vos implementes bajado del manual. La planificación es situada, con los factores que tenés, los gobernadores, compañeros de gabinete, organizaciones de la sociedad civil, sindicales, empresarios, lo que sea que te toque lidiar. Tampoco puede ser, como muchas veces sucede y en el gobierno de Cambiemos fue la marca distintiva, que la política pública sea el reclamo o el lobby particular de un sector, que venga quien sea y te diga "hay que hacer esto" y te lo dé llave en mano.

APU: Y esa rigidez de los procedimientos, ¿no dejan al estado muchas veces en la posición de tener que tercerizar o buscar a través de consultoras privadas que no están regidas por el derecho administrativo para desarrollar su intervención?

AC: Para empezar, estoy totalmente en desacuerdo en que las políticas públicas se formulen mayoritariamente así. Uno tiene que construir las capacidades estatales y trabajar con las capacidades que tiene instaladas, ampliarlas o mejorarlas todo el tiempo. Y ese es el doble desafío: tengo que ir haciendo mientras voy mejorando esas capacidades.

Es claro que hay algún tipo de cuestiones, como un desarrollo informático, que jamás se lo daría a una consultora privada. Nosotros tuvimos que sacar Concursar 2.0. Teníamos una plantilla de desarrolladores propios que lo pudieron terminar, pero si hoy volviese a empezar y tuviera otra vez esa situación, hubiera contratado a la Fundación Sadosky, o a una universidad, porque hoy en el mercado de desarrolladores la competencia es infernal y eso enlentece la política pública.

No es que “me construís la política”, es "necesito este desarrollo tecnológico". Argentina tiene más de 50 universidades nacionales, yo no dudo en que el actor estratégico con el que puedo articular algún tipo de política es la universidad, nunca la consultora privada. Porque el dinero que yo le transfiera redunda en beneficio de esa comunidad universitaria y no en apropiación privada. Por ejemplo, el Plan de Capacitación Federal, un plan de capacitación y formación en gestión pública que construimos con todas las provincias. Llevamos la invitación para que todas las universidades nacionales que quisieran presentarse hagan propuestas, se presentaron 12 e hicimos convenios para que esas universidades se hagan cargo de ese proceso de capacitación. No voy a salir a contratar gente que quede estable para hacer capacitación, porque hoy necesito capacitar en esta área y mañana necesitaré en otra. Tengo un grupo estable en el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) que se ocupa de hacer los diseños, la organización y de revisar que esos contenidos estén en el formato necesario, pero hay que hacer una asociación estratégica con las universidades públicas. Lo que no estoy de acuerdo es en ese tipo de tercerización completa, ni hablar en el sector privado, pero ni siquiera en el caso de los docentes públicos.

APU: Y volviendo a lo complejo de construir acuerdos políticos para que una política pública tenga éxito, hay quienes plantean que cuando el estado es más autónomo de los sectores dominantes, más resistencias e intermediaciones dificultan la implementación de las políticas. Entonces, la primera pregunta es si coincidís con ese diagnóstico, y lo segundo qué se puede hacer para evitar que suceda.

AC: Me parece que los problemas de autonomización de las burocracias tienen que ver con otro fenómeno, más vinculado a la conducción política del estado. Las burocracias van a tender a autonomizarse porque persisten y los funcionarios pasamos, y está bien que sea así, porque el estado es el estado y el gobierno es el gobierno. En un régimen democrático los gobiernos se alternan, del mismo signo político o distinto, pero se alternan. Lo estatal no puede empezar de cero. En el sistema político argentino hay dos miradas bastante diversas sobre la sociedad, el modelo de desarrollo, la intervención estatal. Entonces cada vez que llega un gobierno hay una idea de que se cambia por completo. El gobierno anterior llevó eso al nivel de prescindir y desprenderse de parte de los trabajadores y trabajadoras que venían llevando adelante ciertas políticas y se despidió gente que incluso hacía muchos años que estaba en el estado.

