Argentina: ¿La economía del sacrificio permanente?

El presidente Javier Milei cerró la 12° edición del Latam Economic Forum, donde defendió el rumbo económico de su gobierno, destacó la desaceleración de la inflación, la reducción del riesgo país y el equilibrio fiscal, y sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación impulsado por reformas estructurales, desregulación económica y apertura comercial. Durante su exposición cuestionó a la oposición y a la prensa, y aseguró que el país se encuentra ante una oportunidad histórica de crecimiento.

Fiel a su estilo moralizante y mesiánico, Milei, expresó una serie de frases dignas de analizar: “Argentina será investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad”; declaró que “El siguiente salto cualitativo es la liberación de los rendimientos crecientes mediante la desregulación”; y afirmó: “el Estado deja de ser un freno, las empresas escalan, la productividad sube y el crecimiento se acelera”. La articulación de estas definiciones condensa con claridad la lógica política que atraviesa esta etapa de motosierra recargada. Más que una exposición económica, su intervención constituyó una reafirmación del castigo que representa en la historia contemporánea del país.

Los datos macroeconómicos del propio INDEC y de organismos internacionales lo desmienten; si bien se observa un rebote sectorial tras la recesión previa, el acumulado de la producción industrial del primer trimestre de 2026 registró una caída del -2,3%, ubicándose todavía un 3,2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. La construcción requiere expandirse más de un 23% solo para recuperar el terreno perdido ante el freno de la obra pública.

En este marco, el presidente volvió a presentar a la libertad como el principio ordenador de la vida económica y social, cuando en realidad su plan demuestra que esa libertad es el motor cínico con el que su narrativa desplaza la discusión sobre el daño directo que produce en el pueblo hacia una dimensión moral donde desfinanciar y desregular se asocian automáticamente con emancipación.

Esta supuesta emancipación choca de frente con la inercia inflacionaria, porque la inflación acumulada del primer cuatrimestre de 2026 trepó al 12,3%, y quebró en apenas cuatro meses la proyección oficial del 10,1% que el propio Poder Ejecutivo había fijado en la Ley de Presupuesto para todo el año.

Para el libertario la grave situación que atraviesan los jubilados, los trabajadores, las PyMES, las universidades, los hospitales y los sectores medios no son consecuencias problemáticas de sus decisiones sino sacrificios inevitables dentro de un camino de recuperación económica, cuando en realidad es la prueba de que administra un dolor social a estas alturas ya insostenible. Las estadísticas así lo indican, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, las consultoras estiman la tasa de desocupación en un 7,7% para el primer trimestre del año, y  evidencia que el crecimiento financiero actual se apalanca en la productividad primaria pero mantiene muestra una reducción en el empleo registrado y en los sueldos del sector privado.

La insistencia sobre el RIGI, el futuro Súper RIGI y la eliminación permanente de regulaciones confirma que el Gobierno concibe al Estado como un obstáculo cuya reducción lo convierte en una identidad política que acelera la descomposición selectiva del Estado. Esta realidad se constata en que las transferencias monetarias directas se mantuvieron o crecieron de forma discrecional, mientras los presupuestos universitarios, científicos y sanitarios perdieron un 45,6%, 48% y 22,1% en términos reales. A este ahogo presupuestario se suma la situación extrema de las personas con discapacidad que bajo el argumento de auditar irregularidades despojaron de cobertura al 15% de los beneficiarios.

Mientras Milei exhibe la caída de la inflación, el superávit fiscal y el riesgo país como pruebas irrefutables de su éxito, lo que realmente se nota es un simulacro de buen gobierno. Las condiciones de vida del ciudadano de a pie empeoraron y esto se refleja de manera notable en el día a día, con alquileres impagables, sueldos de miseria, un transporte público cada vez más caro —con aumentos del 4,4% en transporte y del 3,5% en servicios esenciales como agua, gas y electricidad debido a la quita de subsidios que empujan la inflación interanual al 32,4%— y, con más fuerza que nunca, en lo inaccesible de la salud y la mala alimentación de los argentinos. El consumo interno minorista convalida este escenario ya que las mediciones del INDEC reflejan una caída interanual del -5,1% en las ventas de supermercados, una baja del -7,2% en autoservicios mayoristas y un desplome del -13,3% en centros de compras.

Lo paradójico de la situación reside en el apoyo de sectores que sufren las consecuencias más duras del ajuste, lo que revela una capitulación cívica gradual donde el deterioro económico y social deja de operar como un cuestionamiento al modelo para convertirse en una confirmación de su necesidad. La pérdida de poder adquisitivo, de derechos y el empeoramiento de las condiciones de vida son incorporados al sentido común como sacrificios inevitables dentro de una promesa de un mejor futuro y transforma la evidencia del daño en un mecanismo de reafirmación política.

*Autor de "La descomposición de un Estado Argentina 2023-2025" (Enricci S. 2026) catalogado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)