¿Aislamiento social en tiempos de hacinamiento crítico?

Por Georgina Etulain*

Podemos decir que ante esta pandemia, “quedarse en casa” es un doble privilegio, primero, por las decisiones políticas adoptadas por el presidente Alberto Fernández, que priorizan el derecho a la vida, y, segundo, porque para “quedarse en casa”, hay que tener una vivienda, y si bien algunos la poseen, otros carecen de la misma, o viven en “condiciones de hacinamiento crítico”.   

Es posible decir que “quedarse en casa” puede ser visto como un privilegio gracias a las decisiones políticas tomadas por el nuevo gobierno argentino, ya que después de cuatro años de ausencia del estado, desprotección en derechos básicos de salud y caída brutal de la industria, volvemos a tener un Estado Presente, activo y promotor. A diferencia de otros países del mundo y de la región, ante el avance del Coronavirus, este gobierno propone el teletrabajo, haciendo las excepciones necesarias para no dejar de lado el desarrollo y el crecimiento del país. Entiende que el derecho a la vida, es un derecho inalienable, y fundamental, que está por encima de cualquier otro derecho, por tratarse de algo esencial en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.  

Asimismo, el hecho de “poder quedarse en casa”, aunque tendría que ser un derecho para todas las personas, lamentablemente, en este país, podría percibirse como un privilegio de clase. Para entender esto, es imprescindible tener en cuenta el informe “Indicadores de Condiciones de Vida de los Hogares en 31 Aglomerados Urbanos - Primer Semestre de 2019”, con los resultados de La Encuesta Permanente de Hogares  - EPH-  del Instituto Nacional de Estadística y Censos --INDEC. El estudio mencionado, ya afirmaba que para ese periodo, había más de un millón de personas viviendo en “condiciones de hacinamiento crítico”, esto significaba que, todas ellas, se encontraban en la circunstancia de convivir  “más de tres personas por cuarto”. 

Del mismo modo, este organismo, corroboraba que, 1.213.00 hogares, (12,9%), poseían un “saneamiento inadecuado”, careciendo de cloacas o baños, o compartiendo estos con otros hogares. En términos de población, para los 31 conglomerados urbanos, esto significaba que 4.336.000 personas (15,3%), se encontraban dentro de esta  categoría. El  órgano analizaba que, para este mismo lapso, 80,7% de los hogares y 76,6% de las personas habitaban en viviendas cuyos materiales poseían “calidad suficiente” y 12,6%, que equivalían a más de siete millones de  hogares,  se habían construido con materiales que poseían una “calidad parcialmente insuficiente”.

* Licenciada en Ciencias Políticas.