Los que orientan el accionar de las burocracias son los funcionarios públicos, para que más allá de los niveles de autonomía que tengan las burocracias no se terminen de autonomizar. Si a vos se te autonomiza una burocracia el problema es la calidad de los funcionarios públicos, a quiénes, qué grado de idoneidad tienen, cómo organizan y cómo conciben su rol. Es lo mismo si te cooptan. Los procesos de cooptación y de colusión por parte de intereses privados suceden en todas las áreas del estado y en todos los niveles del estado. ¿Cuál es la principal malla de contención a eso? La decisión política, la transmisión de esa decisión y la construcción de las herramientas de prevención sobre todo el entramado de la burocracia. No veo tan claramente esa hipótesis, habría que explorarla mejor. Yo creo que hay procesos de autonomización de las burocracias de diversa magnitud en distintos gobiernos y que la explicación para eso hay que buscarla más en la calidad de los funcionarios y de la organización política del gobierno y la conducción.

APU: ¿Y cómo ves entonces ese proceso de incidencia de las élites sobre el estado, sobre los mecanismos de decisión pública en general?

AC: Eso es permanente desde la sociedad civil, de los distintos actores y no está ni bien ni mal. Lo que vos tenés que hacer desde acá es tener muy claro de qué lado del mostrador estás. Todo el tiempo, en todas las instancias que a mí me tocan de articulación pongo el énfasis en esa situación. Nosotros podemos coincidir en un montón de cosas con el interlocutor que tenemos de la sociedad civil en frente, pero tenemos que tener muy claro cuál es el rol que cumplimos. En mi caso es el de la defensa del estado "empleador", puede ser cualquier otra faceta, el estado regulador o lo que sea. Yo tengo que asumir la responsabilidad de este lado e interactúo con el otro, pero yo defiendo los intereses de la política de este gobierno, del estado, los recursos públicos y no habilito ningún tipo de acuerdo que perjudique esos recursos públicos.

Eso es la idoneidad y la integridad de los funcionarios. Desde la Secretaría tenemos un área de integridad y transparencia, trabajamos articuladamente tanto con la Oficina Anticorrupción como con la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) para velar porque existan mecanismos de prevención a los intentos de captura de la decisión pública por parte de los intereses privados. Una de las líneas estratégicas de capacitación, especialmente para mandos medios, tiene que ver con prevenir todo tipo de capturas o situaciones de conflicto de interés.

APU: ¿Y eso tiene que ver directamente con lo que se denomina como corrupción o es un fenómeno más amplio?

AC: Es un fenómeno mucho más amplio, la corrupción no existe ni siquiera tipificada como delito. El funcionario o incumple los deberes del funcionario o malversa fondos públicos. El tema es la influencia, y cómo la medís. Vos no cometés un delito si le pedís a una consultora que te diseñe la política, si una organización civil cualquiera te trae un proyecto y lo aplicás. Pero lo que uno tiene que mostrar es que aun cuando ahí no hubo un pago de un soborno, no te invitaron a ningún congreso, no hubo ningún regalo, puede haber un intento de captura de la decisión pública o de conflicto de interés. Por eso están los registros de audiencia, para que vos tengas transparentado con quién te estás reuniendo cuando no es otro funcionario. Yo por ejemplo en el Plan de Capacitación Federal me cuidé de que hubiera muchas universidades. Tengo que abrirle la posibilidad a todos y después elijo a los mejores. Eso no está prohibido, podría haber hecho el convenio exclusivamente con una de las universidades, pero eso está en el límite. Imagínate lo que es esto en situaciones con el sector privado.

APU: ¿Y qué rol creés que pueden ocupar los distintos procesos de participación de la sociedad civil a la hora de elaborar políticas públicas?

AC: El estado también es una maquinaria de hacer, no nos olvidemos que hay dos fases de la acción del estado. Entonces, no es que vos vas a estar llamando a consulta popular a todo el que quiera venir a opinar cada vez, porque viviríamos en una deliberación permanente y no se haría nada.

Hay una acción del estado que es la que diseñamos los funcionarios que tiene que ver con la orientación de las políticas públicas que fijamos como prioritarias, pero después hay otra cantidad de acciones del estado que son rutinarias en el sentido más estricto del término y para nada peyorativo. Son sustantivas. Si vos estableciste el derecho jubilatorio, bueno tramitar pensiones es un acto rutinario que el estado seguirá haciendo. Vos podés tener una orientación de política pública que diga "bueno, le voy a permitir a las madres que descuenten años por cantidad de hijos" como se hizo recientemente en el ANSES. Esa decisión te va a complejizar algunas de las rutinas, pero vos no dejás en ningún momento de seguir tramitando jubilaciones. Esa masa de acciones rutinarias tiene que seguir funcionando, no puede estar sujeto a deliberación.

