Equipos técnicos de hidrocarburos y minería del Partido Justicialista: "No hay transición energética sin minerales"

 

El dilema que enfrenta la humanidad es lograr que la indispensable transición energética no amplíe la brecha entre los países –la intensidad energética de los países pobres está por debajo de los países desarrollados– y que no amplíe la ganancia de quienes hoy tienen más a expensas de quienes menos tienen.

 

La transición energética consiste, resumidamente, en el proceso de cambio estructural de la matriz energética, por el cual se incorporan cuotas cada vez mayores de energía renovable o energías limpias en el marco de una transición a un desarrollo sostenible en general.

 

En la ciudad escocesa de Glasgow, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021 se realizó la llamada COP26  la cumbre internacional sobre el cambio climático. Entre otras cuestiones, se abordó la necesidad del cambio en las formas de producción y consumo de energía entre la actualidad y el año 2050 para la reducción de emisiones.

 

Esto se da en un contexto donde la agenda verde vuelve a tener relevancia en Estados Unidos con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca. El retorno al Acuerdo de París colocó a la transición energética en el centro de la agenda de reactivación económica del Partido Demócrata. En 2020 el presidente Xi Jinping anunció que la República Popular China alcanzará la neutralidad de carbono antes de 2060, lo que implica que las emisiones no superarán el CO2 que absorben los sumideros –por ejemplo, los bosques. Asimismo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó la Ley Climática Europea, que hace legalmente vinculantes los objetivos de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Además del objetivo de neutralidad climática y el objetivo ideal de que la Unión consiga emisiones negativas a partir de 2050, la Ley Europea del Clima establece un objeto vinculante para la Unión de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero –las emisiones una vez deducidas las absorciones– en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.

 

En el documento de posición de CEPAL (2020), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, se argumenta la necesidad de afrontar estas crisis simultáneamente, a partir de un nuevo modelo denominado “Gran Impulso para la Sostenibilidad”. El objetivo es producir un cambio interconectado hacia la construcción de un Estado de Bienestar, la reducción de las brechas tecnológicas, el traslado de la producción por un camino ambientalmente sostenible y la consecución de la igualdad social. La misma CEPAL ha identificado una serie de sectores fundamentales dentro de la región que aportarían empleo con menor daño ambiental, entre ellos se mencionan las energías renovables. Por lo tanto, para que el mundo logre sus objetivos climáticos, es necesario garantizar el suministro de minerales imprescindibles para la transición energética. Níquel, litio, plata, cobalto, manganeso y grafito brindan longevidad y eficacia a las baterías, los imanes para turbinas utilizan tierras raras –abundantes en la República Popular China–, las redes requieren cobre para la ampliación exponencial que se requerirá. “La transición a la sostenibilidad, para luchar contra el calentamiento global y la pobreza, impulsan el paso a sistemas basados en energías renovables. Los servicios energéticos constituyen un bien esencial para el bienestar de las poblaciones y un recurso estratégico para los países y sus territorios”.[2]

 

El peronismo tiene la obligación histórica de interpretar la realidad que nos interpela para hacer un mundo más sustentable y económicamente viable. Se trata de una tarea ardua, donde los viejos paradigmas deben ser repensados y las fuerzas vivas deben tomar las banderas antes de que sea tarde, pues la transición energética es el mayor desafío que enfrentamos y requiere tanto de la colaboración como de la acción de todos los sectores de la sociedad civil.

 

La demanda de minerales para la transición energética conlleva el planteamiento de cuestiones fundamentales, como son la disponibilidad y la seguridad en el suministro, la volatilidad de precios y –sobre todo– el cuidado del ambiente para evitar la vulneración de derechos humanos. Las provincias –como titulares de los recursos–, el Estado Nacional y todos los actores de la sociedad civil deben establecer un pacto mínimo de acuerdo para encarar los desafíos del siglo XXI.

 

Argentina ha dado pasos considerables hacia un modelo energético con menores emisiones de CO2 y un aumento de la participación de las energías renovables en la oferta general de fuentes energéticas a partir de la Ley Guinle de septiembre de 2015 (ley 27.191). Aprovechar el gas natural en distintos sectores y servicios desde mediados del siglo XX constituyó un avance en ese sentido. Su combustión contamina menos que la del petróleo, y se considera que su producción genera menos daños ambientales que la de carbón a cielo abierto. “La abundancia en recursos de gas no convencional fortalece su rol en la transición nacional e internacional. En energías renovables, el país posee experiencia diversa y promueve el salto a su incorporación a gran escala. Disponer de minerales energéticos la posicionan en un lugar estratégico privilegiado y los proyectos para su explotación también se multiplican” (Carrizo, 2019).

 

Es menester aclarar que arribar al “net-zero emissions” no significa la inexistencia de gases de efecto invernadero o de emisiones de metano, sino que, mediante la incorporación de captación de dióxido de carbono y su almacenamiento, los electrolizadores y el hidrógeno se podrá ir hacia la reducción en los valores comprometidos en Glasgow. Para eso la Argentina debe ir transitando esta senda. Eso implica grandes inversiones e incorporar tecnologías que aún no están suficientemente desarrolladas y que están fuera de la escala económica que pueda ser sustentable en la actualidad.

