Conflictos de tierra en Bariloche: la diferente vara sobre los mapuches, las tomas "legales" y los negocios de Gaudio

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Conflictos de tierra en Bariloche: la diferente vara sobre los mapuches, las tomas "legales" y los negocios de Gaudio

07 Septiembre 2020

La Ley Nacional N° 26.737/11, establece un límite máximo del 15% por jurisdicción para la posesión o dominio de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras para todo el territorio nacional. Por su parte, el porcentaje de tierras extranjerizadas en la provincia de Río Negro ha descendido del 2,11% en 2016 al 1,81% en la actualidad según los datos provistos por en la web la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales (DNRNTR). En igual sentido, se registra un descenso en el departamento de Bariloche pasando del 21,6% al 13,6% en el mismo periodo de tiempo, lo que nos permitiría decir que se alcanzó dicho el objetivo.

 

Tierras totales (ha)

Tierras Extranjerizadas (ha) al 2016

Porcentaje al 2016

Tierras extranjerizadas (ha) al 2020

Porcentaje al 2020

Río Negro

17.679.594

372.245

2,11

320.030

1,81

Bariloche

169.391

36.609

21,61

23.051

13,61

Fuente: Datos provistos por la DNRNTR. Elaboración propia

Según los datos provistos por la Dirección Nacional, esta disminución corresponde a la aparente nacionalización de 13.500 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, la noticia circulada en diversos medios de comunicación sobre la adquisición en 2018 de 4.500 hectáreas cuyo dominio era nacional en favor de Baguales Acquisitions SA. empresa conformada por Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, de Doha, Qatar, y el tenista Gastón Norberto Gaudio iría en sentido contrario. ¿Estas tierras son contabilizadas como extranjeras o nacionales?

En la provincia de Río Negro, la empresa Baguales SA, junto con Río Villegas SA, Estancia Río Foyel SA, y diversos representantes individuales privados (como Gosse Hubert Marc Marie Henry Philippe) parecieran operar de manera coordinada en favor del Grupo Burco SA para la adquisición de tierras en la región. Ya en el año 2017, el diputado nacional por Río Negro Luis Bardeggia (FpV), inició una denuncia penal por la adjudicación directa de 24.543 hectáreas de tierra que, al cabo de poco tiempo y a través de empresas satélites, quedaron en manos del Grupo Burco SA. Por su parte, la periodista Susana Lara, extiende los lazos de este grupo con distintos operadores locales hasta alcanzar más de 36.000 hectáreas en el área del Cerro Carreras y las nacientes de cinco ríos (Alto Chubut, Pichi Leufu, Foyel, Villegas y Turbio).

Este Grupo dice liderar emprendimientos inmobiliarios y vacacionales de lujo en entornos naturales cuidadosamente preservados. Sin embargo, estos emprendimientos realizados a través de consorcios de empresas cuyos capitales son extranjeros pero operan a través de representantes locales, privatizan grandes extensiones de recursos naturales, lagos, ríos y montañas en zonas estratégicas como son zonas de fronteras o reservas naturales (fuente de la foto: Medio Extremo)

Solo a modo de ejemplo, si a estas 24.543 hectáreas denunciadas penalmente en 2017, le sumamos las 4.500 adquiridas en 2018 tenemos cerca de 29.000 hectáreas. Sin mencionar las tierras en manos de Van Ditmar (representante de Jose Lewis) ni las, al menos, 11.000 hectáreas declaradas en 2016 por la empresa Hidden Lake (propiedad de Lewis también). Todo esto nos haría dudar respecto del dato sobre la disminución en el porcentaje de tierras extranjerizadas citado al inicio de esta nota. Lamentablemente la información desagregada a nivel departamental o municipal sobre la situación dominial no es de libre acceso en la web de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales.