Y después hay otra parte que es la que uno va implementando ante los problemas nuevos. Nosotros tuvimos que gestionar en pandemia con la administración pública en trabajo remoto en un 70%, o sea que hubo que hacer adecuación completa. Esa gestión de lo nuevo requiere procesos de participación pero acotados en el campo de actores necesarios para que esa política pública se construya de la mejor manera para que cumpla su objetivo. La efectividad de la política pública es la clave. Después por supuesto, busquemos la mejor relación costo/beneficio para llegar a ese objetivo, pero lo primero es que cumpla el objetivo. La definición del objetivo general lo tiene el funcionario público. En la construcción de ese objetivo uno tiene que ir escuchando a los actores involucrados para lograr la mejora, y entre los actores involucrados incluyo a los trabajadores de equipos técnicos. Hay mucha gente de 20 años de trayectoria dentro del estado que sabe un montón y que ningún funcionario podría hacer nada sin ellos, porque tienen un saber acumulado muy importante.

Y con los actores de afuera que son relevantes, por ejemplo los gremios, también tenemos ese diálogo permanentemente abierto, pero no para hacer lo que viene y pide. Vos recibís todo y de ahí hacés los análisis, jerarquizás, priorizás, decis “esto sí, esto no, esto de esta manera, busquemos criterios comunes”. Un proceso de negociación cooperativa es así. Entonces vos necesitás fortalecer esos procesos de negociación cooperativa con los actores de afuera. Hacia adentro la articulación, porque eso no es una negociación, es explicarle al otro qué y por qué lo estás haciendo, es escuchar las sugerencias para que eso salga mejor. Un ejemplo muy concreto de eso es una política que hicimos para fortalecer los recursos humanos del sistema científico-tecnológico, en los 17 organismos CyT que tiene el estado nacional, porque no es solamente el CONICET, y trabajamos codo a codo con el ex Ministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvarezza. Nos reunimos con los titulares de esos organismos y escuchándolos la idea original se fue transformando y se convirtió en otra cosa. Hay que invertir más en ese primer proceso de formulación para que ahí haya una etapa participativa, porque garantizás que en el proceso de implementación van a participar los actores que tienen que participar. Hoy los gremios nos acompañan en todos los procesos de concurso porque construimos la política de regularización de los cargos transitorios con ellos y ellos las sienten también, en parte, como propia.

APU: Hay quienes plantean que la planificación opera como un ansiolítico que calma a los funcionarios pero no sirve para gestionar ¿No te parece que en la gestión pública hay una cantidad de imprevistos y urgencias que hacen muy difícil guiarse a través de la planificación?

AC: No, la verdad no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay que caer ni en un extremo ni en el otro. Hay dos tiempos paralelos. Vos tenés las políticas estratégicas, en este caso de la Secretaría, hay cinco que van a ser la marca distintiva de la gestión: el plan de regularización del empleo público, el plan de fortalecimiento de los recursos humanos de CyT, el plan estado integrado, el plan federal de capacitación y formación y el plan de fortalecimiento de atención a la ciudadanía. Son cinco políticas estratégicas que se construyeron en el primer año de gestión aproximadamente, y van a llevar tiempo para su despliegue.

En la cabeza del funcionario tiene que estar la capacidad de ponerse en esos dos niveles de ritmo, garantizar que eso funcione. En el medio de eso hubo que atender la pandemia, explicame si hay algo más de gestión imprevista y cotidiana. No hay ningún manual de política pública que diga cómo se regula la circulación para los padres separados en una pandemia. Pero vos no sos un amo de llaves que estás acá para abarajar solamente lo que viene. Alguien dentro de cualquier ministerio tiene que trabajar cuáles son los ejes fundamentales para los 4 años de gestión en cada una de esas áreas y sostener eso. Tenés que tener trabajando siempre a los equipos en dos tiempos, a veces los dividís, entre un equipo que trabaja lo cotidiano y uno que trabaja lo estratégico.