 

Ya desde su origen el peronismo tuvo una matriz productivista e industrial: los recursos naturales siempre han tenido un valor estratégico en la cosmovisión justicialista. Por ejemplo, el tercer párrafo del artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 prescribía lo siguiente: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

 

Los proyectos políticos tienen que fundamentarse en un marco teórico que oriente la acción y se nutra de ella. Si no hay un pensamiento que encuadre a la militancia, algún dispositivo de ideas ocupará su lugar: por ejemplo, algún ambientalismo pueril que tiene mucha prensa en estos días. El bloqueo conservador y cómodo a la simple exploración frente a las costas bonaerenses demuestra que estamos ante un debate extremadamente complejo y maniqueo.

 

Desde la doctrina justicialista, en el contexto de la Cumbre de Estocolmo del año 1972, en su Mensaje Ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo Juan Domingo Perón alertaba sobre este grave peligro, con capacidad de afectar a toda la humanidad y poner en riesgo su supervivencia, relacionado a la contaminación del medio ambiente: “La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna, y que la justicia social debe exigirse en la base de todo sistema, no solo para el beneficio directo de los hombres sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios; consecuentemente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que se trate. En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental”.

 

Los peronistas luchamos por un mundo más justo donde todas y todos tengan acceso a la educación, la salud y un trabajo digno con buenos salarios en términos universales, y donde haya trato igualitario entre naciones, con una visión social y de comunidad. Sabemos que para lograr estas condiciones para toda la sociedad debemos dejar de ser un país en vías de desarrollo y exportador de materias primas sin valor agregado, ya que esto nos condena a la pobreza y a altos índices de desocupación, informalidad y desigualdad.

 

Las estructuras institucionales, gubernamentales o no –por ejemplo, sindicatos y cámaras empresariales– son esenciales para la coordinación y la organización de los procesos venideros. Deben contribuir a orientar debates sinceros acerca de cómo podemos lograr un desarrollo sostenible, evitando caer en debates maniqueos acerca de “minería sí o no”, “producción sí o no”.

 

En la economía política interesa el conflicto frente a la escasez de recursos. Tanto a nivel interno como internacional, debido a esta escasez, hay y habrá ganadores y perdedores a la hora de tomar medidas de política económica. ¿Qué países comandarán la transición energética? ¿Quiénes quedarán a la cola del desarrollo? La gama de instrumentos de actuación política normalmente disponibles, y el tipo de resistencia social a esperar de cara a una política económica determinada, varían de acuerdo con las diferencias organizativas que afectan a la percepción de los costes y beneficios asociados con cada política económica. La transición energética y la salida de la pobreza son dos objetivos indispensables para el desarrollo sostenible. El peronismo debe encabezar el debate y participar en fijar un rumbo de crecimiento económico, social y ambientalmente tolerable.

 

Es ingenuo pensar que la transición al desarrollo sostenible estará exenta de problemas, pues inevitablemente habrá actores –e incluso países– que, si no logran adaptarse o reconvertirse, resultaron perdedores.

 

El peronismo debe apoyar las políticas que garanticen la seguridad y la independencia energética, así como aquellas que propendan a mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

 

No hay transición energética sin minerales. El desarrollo del gas no convencional, a partir de Vaca Muerta, y el apoyo creciente a las energías renovables contribuyen a diversificar la matriz, reducir las emisiones, promover la generación distribuida y hacer eficiente el sistema. En función de ello, nuestro desarrollo no debe atravesar por un periodo –que pasaron en Europa y Estados Unidos– de altos índices de contaminación y sobreexplotación de la clase obrera. Quien se considere peronista debe bregar por el cuidado de nuestros ríos, acuíferos, bosques y glaciares. Sin embargo, esto no implica impedir cualquier desarrollo, sino todo lo contrario. Estar en contra de la minería, de la energía nuclear, del desarrollo industrial o de la generación hidroeléctrica nos condenaría a ser un país exportador de materia prima sin valor agregado e importador de todo lo demás: eso que nos parece normal, pero que en realidad es resultado de agregar valor a productos primarios, tales como celulares, PC, televisores, cables, etcétera.

 

La puesta en valor del potencial existente a lo largo y ancho del país de los recursos mineros y energéticos resulta una oportunidad única para mitigar el cambio climático y luchar contra la pobreza. Nadie podría afirmar que Noruega no es un país cuidadoso del medio ambiente a pesar de que su economía y excelente estándar de vida se debe al desarrollo de la explotación offshore de los hidrocarburos de su plataforma marítima.

 

Hoy, estar en contra del desarrollo tecnológico vinculado a la energía nuclear, la minería o la hidroelectricidad es “oscurantista”, medieval. Perón decía que «lo único constante, permanente, es el cambio, la evolución». No podemos oponernos a ella. Debemos cabalgarla, y la montura para cabalgar la evolución son las doctrinas.

 

Tener una matriz equilibrada, cuidar el ambiente e incorporar valor agregado a nuestros productos primarios no son ni fueron nunca premisas contradictorias, salvo, claro está, para los ecologistas anti-ciencia. O para quienes piensan un país para pocos en una Patria dependiente y profundamente injusta.

 

Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es dónde nos encontraremos en una próxima revolución tecnológica –por ejemplo, a través de la economía del hidrógeno– que propiciará otro ciclo largo de crecimiento: soberanos –unidos– o dominados.

 

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[1] La sigla COP en inglés se refiere a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un reunión –normalmente anual– de casi 200 países.

 

[2] Carrizo S y otras (2019): “Transición energética en Argentina: Caleidoscopio de proyectos y transformaciones territoriales”. La Plata, XXI Jornadas de Geografía de la UNLP.