Cooperativas y empresas recuperadas: el 90% ya volvió a trabajar pero en un contexto muy difícil y con poco apoyo estatal

Por Juan Cruz Guido y Enrique de la Calle

¿Cuál es la realidad de las cooperativas de trabajo y de las empresas recuperadas? Un informe del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) con la Comisión Técnica de Empresas Recuperadas, y la Universidad Nacional Arturo Jauretche intentó responder a esa pregunta (ver informe completo). 

“La crisis económica mundial provocada por la pandemia del Covid-19 ha impactado fuertemente a la economía argentina, ya profundamente golpeada por las políticas neoliberales llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri. Sus consecuencias sobre el conjunto de las actividades económicas son notorias, como lo demuestran los indicadores de caída del PBI, aumento de la pobreza y el desempleo o el descenso de la actividad productiva, entre otros, provocando la necesidad de responder mediante distintas herramientas de política pública para sostener a las unidades productivas y las fuentes de trabajo”, describieron en la introducción al trabajo. 

La encuesta incluyó a 195 cooperativas de trabajo, que emplean a un conjunto de más de 6.000 trabajadores y trabajadoras de 18 provincias del país más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellas, se destacan 139 empresas recuperadas por sus trabajadores. La muestra refleja la preponderancia de cuatro sectores hegemónicos que explican el 45 por ciento de los casos: Alimentación (26), Metalurgia (21), Textil (22) y Gráfica (19).

Según el estudio, el 87 % de las cooperativas de trabajo se encontraban en actividad para octubre de 2020. Sin embargo, la mayoría no logra recuperar el nivel de ingresos ni la producción previos al coronavirus y a la crisis que les causó el ajuste macrista. "Ya antes de la pandemia (los ingresos) venían menguados por los efectos de las políticas neoliberales y la crisis dejada por el gobierno anterior. Esta situación ha impulsado el reclamo de la inclusión efectiva del sector en las medidas de asistencia implementadas por el gobierno nacional para contener los efectos socioeconómicos de la crisis", describieron. 

Sin embargo, el sector tiene problemas para acceder a programas estatales o líneas de créditos por cuestiones jurídicas. Es un desafío que todavía la política pública no ha podido resolver. "La implementación de las medidas de asistencia encontró dificultades para llegar al sector del trabajo autogestionado, debido principalmente a las limitaciones resultantes de la forma jurídica de la cooperativa de trabajo", insistieron los autores del informe. 

"La constatación de las enormes dificultades para acceder a las herramientas pensadas con lógica económica y productiva (ATP, créditos bancarios), las complicaciones de los propios organismos públicos para habilitar sus políticas a las cooperativas (incluyendo la Línea 1 del PTA) o las limitaciones de los órganos específicos como el INAES, que todavía no se constituye como una institución central para canalizar las políticas destinadas al sector que regula y fiscaliza", insistieron.