De ninguna manera creo que podés venir a sentarte acá para planificar y pensar que porque planificaste hiciste, porque no, porque vos venís acá para producir políticas públicas que tengan efectos concretos. Si te quedás en el proyecto de investigación nada más no hay tesis. Bueno, si te quedás solo en la planificación no hay resultado de la política pública concreta, pero tampoco decir eso quiere decir "ah no, entonces no planifiquemos nada”. Además, si no hay planificación no hay seguimiento y evaluación posible. Por eso nosotros hicimos este sistema de información público que es el Mapa de la Acción Estatal, que le permite a cada jurisdicción establecer cuáles son los objetivos, los indicadores y hacer una evaluación vinculada con la ejecución presupuestaria, con la cantidad de dotación.

APU: El año pasado desde la UTEP y otros gremios se presentó el Plan de Desarrollo Humano Integral, un plan no elaborado desde el estado sino desde actores de la sociedad civil. ¿Qué opinión te merece y cómo pensás que puede incidir la participación popular en la construcción de la agenda y de las políticas públicas?

AC: En la agenda siempre puede incidir, porque el gran rol de las organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, la misma opinión pública, es incidir en la construcción de la agenda. Ponen temas que a veces no los tenés y los tenés que abordar. Las autoridades más involucradas con esa área tienen que trabajarla, tomarse el tiempo de escuchar, leer. De ahí a agarrarlo e implementarlo, eso es otra cuestión. Cada organización de la sociedad civil tiene intereses particulares, que desde ese interés particular se puede igual mirar el todo y eso está claro, pero el que está en el gobierno a cargo del estado transitoriamente, tiene que poder ver todo el tablero de intereses cruzados, qué se puede implementar, cuándo y cómo.

APU: Finalmente, en relación a tu producción académica. Durante el 2003-2015 hubo una apuesta por reformular el modo en que el estado incide en la economía y la sociedad. De un estado planificador del peronismo, se pasó en los noventa a un estado regulador y hay quienes promueven un estado empresario o productor. ¿Qué rol puede pensarse para el estado en el mundo actual en relación a las élites y los grupos empresariales que concentran tanto poder?

AC: Vos podés desplegar todas las facetas del estado: planificador, regulador, productor. El tema con el que yo insisto, y lo decía también en las clases cuando trabajabamos sociología del desarrollo, es que si la discusión va a ser solamente por la cantidad de incidencia del estado estamos mal. Porque si el estado crea y produce, se pone a producir bienes y crea empresas públicas y no construye capacidades intrínsecas, o sea cuestiones de la calidad estatal a la vez, para que esa gestión sea buena, lo que termina pasando es que todas esas cosas que vas creando terminan cooptadas con intereses cruzados, colusiones público-privadas de los proveedores, de distintos tipos de entidades de la sociedad de civil, de todo tipo. Está plagado de ejemplos. Mi tesis de doctorado fue sobre eso, sobre cómo hubo construcción de ámbitos privilegiados de acumulación.

Lo que tenemos que incorporar fuerte en la discusión, es que no es menor el cómo y con qué lo vas a llevar adelante, y que para eso hay que hacer una inversión pública fuerte en toda la mejora vinculada a las capacidades del estado. Que no es solamente mejorar los sueldos a los trabajadores, que por supuesto también. Se necesitan procesos de formación y capacitación muy fuertes, que se complementen con procedimientos revisados más eficaces, con tecnologías nuevas que se incorporen, con prevención de los conflictos de interés y la captura de la decisión pública, con mucha formación en integridad y transparencia. Por eso tiene que haber una Secretaría de función pública, más que un Ministerio de Modernización. La función pública es transversal, desde la Jefatura de Gabinete tenés que hacer esa tarea transversal de mejorar la calidad de la función pública. Lleva años. Uno tiene que dejar marcada una pauta de algunas líneas de las políticas estratégicas para que eso pueda continuar y haberlas construido de manera tal de que si no continúan, o que si el próximo funcionario no las quiere continuar, pague un costo político por no hacerlo, porque va a haber actores que le van a demandar que se sigan haciendo.