Por otra parte, también en 2017, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, compuesta por 50 familias entonces, llevó adelante una posesión de tierras y se asentó en una parcela de seis hectáreas en Villa Mascardi, cuya propiedad es de Parques Nacionales. Desde entonces, y según mencionan diversos medios masivos, dicha posesión se extendió hasta alcanzar 30 hectáreas en la zona. Este supuesto avance sobre “la propiedad privada y los recursos naturales” fue atendido en aquel momento, con una violenta represión la cual cobró la vida de Rafael Nahuel. Y el pasado domingo 30 de septiembre, con un “banderazo patriótico” en defensa de Villa Mascardi convocado por un grupo de vecinos, que en algunas pronunciaciones instaban al uso de la violencia. Entre sus reclamos se podía leer la libre circulación de la ruta nacional 40, la intervención de las fuerzas federales de seguridad para el desalojo de los intrusos y la posterior custodia efectiva del territorio de dominio público y privado, perteneciente a todos los habitantes de nuestro país y patrimonio de las generaciones presentes y futuras. Esta supuesta defensa, fue acompañada desde diversos medios de comunicación con notas donde se deslegitima la “toma” argumentando una falta de “mapucheidad” o pertenencia a los pueblos originarios, debido al aparente no reconocimiento de dicha comunidad por otras comunidades (como si esto significara algo distinto a una falta de conocimiento sobre la temática), y debido a su pasado urbano por residir en barrios periféricos de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Sin ejercer un juicio de valor respecto a la legitimidad del reclamo ni de la legalidad o no del accionar de las personas que la llevan adelante, y abogando por una pronta resolución pacífica de la problemática enmarcada en la justicia y los reconocimientos que las leyes y la constitución establecen; es importante señalar que, hasta el día de hoy, los intentos por resolverlo exhiben más una simplificación y deslegitimación externa, antes que la comprensión de lo que parece ser un reclamo por derechos negados sistemáticamente a pueblos originarios y a su vez, la visibilidad de una problemática vinculada a la habitabilidad en nuestra ciudad, antes que un avance sobre las reservas naturales y propiedad privada. Sea cual fuere el devenir de este caso puntual, es necesario reflexionar también, sobre lo contradictorio de este escenario. En 2017, una empresa internacional opera a través de diversas maniobras para apropiarse de grandes porciones de terreno nacional junto con sus recursos naturales y vulnera mediante diversas estrategias lo que establece la ley nacional. A su vez, un grupo de 50 familias con recursos económicos (y de poder) completamente menores ocupa una porción de tierra 10.000 veces más pequeña que la primera.

Sin embargo, parte de la sociedad barilochense y argentina se ve interpelada negativamente por algo que (quitando las cuestiones de su pertenencia o no al pueblo mapuche), pone de manifiesto la vulnerabilidad de distintos sectores sociales, las problemáticas respecto del acceso a la vivienda digna. Y si se quiere ir más allá, el camino que resta como sociedad para incorporar e incluir distintos colectivos, con sus saberes y creencias en nuestra comunidad. La misma sociedad que poco dijo o hizo para manifestarse en contra de una apropiación mayor del patrimonio natural y de la custodia de nuestro territorio estratégico. Se podría argumentar, que esto ocurre por falta de conocimiento. Tal vez, la visibilidad mediática sesgada en medio masivos y la utilización de empresas satélites, junto con operadores locales para este tipo de maniobras dificulta que la población no se haga eco de esto para reclamar al Estado. Sin embargo, la existencia del complejo Baguales y su adquisición fue ampliamente difundida incluso por el mismo gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

En la medida que, ambos procesos revisten problemas de legalidad, y el resultado es la apropiación del territorio en manos de “otros”. Entonces, ¿Lo que molesta y moviliza es cómo lo perdemos o quiénes son los otros?. Que los otros sean pueblos originarios o sean capitales internacionales. Que la forma de tomar posesión sea mediante compras fraudulentas de escritorio pagando sumas de dinero irrisorias por montañas y ríos o que en su lugar sea, un grupo de encapuchados accionen por sus propios medios luego de que el Estado y sus instituciones no pudieron o quisieron dar respuesta a sus reclamos. Finalmente, si el problema de fondo son las instituciones que no controlan o responden satisfactoriamente a estas problemáticas, la marcha patriótica, ¿no debería haber sido un reclamo al Estado por mejores respuestas antes que una demanda de desalojo?

* El autor es licenciado en Ciencia Política, becario doctorado Conicet. Contacto: gbarrios@unrn.edu.ar