Javier Fernández Castro: "Durante el primer peronismo se invertía en vivienda el 5% del PBI; debemos volver a ese número"

Por Enrique de la Calle

AGENCIA PACO URONDO: La información que produce el propio Estado nacional, a través del INDEC, da cuenta de la dimensión de escala de la problemática del déficit habitacional. ¿Cuál es su visión sobre el problema que se enfrenta?

Javier Fernández Castro: Se trata de una problemática de larga data que podemos remontar, incluso, a la desaparición del Estado de bienestar y a las diversas crisis desde mediados de los años 50 hasta hoy. Pensemos que el primer peronismo dedicaba el 5% del PBI de aquel entonces al tema de vivienda y hábitat. Apenas estaba a la par del déficit habitacional que se producía por crecimiento demográfico. Esa cifra de inversión del 5% del PBI nunca volvió a ser retomada ni aun en las mejores épocas

APU: ¿Cuál era el porcentaje de PBI durante el kirchnerismo?

JFC: Con el kirchnerismo estábamos alrededor del 3,5% del PBI. De hecho es el período que le sigue al primer peronismo en inversión, no casualmente.

APU: La toma reciente en Guernica, Presidente Perón, expuso cuál es la situación de los más pobres en relación al acceso al suelo. ¿Qué puede hacerse?

JFC: En relación a los sectores populares, al no existir una política de suelos y de vivienda continuada respecto del Estado en las últimas décadas, la única posibilidad de acceso a la vivienda en lugares cercanos a la fuente de trabajo es la toma. En general, las políticas de Estado, últimamente, fueron detrás de este déficit para encontrar modos de resolverlo y articularlo a la estructura urbana una vez que el hecho estaba resuelto judicialmente.  No hubo una política de anticipación o planificación previa porque, aparte, estaba mal vista dentro del discurso neoliberal.

Estamos con un déficit muy importante que tenemos que remontar; poner los números al día es una situación ya bastante crítica. Esto implica, por un lado, una política de suelos y, por el otro, una política de intervención del Estado en la producción de hábitat, que también es necesario recuperar después de estos últimos cuatro años.

APU: En relación a la problemática habitacional, el Plan Procrear, que relanzó el Gobierno nacional, es una política que involucra un sorteo, lo que en sí mismo da cuenta de su insuficiencia. Los créditos se deben sortear porque la demanda es muy grande. 

JFC: El Plan Procrear está básicamente dirigido a sectores medios con un empleo estable, gracias al cual pueden acreditar ingresos y son sujetos de derecho.

APU: ¿Qué hay que tener en cuenta para desarrollar una política de escala?

JFC: Es necesario tener líneas de trabajo que incluyan un subsidio mayor al crédito para aquellos sectores asalariados no formales que no cumplen con los requisitos del Plan Procrear. Además, son necesarias otras líneas de subsidios plenos, directos y completos, dirigidos exclusivamente a sectores que no tienen posibilidades de repago por falta de trabajo. En ese sentido, hay que pensar las políticas como de hábitat y no solamente de vivienda, hay que trabajar cruzando otras variables. En este punto, la generación de emprendimientos productivos o la generación de calificación de la economía popular van acompañadas de políticas espaciales, de hábitat e infraestructura, para que la generación de hábitat tenga una sustentabilidad económica a largo plazo para las familias o núcleos de convivencia involucradas.

También conocemos un montón de experiencias fracasadas y revisadas donde el Estado ha invertido mucho dinero en infraestructura o en lo físico, pero una vez que terminó la obra se retira, y después la población, por las sucesivas crisis de empleo, no tiene cómo mantener ese patrimonio. Muchas de las políticas de los 60 y los 70 generaron grandes o medianos conjuntos habitacionales que fueron una inversión importantísima, pero hoy vuelven a ser parte del déficit, ya sea por problemáticas del proyecto o también por las sucesivas crisis que ocasionaron que la propia población no pudiera sostener esa vivienda.

APU: Algunos medios informaron que el trabajo realizado en RENABAP, en relación a los barrios informales, pasaba a depender del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Considera que es una medida apropiada sacar a ese programa del ministerio de Hábitat?

JF.C: Esta podría parecer una medida fuera de toda lógica, sin embargo hay un trabajo mancomunado entre todos los equipos de los dos ministerios. De hecho, hace poco participé de una reunión conjunta con la gente de RENABAP y de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), por lo cual todo esto tiene que ver más con una cuestión burocrática. En este momento, pasar de un ministerio como el nuestro, que es nuevo y tiene una serie de requisitos de armado, a depender del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una estructura aceitada y en funcionamiento, puede acelerar mucho los trabajos urgentes que ellos necesitan. De todas maneras, no hay una competencia de incumbencias, sino que hay un trabajo coordinado y solidario. Es más, nosotros siempre actuamos como un taller de proyectos que tiene adelante la SISU y lo vamos a seguir haciendo.

