Córdoba: una cooperativa denuncia que quieren desalojarla para hacer negocios inmobiliarios
Por Florencia Gordillo
La Cooperativa “Solares” nació en 1986 bajo la consigna “Tierra para vivir, tierra para producir”. Funciona en Villa Icho Cruz, una localidad ubicada en el departamento de Punilla, en Córdoba.
En 2013, hicieron una sentada pacífica para reclamar por la falta de vivienda, que terminó con heridos y 23 detenidos, entre ellos Juan Cochrane. Desde entonces no dejan de vivir entre allanamientos ilegales y trabas políticas para acceder a una casa digna. Actualmente, la cooperativa tiene 90 miembros imputados; el presidente tiene 10 causas abiertas por usurpación y por instigación a cometer ese delito.
Ahora, “Solares” debe enfrentar un nuevo trámite judicial. Esta vez, iniciado por la municipalidad de Icho Cruz: el mismo solicita la expropiación de un terreno adquirido por la Cooperativa para realizar proyectos sociales.
Desde “Solares”, en cambio, denuncian que detrás de la orden hay un acuerdo para avanzar con negocios inmobiliarios en la zona. “No nos perdonan porque hemos cagado un negocio multimillonario” dijo Juan Cochrane, presidente de la cooperativa.
Los hechos
En 1994, la cooperativa compró un lote al Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Sin embargo, la escrituración del predio se dilató hasta el año pasado. Pese a contar con toda la documentación en regla, la escribana que participó en el trámite les informó que había “recibido órdenes” de no avanzar con la escritura. “Del gobierno de la provincia bajaron la orden de no escriturar”, les dijeron por su parte desde el SEP.
Así las cosas, “Solares” decidió denunciar en la Justicia a la intendencia de Icho Cruz, encabezada por José Gava, por un “acuerdo transaccional con el abogado Bruno Vaccaro”. “El acuerdo tenía como objetivo que la municipalidad desistiera de juicios por tasa municipal a los titulares de 63 lotes a cambio de la dación en pago de 14 terrenos”, explicó el abogado Claudio Juárez Centeno. Dos de los 14 terrenos, están al lado de “Solares”. La Municipalidad justifica la expropiación argumentando que también necesita el terreno de la cooperativa para desarrollar el proyecto social, ya que allí hay un pozo de agua, que hoy está fuera de uso y contaminado.
“Venimos a denunciar que a esos terrenos la intendencia nunca los pudo haber comprado porque son terrenos que no tienen papeles ni escritura, no hay un titular por lo tanto el Estado no puede comprar posesiones. Dicen que quieren desarrollar un proyecto social donde nosotros ya estamos desarrollando uno: tenemos talleres textiles, fábricas que producen cámaras de tratamiento para líquidos cloacales, calefones solares y biodigestores. Generamos trabajo para 25 familias. ¿Qué más social que generar trabajo y una fuente de desarrollo?”, describió Cochrane.
Por su parte, Agustina Murcia, de la Confederación del Trabajo de la Economía Popular y la Comisión Provincial de Tierras, aseguró que “si la municipalidad quiere expropiar puede hacerlo, pero tienen que pagar por ese espacio, por lo que la cooperativa ha invertido y construido allí. Nosotros calculamos los costos en un millón y medio de pesos”. Murcia continuó: “No dijeron ni que obra van a hacer ni de dónde van a sacar el dinero para expropiar. No nos queda otra que pensar que esto responde a una persecución política, un amedrentamiento a la cooperativa, que hace las acciones que no hace la intendencia”.