"Hay más de un millón de hectáreas en manos de sociedades en paraísos fiscales"

Por Nicolás Adet Larcher 

A través del decreto 820/16, el gobierno de Mauricio Macri modificó la Ley de Tierras que había sido sancionada por el Congreso de la Nación en 2011 por amplia mayoría. En la apertura de sesiones ordinarias de ese año, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había mencionado la necesidad de dicha ley, que se terminó aprobando en la última sesión de diciembre por 62 votos a favor en senadores y 153 en diputados.

La Ley 26.737 establecía puntos esenciales para la preservación de los bienes naturales del territorio nacional. En primer lugar, marcaba una limitación clara para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, con un tope personal de 1000 hectáreas y la particularidad de que no se podían adquirir tierras rurales que contengan masas de agua de envergadura o permanentes. Durante la sesión de diputados, el PRO se había ausentado por estar en desacuerdo con la normativa. Las bancas vacías que resaltaron durante la votación fueron las de Gabriela Michetti, Laura Alonso, Federico Pinedo y Jorge Triaca.

Para la abogada Florencia Gómez, ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales y directora del Grupo de Apoyo de Acceso Jurídico por el Derecho a la Tierra (GAJAT), el decreto se presenta como "una excusa" para atraer inversiones, aunque el gobierno no aclara que de los "186 trámites que hubo respecto a la adquisición de tierras, el 93,6% fue aprobado mientras se rechazaron 12 solicitudes en los últimos años", siempre en el marco de la ley, con las limitaciones establecidas como el caso de un 30% de tope de adquisición de tierras para una misma nacionalidad.

En declaraciones a Radio Universidad de Santiago del Estero, Gómez expresó que lo "grave" de este nuevo decreto es que permite la "extranjerización a través de la compra de acciones societarias sin un control claro". Los extranjeros “podrían comprar acciones de empresas y de pronto adueñarse de una provincia, están levantando la vara y quitando limitaciones. El decreto avanza sobre el artículo 124 de la Constitución Nacional que dice que los recursos naturales son de las provincias”.

Para la abogada, el decreto va más allá de la mera adquisición de tierras: “Hay más de un millón de hectáreas en manos de sociedades en paraísos fiscales, el objetivo es seguir extranjerizando. Es el caso típico para poder esconder el capital a través de la compra de acciones en distintos inmuebles”. Actualmente, el 6% de las tierras de nuestro país están extranjerizadas y la idea del gobierno nacional es la de llegar hasta un 15% para recién observar si la ley puede modificarse o no en forma más detallada. Para la abogada, será difícil, “si abandonan los controles nunca se va a saber si se llega o no al 15%. Ese famoso 6% que parece poco, significan 16 millones de hectáreas, más que la superficie de Santiago del Estero”.

Llegar al 15% de tierras extranjerizadas implica otorgar 41 millones de hectáreas al capital financiero externo, lo que equivale a tres provincias.  Una de las voces disidentes sobre la medida fue la Federación Agraria (FFAA) que expresó a través de un comunicado de prensa “Una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”. Gómez remarca lo irregular del decreto y afirma “estamos analizando iniciar acciones por recursos de inconstitucionalidad, con recursos de amparo para suspender esta medida porque entendemos que hay afectación colectiva que afecta a todos los argentinos”.

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