APU: ¿En qué está trabajando la Secretaría de Hábitat que usted conduce?

JFC: Desde la Secretaría de Hábitat tenemos tres grandes frentes de trabajo. Por un lado, una cantidad de obras que estuvieron paralizadas en todo el país durante el macrismo, que son alrededor de 15 mil viviendas. Respecto a ellas, están en distintos grados de avance: algunas con pocas cosas para terminar, mientras que otras estaban recién empezadas y no pudieron ser seguidas. Todo ese paquete implica un nivel de revisión económica y técnica de los proyectos que es una primera instancia de trabajo.

Un segundo frente tiene que ver con la emergencia, donde lanzamos un programa que se llama “Argentina construye” y tiene cuatro líneas de trabajo. Éstas están pensadas como obras capaces de ser abordadas durante el periodo de COVID-19, teniendo siempre en cuenta que no impliquen grandes concentraciones de gente por el tema del contagio y protocolos de trabajo. Son intervenciones para a construcción de viviendas en pequeños municipios, desarrollo de núcleos sanitarios y conexiones domiciliarias. Asimismo, incorporamos una línea de equipamientos públicos que son grandes edificios multifuncionales que pueden servir en la etapa de pandemia para aislamiento o desarrollo de programas sanitarios, y que una vez terminada la pandemia pueda ser recuperada por los barrios para cualquier actividad propuesta por ellos.

La tercera línea, que quizás es la más interesante, la estamos programando para la etapa pospandemia, y tiene relación con líneas de trabajo en la reurbanización de barrios, que es lo que estábamos planificando con la SISU. También tendremos un programa de rehabilitación de estos conjuntos urbanos que estaban degradados, y que es una línea que no se ha explorado prácticamente en Argentina y en la región.

Tenemos bastantes proyectos avanzados, sobre todo en provincia de Buenos aires, Córdoba y Santa Fe, con algunos casos testigo. Y, por otro lado, una línea de créditos ya no orientada a los sectores medios, sino a los trabajadores, con los sindicatos, las cooperativas y con las asociaciones civiles.

APU: ¿En el Proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso está incluida esas líneas de trabajo? ¿Con qué universo poblacional esperan trabajar?

JFC: Están incluidas en el Proyecto de ley del presupuesto, aunque todavía no fueron anunciadas oficialmente. Con respecto al universo al que estará dirigido, tenemos un trabajo muy fuerte con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que tiene un trabajo en todo el país sobre la acreditación de cooperativas tanto urbanas y rurales. Esto es algo que vale la pena mencionar, en particular el tema de vivienda rural, algo que pocas veces se ha atendido. Asimismo, esto también tiene que ver con el mandato presidencial de reequilibrio del territorio federal, de generar condiciones en cada una de las provincias para que las fuentes de trabajo eviten, en la medida de lo posible, la migración hacia los grandes centros urbanos.

APU: Actualmente venimos de un retroceso muy grande. ¿Cuánto se debería destinar del PBI hoy para empardar?

JFC: Idealmente, deberíamos volver al 5%, que es el porcentaje que nos permite el equilibrio. De todas maneras, no somos nosotros únicamente, también podemos hablar de porcentajes respecto al presupuesto educativo, lo mismo en salud y en todos los ámbitos. Creo que es un trabajo coordinado que va a llevar mucho tiempo y va a necesitar continuidad.

Como sabemos, las condiciones políticas de endeudamiento implican avanzar gradualmente, ajustando prioridades y entendiendo que los recursos son escasos y están disputados. Por ejemplo, en el tema de urbanización de barrios populares y en el trabajo conjunto que hacemos tanto nosotros como Desarrollo Social, incluso también el Ministerio de Obra Pública, a cargo de Katopodis, son trabajos coordinados que ya están como prioridad del Gabinete y del Presidente.

APU: Según RENABAP, ¿cuántos barrios están censados hoy? ¿En qué zona se encuentran?

JFC: Hay ​​4 mil barrios censados y mayoritariamente están en la provincia de Buenos Aires, casi el 50% en términos de población afectada. El resto está en las provincias de mayor población como Santa Fe, Córdoba y Misiones. Respecto al tema del tejido popular autoconstruido, que podemos llamar el hábitat popular, si hacemos un dato comparativo con la región, en Argentina ronda entre el 10 y el 12% en los casos más graves. En Brasil es el 50% y en comparación con la Venezuela pre Chávez era el 60%. Si bien el 10% es una escala importante de trabajo, es una escala bastante más abordable que en otros países de la región con problemas macroeconómicos similares. En ese sentido, tenemos una deuda comparativamente más factible de abordar.